|
La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por
decenas de organizaciones nacionales, comenzó el 31
de enero una fuerte protesta para exigir al gobierno
el respeto de un acuerdo que prevé
la
cancelación de todas las concesiones otorgadas y
vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la
exploración y explotación de los recursos minerales
y la construcción de proyectos hidroeléctricos
dentro de su comarca.
Pese al acuerdo alcanzado, el Ministro de Comercio e
Industria hizo modificaciones al texto acordado y la
Asamblea Nacional eliminó el artículo 5 del Código
de Minería que regulaba estos aspectos,
desencadenando la reacción de las comunidades
indígenas y el inicio de varias acciones de
protestas y tomas de carreteras.
La
Comarca
Ngäbe-Buglé
ha estado en la mira de varias empresas
transnacionales1
y del gobierno, de manera particular, por el
yacimiento cuprífero del Cerro Colorado -una reserva
de cobre estimada en 17.5 millones de kilogramos
valorizado en casi 150 mil millones de dólares- y
por la construcción de importantes proyectos
hidroeléctricos.
La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un
acuerdo definitivo quedó finalmente demostrada el
pasado 5 de febrero cuando, en lugar de reunirse con
las comunidades indígenas para buscar una salida
negociada al conflicto, prefirió lanzar los
cuerpos especiales de la Policía contra los
manifestantes en San Félix, Chiriquí.
| |
|
| |
Igual que en 2010, cuando el gobierno de
Martinelli reprimió sin piedad a los
trabajadores bananeros en Changuinola,
Bocas del Toro, las fuerzas policiales
atacaron con perdigones, balas vivas y
gas lacrimógena, dejando un saldo de dos
muertos -Jerónimo
Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y
decenas de heridos y detenidos. |
| |
|
Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli
reprimió sin piedad a los trabajadores bananeros en
Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas policiales
atacaron con perdigones, balas vivas y gas
lacrimógeno, dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo
Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y decenas de
heridos y detenidos.
“La
represión fue preparada muy bien por el gobierno.
Dos días antes cortaron las comunicaciones en la
zona de la protesta, cercaron a los manifestantes y
no se permitió la entrada de alimentos y agua.
Hasta se
lanzó una campaña mediática para criminalizar la
protesta, aduciendo que habían secuestrado a algunos
turistas. Finalmente atacaron y asesinaron”, dijo a
Sirel, Alejandro John, secretario
general del
Sindicato Industrial de Trabajadores de la
Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).
El dirigente informó que su Sindicato respalda la
protesta de la comunidad
Ngäbe-Buglé
frente a la Asamblea Nacional y
que va a participar en las movilizaciones previstas
para los próximos días.
“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo,
apoyamos la lucha contra la explotación minera,
exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el
Código Minero y el cese inmediato de la represión.
Parece que la trágica experiencia de Changuinola no
les ha enseñado nada. Sigue siendo un gobierno de
empresarios sin escrúpulos, que sólo piensan en
acumular capitales y que no escuchan al pueblo”,
afirmó John.
También
para Genaro Benett, secretario general del
Sindicato de Trabajadores de la Industria del
Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA),
la situación es grave y merece de toda la atención y
la denuncia internacional.
“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El
95 por ciento de nuestros afiliados son indígenas y
ya hemos iniciado un paro de brazos caídos en
respaldo a la lucha de la Comarca
Ngäbe-Buglé.
Ha sido
una represión salvaje sin mostrar interés alguno por
la vida de las personas. Vamos a sumarnos a la gran
movilización nacional de mañana, 8 de febrero.
Ahí
-continuó el dirigente bananero- vamos a decidir de
qué manera continuamos con nuestro respaldo a una
lucha que se ha extendido por todo el país, y que
debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró
Benett.
Mientras
la noticia de la represión recorre el mundo, una
amplia coalición de organizaciones panameñas exigió
al gobierno de Martinelli cumplir con la
Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras
comarcales y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales.
|
