Tal vez sea por efecto de una mayor sensibilidad de los consumidores -impactados en su momento por las investigaciones de otra ONG (Global Witness) en torno a los "diamantes ensangrentados" que alimentan mortíferos conflictos en África, como los de Sierra Leona o Angola-, pero lo cierto es que hoy se plantean cada vez más requisitos éticos frente a lo que consideramos como "símbolos del amor eterno".

Los diamantes manchados de sangre y el oro asociado al deterioro ecológico y a graves violaciones de los derechos humanos constituyen apenas dos caras del mismo fenómeno, mostrando el alto costo social de los artículos de lujo, a los que los expertos en marketing trataron de vincular con conceptos como la "durabilidad" y la "pureza"... y el tiro les está saliendo por la culata.

La campaña "No Dirty Gold" (No al oro sucio) lanzada recientemente por la sección estadounidense de Oxfam busca sacudir los cimientos mismos de la minería de oro, que destaca entre las industrias extractivas de por sí contaminantes por su alto costo medioambiental: basta con saber que para fabricar un solo anillo de oro de 18 quilates se generan ¡20 toneladas de desechos!

A ello se añade el daño de las aguas subterráneas, los ríos cercanos, zonas marinas de alta biodiversidad, debido a la presencia de sustancias extraordinariamente dañinas en su proceso tecnológico, como es el caso del ácido sulfúrico que libera de las rocas elementos peligrosos para la salud, como el arsénico, el cadmio, el mercurio o el plomo.

En numerosas zonas de minería de oro intensiva las aguas subterráneas muestran índices de acidez más altos que el ácido de baterías, constituyendo un peligro de contaminación prácticamente imposible de erradicar por muchas generaciones.

Uno de los desastres ecológicos más graves de los últimos años en América Latina ocurrió en 1995, cuando 3 mil millones de litros cúbicos de aguas contaminadas fueron vertidos al río Omai, en Guyana, tributario del Esequibo, principal vía fluvial de ese país. Según primeros reportes, el contenido de cianuro de las aguas del Omai sobrepasaba 140 veces el límite considerado como letal por la Agencia estadounidense para la Protección Medioambiental (EPA).

Tampoco otras zonas del mundo escapan de los efectos desastrosos de los métodos empleados en esa industria. Ejemplo de ello es el Ok Tedi River, de Papua Nueva Guinea, donde la empresa Broken Hill Properties en su mina de oro y cobre vierte diariamente 80 toneladas de desechos sólidos. Un estudio financiado por la propia industria afirma que si el vertido continúa al mismo ritmo, para 2010 -año del cierre previsto- el sedimento en el río alcanzará 1.072 millones de toneladas, ¡equivalente al peso de 4.712 edificios idénticos al Empire State Building!

Además de los daños ecológicos, la minería de oro provoca también graves violaciones de los derechos humanos mediante desplazamientos forzados de las poblaciones para asegurar la explotación, generando cada vez mayores protestas

Entre los casos más recientes se destaca el de la mina Yanacocha, de Perú, operada por la empresa estadounidense Newmont Mining Company, la segunda mina de oro más grande del mundo, superada sólo por la Grasberg Mine de Indonesia. Para maximizar la producción, la compañía pretende expandir sus actividades a la vecina montaña Qilish, con el riesgo de contaminar sus acuíferos que aseguran el abastecimiento de agua potable de unas cien mil personas de la zona de Cajamarca.

Otro ejemplo elocuente, del mismo país, es el de la mina de Tambogrande, en el valle de San Lorenzo, una próspera zona de fruticultura que produce casi la mitad de los cítricos del Perú. En 1999 la compañía canadiense Maniatan Minerals propuso demoler la ciudad entera, relocalizando la mitad de la población para crear una mina a cielo abierto en su lugar.

En un referéndum -no vinculante- celebrado en junio de 2002, un 93% de los votantes se opuso al proyecto y tras múltiples protestas, en diciembre de 2003, el gobierno de Perú rechazó formalmente la propuesta por falta de estudios de viabilidad ecológica, gracias a la presión de los grupos ambientalistas. Con ello, sin embargo, difícilmente se puede dar por zanjado este conflicto, ya que los enormes beneficios de la industria seguramente generarán nuevos planes para apoderarse de la zona.

Tampoco las áreas bajo protección escapan a los intentos de extracción de oro, como es el caso de Esquel, una población argentina de la Patagonia, de unos 30 mil habitantes, donde la compañía estadounidense-canadiense Meridian Gold busca abrir una mina a cielo abierto, en una zona de ecoturismo, el Parque Nacional "Los Alerces", famoso por sus coníferos de más de dos mil años, y donde hace pocas semanas un 88% de la población votó en contra de este proyecto.

Todo ello ensombrece el resplandor de nuestras joyas y hace menos creíbles los eslóganes publicitarios que tanto influyen no sólo en nuestros hábitos de compra sino también en los valores de muchas personas. Por suerte, y gracias a este tipo de campañas, su brillo ya no causa tanta ceguera como antes.

Edith Papp

Agencia de Información Solidaria (AIS)

31 marzo de 2004