El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, informó este lunes que presentará la denuncia el 19 de septiembre próximo en Washington, sede de la CIDH, ya que aplazó una semana su viaje a la capital estadounidense.

Busti, quien no explicó los motivos del cambio de su agenda, señaló a periodistas que aprovechará su viaje para reclamar que se congelen los préstamos que las empresas papeleras han gestionado ante el Banco Mundial.

En este sentido, explicó que pedirá la intervención del "ombudsman" (defensor del pueblo) del organismo financiero para que "se frenen" los préstamos a las papeleras española ENCE y finlandesa Botnia, que levantan sendas plantas en las afueras de Fray Bentos, ciudad uruguaya vecina a la entrerriana de Gualeguaychú.

Las plantas se construyen sobre la ribera del río Uruguay, que marca la frontera con Argentina, en medio de las protestas de la población de Gualeguaychú y a pesar de que el Gobierno de Buenos Aires ha pedido que se suspendan los trabajos hasta que una comisión bilateral concluya estudios sobre el impacto ambiental.

La semana pasada, Busti anunció que denunciará ante la CIDH la violación de "principios establecidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, fundamentalmente en contra de los entrerrianos radicados en la ribera del río Uruguay".

El gobernador de Entre Ríos fundamentará su reclamación "en defensa de la vida, la salud y en rechazo a la alteración del ecosistema", por lo que solicitará que la CIDH envíe una comisión para elaborar un estudio independiente del impacto ambiental que tendría la habilitación de las plantas.

Indicó que también insistirá en la necesidad de preservar el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo, que abarca a territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los miembros del Mercosur.

El proyecto de las papeleras Botnia y ENCE supone inversiones por al menos 1.800 millones de dólares, las más altas en la historia de Uruguay, cuyas autoridades le han dado un pleno respaldo y aseguran que se cumplirán los más estrictos controles medioambientales.

Sin embargo, asociaciones de ecologistas de ambos países han rechazado el proyecto por considerar que causará graves daños al medio ambiente, sobre todo en la cuenca del río Uruguay.

El canciller argentino, Rafael Bielsa, aseguró la semana pasada que el problema de las papeleras es una "cuestión nacional".

EFE

6 de setiembre de 2005