La deforestación progresiva de los bosques nativos y de las áreas silvestres protegidas, así como el avance de la producción de soja transgénica y el uso indiscriminado de agrotóxicos son los problemas ambientales más graves que afronta Paraguay, destaca un informe del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).

En su balance 2004, la organización no gubernamental destaca también que se registraron hechos positivos. Subraya en ese sentido la sanción de la ley 2524/04 de Deforestación Cero, que propicia la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos en la región oriental del país, amenazados por los explotadores de madera y los productores sojeros, así como la decisión de la Secretaría del Ambiente (SEAM) de suspender por un año la emisión de permisos de exportación y guías de traslados comerciales de la vida silvestre.

Pero sin duda una de las grandes victorias en material ambiental y en derechos humanos registradas en 2004 se dio en el plano judicial, cuando luego de casi seis años de lucha los pobladores de la localidad de Rincón’í ganaron el juicio que habían entablado en 1999 contra la transnacional Delta&Pine. Esa empresa fue encontrada responsable de haber arrojado más de 600 toneladas de semillas vencidas en un predio de este pequeño poblado localizado en el departamento de Paraguari, hecho que produjo la mayor catástrofe ambiental conocida en la historia nacional.

Nery Guzmán Rivas, asesor de Delta&Pine en Paraguay, fue condenado a dos años de prisión como responsable directo del hecho, mientras Julio César Chávez, propietario del predio en donde fueron depositados los desechos, recibió una sanción de un año y tres meses en tanto cómplice por el delito de contaminación. La pena de prisión quedó suspendida por el lapso de tres años a prueba.

Por otra parte, la familia de Silvino Talavera, un niño de 11 años muerto en el departamento de Itapúa a causa de la fumigación de un campo de soja, ganó el juicio que emprendió contra productores alemanes encontrados responsables de ese hecho. El chico había sido literalmente fumigado cuando pasaba a metros de la plantación perteneciente a esos productores. Luego de unos días, Silvino enfermó y finalmente murió. Su familia ganó el juicio oral en primera instancia y los productores fueron condenados a pagar unos 8 mil dólares para evitar cumplir penas carcelarias de entre uno y dos años. Aunque la suma resulta irrisoria vista la gravedad del caso, se trató del primer juicio de esta naturaleza en que los causantes del daño resultaron condenados.

Sin embargo, estos logros siguen siendo opacados por las continuas extracciones descontroladas e ilegales de rollos de los parques nacionales y de los bosques nativos, así como por los constantes accidentes con agroquímicos debido a la fumigación irracional de la soja o por la falta de control en el transporte de estos elementos, muchos de ellos altamente tóxicos para la salud humana.

Según el documento del CIPAE, investigadores de la unidad penal ambiental del SEAM corroboraron la gigantesca devastación de bosques y tráfico de rollos en las propiedades de Ible Paraguaya pertenecientes a una familia brasileña. En el lugar se habrían depredado más de 20 mil hectáreas de bosques.

Entre 2002 y 2004 se han perdido en promedio 130 mil hectáreas de bosques anuales. El proceso de deforestación se incrementó desde 1989, llegando a 300 mil hectáreas en un solo año.

"El contrabando de productos forestales al Brasil puede durar cuanto menos unas horas de viaje, pero los rollos de las especies nativas llevan de 40 a 80 años de desarrollo”, señala el documento.

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El tráfico ilegal de rollos de madera sigue siendo una constante, ante la “vista gorda” de los funcionarios de los entes encargados de controlar esa comercio, subraya el documento. En un caso ventilado a fines de marzo último en la Reserva Ecológica Capiibary estaban involucrados militares, según denunció la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. Otros uniformados, al igual que algunos grupos campesinos, habrían sido a su vez responsables de la deforestación de 3.307 hectáreas del área boscosa de la misma reserva.

Autoridades encargadas de impedir el tráfico ilegal de especies vegetales aparecen sin embargo involucradas en el mismo.

Sólo en el departamento de Boquerón, en la región occidental del país, la tala ilegal mueve unos 6 millones de dólares por año, sin tener en cuenta la masiva explotación de la madera en el departamento del Alto Paraguay ni las exportaciones.

En la misma época en que se dieron a conocer estas denuncias, la Federación Paraguaya de Madereros dio cuenta de que en 2003 Paraguay importó madera por casi 12 millones de dólares. Este país, "tradicionalmente reconocido por la producción y procesamiento de madera, ahora debe recurrir a la importación de ese producto para abastecer a las industrias locales”, expresa el informe del CIPAE. Este hecho refleja, una vez más, la salvaje y descontrolada depredación de los bosques nativos, a tal punto que ni siquiera resta madera para el consumo interno, indica el texto.

El Informe 2004 hace también referencia a la situación del Acuífero Guaraní, uno de los tres más grandes del planeta y sobre el cual Paraguay sostiene que no es patrimonio de la humanidad sino de los países que abarca el reservorio (los cuatro integrantes del Mercosur). El CIPAE destaca que en 2004 cinco localidades del departamento de Itapúa se comprometieron, a instancias de la SEAM, a implementar un proyecto piloto de protección ambiental y desarrollo sostenible del suelo del área donde se encuentra el acuífero. Estas localidades están ubicadas en una zona netamente agrícola-ganadera, de alto impacto ambiental por el cambio de uso de suelo.

“Las poblaciones y autoridades locales del área del Acuífero Guaraní deben entender la importancia del cuidado de dicha reserva subterránea de agua, que está actualmente amenazada por el fantasma de la deforestación, un factor que podría llegar a ocasionar un grave daño a la calidad del agua subterránea”, indicó el ingeniero uruguayo Daniel García Segredo, coordinador del proyecto Acuífero Guaraní a su paso por Asunción. El uso indiscriminado de agrotóxicos es otro factor que podría afectar seriamente a esa reserva, señaló.

La liberación de la soja transgénica, una medida que está a estudio del Ministerio de Agricultura de Paraguay, fue también centro del interés del informe del CIPAE. Entidades ambientalistas se oponen a ese proyecto, por los peligros que puede acarrear esa producción a la salud humana, tal como lo advirtió el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente al destacar que los genes modificados pueden pasar descontrolada-mente de una especie a otra. Esas asociaciones pidieron mantener la prohibi-ción en el país de la soja genéticamente modificada y el etiquetado obligatorio de alimentos elaborados con productos transgénicos.Sin embargo, el 80 por ciento de los cultivos de la oleaginosa en Paraguay ya es transgénica. Las presiones ejercidas sobre el gobierno por los productores sojeros y por transnacionales como la Monsanto hacen temer que esa proporción aumente en los próximos tiempos.

El uso desmedido de agrotóxicos ha producido en 2004 serios estragos tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de los agricultores que sufren la condena de deber convivir con las extensas plantaciones de soja transgénica existentes en todo el país. A principios del año pasado, dos campesinos murieron en enfrentamientos con la policía cuando intentaban impedir la fumigación de un campo de soja perteneciente a un productor brasileño en la colonia de Ypekua, en el departamento de Caaguazú. 

A su vez , el 11 de noviembre último el vuelco de un camión que circulaba a gran velocidad con 21 mil litros de agroquímicos fosforados por poco causa una catástrofe ecológica en plena zona urbana y comercial de la ciudad de Capiatá, en el departamento Central. El líquido derramado (unos 600 litros) habría ido a parar al arroyo Capiatá, que alimenta el lago Ypacarai.

La peligrosa carga iba transportada sin ningún tipo de medida de seguridad ni control. Los agrotóxicos en cuestión, de origen chino y que están prohibidos en diversos países, entre ellos Brasil, todavía se utilizan en Paraguay.

“Los pesticidas órgano-fosforados que se esparcieron son absorbidos por el cuerpo humano por todas las vías y especialmente a través de la inhalación. Incluso se consideran sustancias cancerígenas a largo plazo”, destaca el informe del CIPAE. 

En otro orden, el documento indica que, como parte de los esfuerzos realizados para combatir el contrabando de especies protegidas, a fines de marzo unas 5.100 ranas de tres especies chaqueñas fueron incautadas por la SEAM en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi cuando estaban a punto de ser embarcadas hacia Estados Unidos, donde iban a ser comercializadas como mascotas.

En diversas intervenciones, la SEAM y la Fiscalía del Ambiente decomisaron asimismo al menos 55 mil pieles de animales silvestres, cuyo valor superaría los 2 millones de dólares. Se trató de la incautación más grande de pieles silvestres realizada en el país.

También en 2004, el fiscal del Medio Ambiente, Ricardo Mello Faella, constató que la mayoría de los propietarios de terrenos que lindan con el lago Ypacarai habían alambrado la zona de las playas, que forman parte de la franja costera de dominio público. En algunos casos, los alambrados llegaban hasta las aguas.

La Fiscalía del Medio Ambiente comprobó por su lado el daño ecológico ocasionado al arroyo Naranjo por parte de propietarios de terrenos ribereños que represaron parte de las aguas para uso particular.

En Asunción, Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

27 de enero de 2005