Más del 67% de los campesinos que trabajan en el
plátano en Nicaragua tiene problemas de esterilidad
debido a los productos agroquímicos utilizados. Las
mujeres sufren abortos y cáncer de útero y de mama.
Estos productos ya han causado más víctimas que los
huracanes.
Más de 6.000 campesinos del sector bananero permanecen
acampados ante la Asamblea Nacional de Managua.
Reclaman al Gobierno del presidente Bolaños
indemnizaciones por las graves secuelas en su salud
producidas por el pesticida Nemagón, utilizado
indiscriminadamente por las multinacionales para
fumigar los latifundios bananeros.
Durante siglos los campesinos alternaban sus cultivos
porque sabían que la tierra se fatiga y que de esa
forma se evitaban las plagas que brotan como pestes en
las amplias extensiones dedicadas a los monocultivos.
Los campesinos que permanecieron al servicio de las
enormes extensiones propiedad de las multinacionales,
que antes les habían sido expropiadas, padecieron los
efectos de estas fumigaciones que les afectarían
durante generaciones. Estos productos agroquímicos
cuyos letales efectos se transmitieron de padres a
hijos han producido más víctimas que los huracanes.
El Nemagón es un pesticida utilizado en las
plantaciones de plátano en Nicaragua y otros países de
Centroamérica, Caribe, África y Asia. Es un derivado
del dibromocloropropano (DBCP) para combatir a un
gusano microscópico que daña los cultivos de banano.
En 1975, la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA) determinó que el DBCP era un posible
agente cancerígeno, y el Gobierno de EEUU prohibió el
agroquímico para casi todos los usos y suspendió el
suministro temporalmente.
Las multinacionales Standard Fruit (Dole, en EE UU),
Del Monte y United Fruit (actualmente, Chiquita) son
algunas de las compañías que fumigaron Nemagón en sus
cultivos bananeros. El pesticida era producido por Dow
Chemical, Shell y Occidental, entre otras empresas. Se
estima que 22.000 nicaragüenses han enfermado por el Nemagón, y se contabilizan 466 muertes de cáncer
causadas por el pesticida.
Los informes médicos demuestran que más del 67% de los
campesinos que trabajan en el plátano en Nicaragua
tiene problemas de esterilidad. Las mujeres sufren
abortos y cáncer de útero y de mama. En ambos sexos se
han detectado migrañas, intensos dolores en las
articulaciones, pérdida de visión, fiebre
intermitente, caída de pelo y uñas, hematomas, pérdida
de peso, ansiedad y otros desórdenes nerviosos y casos
de cáncer de riñón y estómago.
Una de las principales reivindicaciones es que el
Gobierno y el Parlamento mantengan en vigor la Ley
364, aprobada en el año 2000, en virtud de la cual un
tribunal de justicia nicaragüense condenó en 2002 a
las multinacionales Dow Chemical, Shell Oil Company
y
Dole Food Company a pagar 490 millones de dólares como
indemnización a unos 600 trabajadores de los 5.000 que
habían presentado la demanda.
Las empresas condenadas no han cumplido la sentencia
porque alegaron que la ley es inconstitucional y la
justicia nicaragüense es corrupta. Estas empresas ya
no están presentes en Nicaragua y así han escapado a
cualquier acción de embargo en su contra. En estos
casos no tiene lugar la extradición de los culpables,
como sucede con los narcotraficantes que se desmarcan
de la acción desestabilizadora de los agentes de las
Agencias de EEUU.
Este es uno de los perversos efectos del modelo de
desarrollo acelerado que los países industrializados
impusieron durante décadas a “poblaciones
subdesarrolladas”. Con ellas experimentaron productos
químicos que actuaron como auténticas armas de
destrucción masiva. Después, vistos los efectos
nocivos y letales, prohibieron su utilización en EEUU
pero permitieron que continuaran utilizándose en otros
países para acelerar los procesos de crecimiento
agrícolas.
Hasta hace poco, en amplias zonas cercanas a
Latacunga, a unos sesenta kilómetros de Quito, se
cultivaban plantas prohibidas por las leyes pero que
muy valoradas por la industria farmacéutica suiza para
elaborar productos anestésicos. Los campesinos que
trabajaban en esas explotaciones todavía aparecen
drogados y destrozados por las veredas y los
contornos. Aspirar las emanaciones de las plantaciones
residuales produce daños irreparables en el cerebro y
afecta de manera fatal a la salud de familias enteras.
Fetos monstruosos, alteraciones genéticas y cánceres
de todo tipo se silencian por las autoridades que
conocen la existencia de esas plantaciones, y de las
pistas de aterrizaje de las avionetas que las sacan
del país. Pero esas actividades criminales no son
fumigadas ni bombardeadas desde helicópteros
artillados, como los que el Pentágono ha facilitado al
gobierno de Colombia, como “ayuda al desarrollo”,
contra las plantaciones de la coca cuya pasta consumen
en un 80% los ciudadanos norteamericanos. No sólo
Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador sino que
Ecuador, Bolivia y Perú padecen los efectos de esa
política de exterminio que, en nombre de la salud
pública, desestabilizan a los gobiernos para poder
mantener el control de esa zona al sur del Canal de
Panamá declarada de importancia vital y estratégica
por el gobierno de Washington.
José Carlos García Fajardo
Profesor de Pensamiento Político y Social (UCM)
Director del CCS - España
6 de mayo de 2005