La Corte de La Haya comunicó hoy, jueves 13, que no entiende ajustado a derecho el reclamo del gobierno argentino pidiendo la aplicación de una medida cautelar que suspendiera las obras de las plantas de celulosa de BOTNIA y ENCE emplazadas sobre el fronterizo río Uruguay, en las proximidades de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y a algunos kilómetros de la argentina Gualeguaychú. 

No hay inminencia de daños ambientales o económicos ni de lesiones al derecho irreversibles, estimó la Corte, despejando el terreno para que, ahora sí, comience el verdadero juicio que deberá elucidar si Uruguay respetó los términos del tratado sobre uso del río Uruguay firmado por ambos países en 1975. Un juicio que, según las previsiones de los expertos, insumirá tres o cuatro años para producir un fallo. El tiempo suficiente para que todo pueda ocurrir.

Tanto en Argentina como en Uruguay se evalúa la nueva situación creada a partir de este fallo preliminar, pero en ambos países el análisis tiene características diferentes y, a su vez, internas agitadas. En Argentina la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú integrada por vecinos y vecinas de esa ciudad absorbe el golpe y se prepara probablemente para volver a cortar las rutas de comunicación con Uruguay, única acción de todas las que emprendió que logró provocar reacciones en el gobierno uruguayo. El presidente Néstor Kirchner ha hecho saber por intermedio de la actual secretaria de Medio Ambiente, la abogada y ex asesora de la Asamblea de Gualeguaychú Romina Picolotti, que los cortes no son deseables puesto que pueden perjudicar la posición argentina en los dos juicios en curso, el de La Haya y el del Tribunal de Resolución de Controversias del MERCOSUR.

Los lenguajes del conflicto

A partir de este punto es necesario ensanchar la visión del “campo de batalla”, porque para entender lo que verdaderamente ocurre es necesario hacer inteligibles los diversos lenguajes que se practican en esta virtual Torre de Babel con forma de plantas de celulosa, y que corresponden siempre a intereses y situaciones existenciales diferentes. Rompe los ojos desde hace meses que en este conflicto es imprescindible un acuerdo metodológico previo para que cualquier análisis pueda fructificar. Analizar los dichos y los hechos no es suficiente; hay que recorrer el camino que lleva a ubicar el lugar y la posición que ocupan cada cual en el mapa de los intereses en juego. Algo así como elegir el objeto sobre el cual ajustar el foco antes de sacar la foto, porque de lo contrario la imagen obtenida será siempre borrosa, confusa, con aristas imprecisas. Y esto genera fastidio, desconfianza y, al fin, intolerancia generalizada.

Aparecen así dos voces claramente diferenciadas: la de los que se sienten directamente amenazados en sus condiciones de existencia –los vecinos y habitantes de la zona–, y la de los y las profesionales de la política, lo que incluye a ambos gobiernos y a sus oposiciones. Cada uno de estos campos, claro, tiene además sus matices internos, pero ello no afecta este intento de análisis.

El lenguaje de las potenciales víctimas

Los vecinos actúan impulsados por un sentimiento de amenaza concreta, real, visible: la construcción dentro del territorio que ellos perciben como su hábitat de industrias que exponen a su entorno a muy importantes riesgos de contaminación grave. Bien leído, esto no es discutible.

En este enfoque poco importan las divisorias políticas ya que se trata de la percepción de otra frontera, la frontera de la seguridad sanitaria y ambiental que no se establece siguiendo las líneas punteadas de los mapas. En los grupos de vecinas y vecinos movilizados de ambas orillas del río esta “seguridad” amenazada no es una entelequia, un concepto teórico o un adminículo ideológico, sino una conciencia totalmente carnal, urgente, humanamente impostergable que se debe defender con uñas y dientes de manera prácticamente instintiva. Esta conciencia, este “estado del alma” se expresa en un lenguaje que no es descifrable con ningún código “oficial” o “formal”, incluyendo el derecho, la diplomacia y la política convencionales. Pero ese lenguaje no es una opción caprichosa, una moda, una pose, sino que es el único que expresa cabalmente el problema observado desde la posición de los vecinos y vecinas de Gualeguaychú movilizados contra la instalación de las plantas de celulosa. Se han informado abrevando en fuentes novedosas, no oficiales, “alternativas”, y han tomado conciencia.

La lengua de madera

Los gobernantes y políticos/as toman el asunto con muchas manos y de forma simultánea, pero siguiendo la estera de los lenguajes es claro que argentinos y uruguayos, aunque utilicen palabras que se oponen, hablan el mismo idioma, comparten la misma voz: la formalidad oficial, un traje cortado por un sastre que nada sabía sobre conflictos ambientales. Por eso son tan simétricas las reacciones de ambos gobiernos ante el fallo de la Corte: en Uruguay se quiere leer como la prueba de que las plantas no contaminarán, mientras que en Argentina las voces oficiales subrayan que las inversiones en los emprendimientos cuestionados no son seguras porque más adelante las plantas pueden ser desmanteladas por orden de la misma Corte. Las palabras se contradicen, el lenguaje es el mismo.

Todos admiten la idea de nuevas instancias de diálogo entre los gobiernos porque es una eventualidad percibida como posible. Sin embargo, a nadie se le ocurre que el gobierno uruguayo pueda dialogar directamente con quienes se sienten amenazados, porque todos sabemos que sería una conversación inútil, ininteligible. El gobierno argentino tampoco dialoga realmente con ellos, apenas los incluye cuando los necesita para ejercer presión o marcar la correlación de fuerzas. Pero esa puerta es de vaivén, y todos lo saben. El gobierno argentino recupera algunas pinceladas del lenguaje vecinal, y hasta ha reclutado a una de sus asesoras que ahora integra el gabinete, pero la cancha en la que puede y debe moverse tiene límites bien nítidos y su juego una lógica implacable que, llegado el momento, será lo único que regirá la decisión de qué se sacrifica y qué es innegociable. Y en ese proceso, los vecinos y vecinas de Gualeguaychú no tendrán voz ni voto.

El aguante

Este filtro del origen de los lenguajes permite entonces “escuchar” lo que se dice porque se sabe de dónde viene. La multiplicidad de sujetos y agentes que intervienen en estos “nuevos” conflictos que podrían llamarse “ambientales”, pero que en realidad son mucho más que eso por la calidad y cantidad de territorios sociales, económicos, políticos y culturales que comprometen, exige una actitud nueva, una mirada más rica y compleja de la que usamos habitualmente para entender la realidad. Nuestras sociedades están descubriendo una nueva dimensión de sus intereses cuya defensa aún no ha desarrollado un “derecho” verdaderamente útil, a la altura de los “bienes” humanos que debería custodiar como son la salud, el ambiente, el trabajo, la calidad de vida y, todos ellos combinados, en fin, la vida misma. Por ahora y antes que cualquier otro, el afán de lucro sigue siendo el “derecho” mejor defendido. El conflicto por las plantas de celulosa tiene el inestimable y trágico mérito de exponer rudamente este sinsentido, aunque la mayoría de las miradas –especialmente la de casi todos los medios de comunicación y periodistas uruguayos– domesticadas, burocratizadas por la rutina y la comodidad, todavía se nieguen a percibirlo. Los “sensatos” de hoy son los tarambanas del mañana. Los engominados que hoy defienden el derecho de las letras antes que el de los pueblos serán despeinados por la historia. De aquí hasta allá, corresponde hacerles el aguante a los que luchan.

Carlos Amorín © Rel-UITA 13 de julio de 2006