Uruguay

 

Plantas de celulosa

Ombudsman del Banco Mundial reconoce

carencias de evaluación y procedimiento

 

La Oficina de la Ombudsman del Banco Mundial señaló importantes carencias en los estudios de impacto ambiental para la instalación de dos plantas de celulosa en el río Uruguay, advirtió sobre discordancias de criterio en el proceso de evaluación del propio banco y reclamó un esfuerzo creíble para dar respuesta a las inquietudes de las partes antes de decidir la asignación o no de los créditos solicitados

 

La Oficina de la Mediadora en Asuntos de Interés Público (CAO, por su sigla en inglés) del Banco Mundial divulgó un Informe de Evaluación Preliminar sobre la Reclamación en Relación con una Propuesta Inversión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en los Proyectos Celulosas de M’Bopicuá, de la empresa española Ence, y Orion, de la finlandesa Botnia, en Uruguay.

 

La misión de la CAO es reforzar el impacto de desarrollo y la sostenibilidad de la acción del Banco Mundial. Atiende reclamaciones de comunidades afectadas y ayuda a mejorar los resultados sociales y ambientales de los créditos del banco, fomentando un mayor nivel de responsabilidad. En la actualidad, al frente de la CAO se encuentra la abogada Meg Taylor, de Papúa Nueva Guinea.

 

El 23 de setiembre de 2005, la CAO evaluó una reclamación presentada contra los referidos proyectos con la firma de más de 39.000 personas, tanto de Argentina como de Uruguay, y apoyada por la ONG argentina llamada Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). La reclamación fue aceptada por considerar que cumplía con los criterios de elegibilidad que rigen a la CAO.

 

Carencias de las evaluaciones de impacto

 

En las conclusiones del informe preliminar, la CAO afirma que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) para las plantas de celulosa -realizadas bajo supervisión de las propias empresas Ence y Botnia y luego aprobadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) de Uruguay- no han tratado en forma adecuada las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas.

 

En particular, la CAO enumera las siguientes carencias de las EIAs:

  • las EIAs no proporcionan suficiente evidencia de que que se hayan atendido las preocupaciones relacionadas con impactos potenciales en el turismo y la agricultura;

  • existe muy poca evidencia en las EIAs de que se haya consultado a empresas o individuos potencialmente impactados (tales como operadores de turismo, pescadores) especialmente en Argentina;

  • las EIAs no toman en consideración impactos acumulativos más amplios a más de las emisiones ambientales, tales como las consecuencias sociales y ambientales sobre la tenencia de la tierra y la equidad social como resultado de que las dos plantas impulsen el desarrollo de grandes plantaciones de eucalipto en Uruguay.

"Se ha argumentado que no se consultó a los residentes de Argentina ya que posiblemente no reciban ningún impacto. La CAO no está de acuerdo con esta opinión. La complejidad y sensibilidad de estos enormes proyectos, en una área transfronteriza y sobre una cuenca de río compartida, hace que sea esencial la consulta con personas potencialmente afectadas", agrega el informe.

 

Discordancias dentro del Banco Mundial

 

El documento de la CAO revela, asimismo, la existencia de discordancias sobre el proceso dentro del propio Banco Mundial. Por un lado, señala que si bien la CFI reconoció que para resolver las inquietudes de los reclamantes es necesaria una Evaluación de Impacto Acumulativo (EIAc), el sitio Web del banco publicó las EIAs de las empresas sin ninguna nota aclaratoria en ese sentido.

 

La CAO expresa que la CFI parece no haber requerido:

  • Que cada EIA abordara de una manera más formal si el proyecto tendría un impacto en la gente, el medio ambiente y la subsistencia local en Argentina, y

  • Una evaluación abarcativa de los impactos acumulativos como parte de su evaluación del proyecto Orion (ya que este surgió después del proyecto CMB)

"Estos dos requisitos debieron haber sido completados antes de publicar en el sitio Web del Banco Mundial las EIAs de Orion y CMB", enfatiza el informe.

 

Guerra mediática

 

Inmediatamente de conocido el informe de la Ombudsman del Banco Mundial, se generó en la prensa de Uruguay y Argentina una supuesta "polémica" en torno a si se habían suspendido o no los financiamientos solicitados por las empresas Ence y Botnia.

 

A raíz de la afirmación de un cable de la Agencia AP de que había sido suspendido el proceso de financiamiento del BM, a la espera de que se aclararan los potenciales daños ambientales y sociales, algunos órganos locales uruguayos y argentinos publicaron un "desmentido".

 

Para ello, medios de Montevideo recurrieron al representante de Uruguay en el BM, Marcelo Bisogno, quien explicó que los procesos no "han terminado aún" y subrayó que las sugerencias del informe de la Ombusdman "pueden implicar una demora en el tiempo de puesta en práctica, pero esto no implica que se haya suspendido la financiación prevista por el BM".

 

A su vez, ante una consulta adicional del diario Clarín de Buenos Aires, el BM informó que el estudio preliminar de la CFI para evaluar el potencial impacto ambiental de esos proyectos "estará disponible al público a principios de diciembre de este año".

 

El comunicado oficial del BM agregó que "la CFI comisionará a una organización independiente e imparcial un proceso de consulta con las partes interesadas para ofrecer a ciudadanos y a otras instancias en ambos lados del Río Uruguay la oportunidad de revisar el estudio y proporcionar sus comentarios. Estos comentarios serán incorporados a las conclusiones del estudio de impacto, mismo que ayudará a determinar si la CFI otorgará financiamiento a las plantas".

 

De hecho, la CAO no sólo reconoce las carencias de las evaluaciones realizadas por las empresas y las autoridades uruguayas, reconociendo la legitimidad de las protestas sociales, sino que indica también la existencia de discordancias dentro del propio BM y no asegura la aprobación o rechazo de los créditos solicitados.

 

En definitiva, nada diferente a lo dicho por la Agencia AP, pero la prensa partidaria de la instalación de las plantas de celulosa buscó generar un hecho que disminuyera el impacto de la divulgación de esas carencias señaladas por el informe de la Ombudsman del BM.

 

Episodios de la "guerra mediática", como se llama ahora, en donde los dueños del poder y de los medios se quieren imponer a toda costa.

Por otro lado, la CAO señala que existen diferencias considerables en la aplicación del proceso de evaluación entre la CFI y el OMGI (Organismo Multilateral de Garantías a la Inversión), también órgano del Banco Mundial.

 

El OMGI terminó su evaluación y concluyó que el proyecto de Botnia satisface todos sus requerimientos y que no son necesarios estudios adicionales. "Esto contrasta con el enfoque de la CFI, donde se decidió que era de vital importancia un EIAc para la futura toma de decisiones", resalta la funcionaria encargada de velar por la responsabilidad y transparencia de las decisiones del banco.

 

Inefectividad en los

procesos binacionales

 

En torno a los procedimientos de autorización y los requerimientos de notificación entre Argentina y Uruguay, según el documento, "las partes claves están de acuerdo en que el proceso y la capacidad binacional para resolver estos temas complejos no ha sido efectiva en alcanzar un resultado equitativo a esta disputa".

 

La CAO encuentra que la decisión de uno de los patrocinadores del proyecto de empezar a construir cuando la Comisión Binacional estaba todavía evaluando estos emprendimientos, "ha socavado, a la vista de los grupos potencialmente afectados tanto en Argentina como en Uruguay, la legitimidad de los protocolos existentes".

 

"Al momento, hay una percepción de que el emprendimiento es un fait accompli, por lo tanto los reclamantes piensan que sólo puede ser desafiado por medio de protestas, y potencialmente, una acción legal", registra la Ombudsman.

 

Reconocimiento de

la movilización social

 

En un reconocimiento de la protesta social contra las plantas de celulosa, la CAO afirma que "la Asamblea en Gualeguaychú ha llegado a ser una voz poderosa y coherente que ha hecho surgir preguntas legítimas acerca de la mejor manera de promover el desarrollo en el Río Uruguay entre Uruguay y Entre Ríos".

 

A continuación, el informe dice que "se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos de estos emprendimientos y no ha habido suficiente reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones y temores de las comunidades localizadas en el área del proyecto".

 

Y advierte que "mayor información y hechos científicos, no serán suficientes para encarar la falta de confianza que existe al momento entre aquellos que están preocupados por los proyectos". La CAO exhorta a la CFI a esforzarse para "que la gente que cree que va a ser impactada, pueda tener confianza en el proceso al igual que en los resultados de cualquier estudio adicional".

 

Temas e inquietudes

aún sin responder

 

El documento enumera los siguientes temas que deben ser atendidos:

  • Cómo responder en forma satisfactoria las preguntas sobre cuáles podrían ser los impactos de los proyectos, a quiénes impactarán y cómo resolver la compatibilidad entre el desarrollo turístico y una industria de gran escala en el Río Uruguay;

  • Cómo asegurarse de que el proceso de aprobación de los proyectos de la CFI respete y asegure los intereses de la personas de la localidad; y

  • Cómo asegurarse que los arreglos legales y administrativos para la planificación, monitoreo y cumplimiento de los aspectos transfronterizos de estos proyectos, sean efectivos, responsables, rindan cuentas y tengan recursos.

La CAO cree no obstante que es posible llegar a un acuerdo y reclama una acción decisiva de la CFI "para asegurar a los ciudadanos argentinos y uruguayos que ha emprendido un proceso creíble de diligencia debida con respecto a su evaluación de los impactos acumulativos de ambos proyectos" y esto significa demostrar que puede "tomar la decisión de apoyar o no estos proyectos".

 

 

Víctor L. Bacchetta

© Rel-UITA

16 de noviembre de 2005

 

 

(*) La versión completa de este informe es accesible al público en: http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/preliminary_assessment-SpanFINAL.pdf

 

 

 

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