La Oficina de la Ombudsman del
Banco Mundial señaló importantes carencias en los
estudios de impacto ambiental para la instalación de
dos plantas de celulosa en el río Uruguay, advirtió
sobre discordancias de criterio en el proceso de
evaluación del propio banco y reclamó un esfuerzo
creíble para dar respuesta a las inquietudes de las
partes antes de decidir la asignación o no de los
créditos solicitados
La Oficina de la Mediadora en Asuntos de Interés
Público (CAO, por su sigla en inglés) del Banco
Mundial divulgó un Informe de Evaluación Preliminar
sobre la Reclamación en Relación con una Propuesta
Inversión de la Corporación Financiera Internacional
(CFI) en los Proyectos Celulosas de M’Bopicuá, de la
empresa española Ence, y Orion, de la finlandesa
Botnia, en Uruguay.
La misión de la CAO es reforzar el impacto de
desarrollo y la sostenibilidad de la acción del
Banco Mundial. Atiende reclamaciones de comunidades
afectadas y ayuda a mejorar los resultados sociales
y ambientales de los créditos del banco, fomentando
un mayor nivel de responsabilidad. En la actualidad,
al frente de la CAO se encuentra la abogada Meg
Taylor, de Papúa Nueva Guinea.
El 23 de setiembre de 2005, la CAO evaluó una
reclamación presentada contra los referidos
proyectos con la firma de más de 39.000 personas,
tanto de Argentina como de Uruguay, y apoyada por la
ONG argentina llamada Centro de Derechos Humanos y
Ambiente (CEDHA). La reclamación fue aceptada por
considerar que cumplía con los criterios de
elegibilidad que rigen a la CAO.
Carencias de las
evaluaciones de impacto
En las conclusiones del informe preliminar, la CAO
afirma que las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs)
para las plantas de celulosa -realizadas bajo
supervisión de las propias empresas Ence y Botnia y
luego aprobadas por la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA) de Uruguay- no han tratado en
forma adecuada las preocupaciones de las personas
potencialmente afectadas.
En particular, la CAO enumera las siguientes
carencias de las EIAs:
-
las EIAs no
proporcionan suficiente evidencia de que que se
hayan atendido las preocupaciones relacionadas
con impactos potenciales en el turismo y la
agricultura;
-
existe muy poca
evidencia en las EIAs de que se haya consultado
a empresas o individuos potencialmente
impactados (tales como operadores de turismo,
pescadores) especialmente en Argentina;
-
las EIAs no
toman en consideración impactos acumulativos más
amplios a más de las emisiones ambientales,
tales como las consecuencias sociales y
ambientales sobre la tenencia de la tierra y la
equidad social como resultado de que las dos
plantas impulsen el desarrollo de grandes
plantaciones de eucalipto en Uruguay.
"Se ha argumentado que no se consultó a los
residentes de Argentina ya que posiblemente no
reciban ningún impacto. La CAO no está de acuerdo
con esta opinión. La complejidad y sensibilidad de
estos enormes proyectos, en una área transfronteriza
y sobre una cuenca de río compartida, hace que sea
esencial la consulta con personas potencialmente
afectadas", agrega el informe.
Discordancias dentro
del Banco Mundial
El documento de la CAO revela, asimismo, la
existencia de discordancias sobre el proceso dentro
del propio Banco Mundial. Por un lado, señala que si
bien la CFI reconoció que para resolver las
inquietudes de los reclamantes es necesaria una
Evaluación de Impacto Acumulativo (EIAc), el sitio
Web del banco publicó las EIAs de las empresas sin
ninguna nota aclaratoria en ese sentido.
La CAO expresa que la CFI parece no haber requerido:
-
Que cada EIA
abordara de una manera más formal si el proyecto
tendría un impacto en la gente, el medio
ambiente y la subsistencia local en Argentina, y
-
Una evaluación
abarcativa de los impactos acumulativos como
parte de su evaluación del proyecto Orion (ya
que este surgió después del proyecto CMB)
"Estos dos requisitos debieron haber sido
completados antes de publicar en el sitio Web del
Banco Mundial las EIAs de Orion y CMB", enfatiza el
informe.
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Guerra mediática
Inmediatamente de
conocido el informe de la
Ombudsman del Banco Mundial, se
generó en la prensa de Uruguay y
Argentina una supuesta
"polémica" en torno a si se
habían suspendido o no los
financiamientos solicitados por
las empresas Ence y Botnia.
A raíz de la
afirmación de un cable de la
Agencia AP de que había sido
suspendido el
proceso de
financiamiento del BM, a la
espera de que se aclararan los
potenciales daños ambientales y
sociales, algunos órganos
locales uruguayos y argentinos
publicaron un "desmentido".
Para ello, medios
de Montevideo recurrieron al
representante de Uruguay en el
BM, Marcelo Bisogno, quien
explicó que los procesos no "han
terminado aún" y subrayó que las
sugerencias del informe de la
Ombusdman "pueden implicar una
demora en el tiempo de puesta en
práctica, pero esto no implica
que se haya suspendido la
financiación prevista por el
BM".
A su vez, ante
una consulta adicional del
diario Clarín de Buenos Aires,
el BM informó que el estudio
preliminar de la CFI para
evaluar el potencial impacto
ambiental de esos proyectos
"estará disponible al público a
principios de diciembre de este
año".
El comunicado
oficial del BM agregó que "la
CFI comisionará a una
organización independiente e
imparcial un proceso de consulta
con las partes interesadas para
ofrecer a ciudadanos y a otras
instancias en ambos lados del
Río Uruguay la oportunidad de
revisar el estudio y
proporcionar sus comentarios.
Estos comentarios serán
incorporados a las conclusiones
del estudio de impacto, mismo
que ayudará a determinar si la
CFI otorgará financiamiento a
las plantas".
De hecho, la CAO
no sólo reconoce las carencias
de las evaluaciones realizadas
por las empresas y las
autoridades uruguayas,
reconociendo la legitimidad de
las protestas sociales, sino que
indica también la existencia de
discordancias dentro del propio
BM y no asegura la aprobación o
rechazo de los créditos
solicitados.
En definitiva,
nada diferente a lo dicho por la
Agencia AP, pero la prensa
partidaria de la instalación de
las plantas de celulosa buscó
generar un hecho que disminuyera
el impacto de la divulgación de
esas carencias señaladas por el
informe de la Ombudsman del BM.
Episodios de la
"guerra mediática", como se
llama ahora, en donde los dueños
del poder y de los medios se
quieren imponer a toda costa. |
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Por otro lado, la CAO señala que existen diferencias
considerables en la aplicación del proceso de
evaluación entre la CFI y el OMGI (Organismo
Multilateral de Garantías a la Inversión), también
órgano del Banco Mundial.
El OMGI terminó su evaluación y concluyó que el
proyecto de Botnia satisface todos sus
requerimientos y que no son necesarios estudios
adicionales. "Esto contrasta con el enfoque de la
CFI, donde se decidió que era de vital importancia
un EIAc para la futura toma de decisiones", resalta
la funcionaria encargada de velar por la
responsabilidad y transparencia de las decisiones
del banco.
Inefectividad en los
procesos
binacionales
En torno a los procedimientos de autorización y los
requerimientos de notificación entre Argentina y
Uruguay, según el documento, "las partes claves
están de acuerdo en que el proceso y la capacidad
binacional para resolver estos temas complejos no ha
sido efectiva en alcanzar un resultado equitativo a
esta disputa".
La CAO encuentra que la decisión de uno de los
patrocinadores del proyecto de empezar a construir
cuando la Comisión Binacional estaba todavía
evaluando estos emprendimientos, "ha socavado, a la
vista de los grupos potencialmente afectados tanto
en Argentina como en Uruguay, la legitimidad de los
protocolos existentes".
"Al momento, hay una percepción de que el
emprendimiento es un fait accompli, por lo
tanto los reclamantes piensan que sólo puede ser
desafiado por medio de protestas, y potencialmente,
una acción legal", registra la Ombudsman.
Reconocimiento de
la movilización
social
En un reconocimiento de la protesta social contra
las plantas de celulosa, la CAO afirma que "la
Asamblea en Gualeguaychú ha llegado a ser una voz
poderosa y coherente que ha hecho surgir preguntas
legítimas acerca de la mejor manera de promover el
desarrollo en el Río Uruguay entre Uruguay y Entre
Ríos".
A
continuación, el informe dice que "se ha puesto muy
poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los
posibles impactos de estos emprendimientos y no ha
habido suficiente reconocimiento de la legitimidad
de las preocupaciones y temores de las comunidades
localizadas en el área del proyecto".
Y
advierte que "mayor información y hechos
científicos, no serán suficientes para encarar la
falta de confianza que existe al momento entre
aquellos que están preocupados por los proyectos".
La CAO exhorta a la CFI a esforzarse para "que la
gente que cree que va a ser impactada, pueda tener
confianza en el proceso al igual que en los
resultados de cualquier estudio adicional".
Temas e inquietudes
aún sin responder
El documento enumera los siguientes temas que deben
ser atendidos:
-
Cómo responder
en forma satisfactoria las preguntas sobre
cuáles podrían ser los impactos de los
proyectos, a quiénes impactarán y cómo resolver
la compatibilidad entre el desarrollo turístico
y una industria de gran escala en el Río
Uruguay;
-
Cómo asegurarse
de que el proceso de aprobación de los proyectos
de la CFI respete y asegure los intereses de la
personas de la localidad; y
-
Cómo asegurarse
que los arreglos legales y administrativos para
la planificación, monitoreo y cumplimiento de
los aspectos transfronterizos de estos
proyectos, sean efectivos, responsables, rindan
cuentas y tengan recursos.
La CAO cree no obstante que es posible llegar a un
acuerdo y reclama una acción decisiva de la CFI
"para asegurar a los ciudadanos argentinos y
uruguayos que ha emprendido un proceso creíble de
diligencia debida con respecto a su evaluación de
los impactos acumulativos de ambos proyectos" y esto
significa demostrar que puede "tomar la decisión de
apoyar o no estos proyectos".
Víctor L. Bacchetta
© Rel-UITA
16 de noviembre de 2005
(*) La versión completa de
este informe es accesible al público en:
http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/preliminary_assessment-SpanFINAL.pdf
