El próximo jueves,
cuando se conozca el primer fallo del Tribunal de La Haya sobre las medidas
cautelares solicitadas por Argentina (paralización de las obras de Botnia y
Ence), el futuro de Uruguay dará un paso en una u otra dirección: hacia un
desarrollo sustentable o hacia un desarrollo depredador, que por supuesto
terminará siendo un no-desarrollo.
El próximo jueves, cuando se conozca el primer fallo del
Tribunal de La Haya sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina
(paralización de las obras de Botnia y Ence), el futuro de Uruguay dará un
paso en una u otra dirección: hacia un desarrollo sustentable o hacia un
desarrollo depredador, que por supuesto terminará siendo un no-desarrollo.
Pero el futuro también dará otro paso: hacia un punto de inflexión en las
relaciones al interior de la izquierda, la que se está mostrando incapaz de
tolerar las diferencias con el gobierno y profundamente autoritaria hacia
los frenteamplistas contestatarios.
Un buen ejemplo de esto último es lo que el gobierno está
alentando hacia los científicos que osan discrepar públicamente con la
instalación de las plantas de celulosa (me estoy refiriendo a la comisión
creada en la Facultad de Ciencias), quienes tuvieron la decencia de poner
sobre la mesa del debate nacional una serie de argumentos de carácter
científico-técnico, pero recibieron como respuesta descalificaciones, en su
mayoría de corte político.
El líder de esa actitud descalificatoria es el verborrágico
subsecretario del MVOTMA, Jaime Igorra, quien ante cada argumento opositor y
sin tomarse el tiempo nunca de leer ningún informe discrepante, arremete
siempre con sospechas y descalificaciones, evidenciando una lealtad hacia
los intereses de las empresas que bien quisiera yo para con los intereses
difusos de la comunidad. En este ocasión a Igorra le resultó "sospechoso"
que el informe surgiera en el 2006, cuando según él desde 2003 se vienen
haciendo estudios, e inaceptable porque aparece "en el marco del conflicto
con Argentina y en el del futuro fallo de la Corte de La Haya". Igorra, que
es universitario arquitecto -pero tiene una visión conspirativa más propia
de otras profesiones, parece haber olvidado que la Carta Orgánica de la
Universidad establece en su artículo 2 que entre sus fines está el
"contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su
comprensión pública".
Si hay un tema de interés general que necesita de urgentes
aportes científicos y técnicos para su comprensión pública, ese es el de las
plantas de celulosa. Y si hay una entidad que debería involucrarse mucho más
últimamente respecto a los debates y desafíos de la sociedad, esa es la
Universidad de la República. En ese sentido, las discrepancias que parecen
existir entre los científicos de unas y otras disciplinas involucradas por
la fabricación de pasta de celulosa y por el modelo forestal ameritan que se
integre urgentemente una comisión inter-universitaria capaz de explicar esas
diferencias y de aportar una respuesta fundamentada a la sociedad, sin
esperar por los tiempos políticos y diplomáticos, en los que no está claro
quién defiende los intereses "difusos" de la comunidad del presente y del
futuro.
Si del "problema" de las plantas de celulosa, como dijo el
actual rector Rafel Guarga, se sale gracias al conocimiento
científico-técnico, no hay ningún motivo para que ese conocimiento espere la
autorización o el beneplácito del sistema político, salvo que los
protagonistas del quehacer científico estén cuidando intereses que no sean
los generales de la nación. Cuando la sociedad solventa a la Universidad -y
su actividad de investigación- no hay duda de que lo hace esperando que ese
gasto en ciencia y tecnología sirva para el desarrollo del país. No hay
motivo entonces para que la Universidad calle "ante la mayor inversión
productiva de los últimos 50 años", como reza el discurso oficial, inversión
que según algunos matrizará el futuro económico y ambiental del país, es
decir el futuro. En esa urgencia de que la Universidad se involucre, no
parece casualidad que el informe aprobado por el Consejo de la Facultad de
Ciencias proponga que "los técnicos y científicos que participen en el
programa de monitoreo independiente y con validez jurídica (deban firmar)
una declaración jurada de no tener vinculaciones actuales y pasadas con las
empresas".
Aunque el señor Jaime Igorra quiera ver en eso un reclamo
improcedente, las buenas prácticas de transparencia e integridad públicas lo
aconsejan urbi et orbi.
Por María Urruzola
Portal Montevideo
12 de julio de 2006
