A mi modo de ver buena parte de este problema se debe a que el gobierno se encuentra empantanado en un problema de comunicación, donde muchas de sus respuestas no se corresponden con las inquietudes vecinales, y terminan generando el efecto contrario de acentuar las dudas.

Es imperativo analizar fríamente este "problema de comunicación". Frente a las alertas de organizaciones ciudadanas tanto de Fray Bentos como del resto del país que señalan riesgos ambientales, las respuestas gubernamentales más de una vez invocan la protección de las inversiones y la generación de empleos. Esas contestaciones no tienen relación directa con los reclamos ciudadanos; aquellos ambientalistas no están en contra de las inversiones sino que temen que una mañana el río Uruguay aparezca con un derrame accidental de contaminantes.  Es como si un enfermo pidiera consejo a su médico para evitar una recaída en su dolencia, y el doctor en vez de indicarle medidas profilácticas comenzara a defender las ganancias de la industria farmaceútica.

Este problema se observa particularmente en las respuestas del subsecretario del Ministerio del Ambiente, Jaime Igorra, ya que insiste en defender a las papeleras por las inversiones o los eventuales puestos de trabajo. Pero no se pone la misma energía en señalar cuáles son las medidas ambientales para evitar un impacto ambiental negativo. Parecería que no se comprende que el actual conflicto ciudadano no es sobre temas económicos, sino sobre la calidad del ambiente. A muchas organizaciones ciudadanas tampoco escapa que el arquitecto Igorra está en el centro de otros temas polémicos, como es su interpretación del plebiscito sobre el agua.

Todo se complica más cuando se examinan algunos de los argumentos "económicos" en defensa del emprendimiento. Si bien se insiste en una inversión multimillonaria, parecería que una buena parte de ella quedaría dentro de la propia Finlandia; se anuncian muchos puestos de trabajo, pero una proporción importante son indirectos o bien ya existen; y hasta la propia inversión tiene un largo camino a recorrer (Botnia se ha presentado a la agencia de garantías del Banco Mundial). De una forma u otra, esa información llega a las organizaciones ciudadanas, y de a poco emerge "otra campana", y las dudas aumentan.

Las cuestiones claves, en cambio, tienen que ver con los controles ambientales, la implementación de alertas tempranas ante cualquier accidente, y otros instrumentos, que deben ser aplicados con eficiencia, competencia profesional y transparencia. La gente duda porque no reciben respuestas concretas sobre esos temas, y porque en otros asuntos poco a poco descubren inconsistencias. También dudan por soportar durante años el desinterés estatal por los temas ambientales.

Una de las tareas del nuevo gobierno es precisamente remontar estos problemas. Insistir en metas económicas como respuesta a una preocupación ambiental no está teniendo éxito en Uruguay (y tampoco en Argentina); este conflicto ya salió del Ministerio de Ambiente arrastrando a la Cancillería, y puede convertirse en un tema del Mercosur. Hay que reaccionar cuanto antes para detener esta polémica.

Entre las medidas urgentes es necesario revisar la estrategia de comunicación del Ministerio de Ambiente, y frente a las demandas ambientales dar respuestas de política ambiental; frente a las dudas sobre posibles accidentes ecológicos, ofrecer mecanismos concretos de gestión; frente a las dudas de la ciudadanía, poner en marcha espacios participativos donde los grupos locales puedan participar directamente en el monitoreo y gestión ambiental.

Eduardo Gudynas

26 de mayo de 2005