Honduras Ι DEFORESTACIÓN
Progresiva desaparición
de bosques
Honduras, uno de los
países más pobres del continente americano, pierde cada
año millones de dólares como consecuencia de la tala
ilegal de madera. De acuerdo con el Documento de
Estrategia de País para Honduras de la Comunidad Europea
para el periodo 2007-2013, el valor de mercado de la
madera extraída ilegalmente oscila entre 55 y 70
millones de dólares al año; a esta cantidad, habría que
añadir los impuestos no percibidos y la inversión
pública desperdiciada, conceptos que juntos aumentan las
pérdidas en otros 18 millones de dólares.
Este es uno más de los terribles efectos que conlleva la
ineficacia con que se aplica la Ley Forestal en este
país, cuya débil institucionalidad democrática tocó
fondo tras el golpe de Estado perpetrado en junio del
2009. Pero quizás no sea la peor de las consecuencias.
Según Orlando Núñez, coordinador de la Estrategia
Nacional contra la Tala Ilegal de Madera del Instituto
de Conservación Forestal (ICF), Honduras
camina peligrosamente hacia su desertización.
En declaraciones al diario capitalino El Heraldo,
Núñez señaló que el país pierde anualmente 58.000
has. de árboles, lo que supone más del 1 por ciento de
la superficie boscosa del país.
El 80 por ciento del
territorio hondureño es de vocación forestal. Pero este
potencial, lejos de ser aprovechado para el desarrollo
equitativo y la reducción de la pobreza, se ha
dilapidado en beneficio de unos pocos.
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El país pierde anualmente
58.000 has. de árboles, lo que supone más
del 1 por ciento de la superficie boscosa
del país. |
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Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH), por cada dos has. de bosque
que las autoridades permiten explotar, se talan tres;
una de ellas pasa a engrosar las dramáticas cifras del
desmonte ilegal.
A la mano criminal de los traficantes de madera, hay que
sumar los efectos de los incendios forestales, la
ganadería extensiva y la presión por extender la
frontera agrícola.
Otro factor menos visible, pero letal para el bosque, es
la demanda popular de leña, cuyo consumo anual alcanza
unos 6 millones de m³; el 70 por ciento de este consumo
de leña proviene del bosque latifoliado (con árboles de
hojas anchas). Y es que debido a la deficitaria
electrificación rural, la leña sigue siendo la principal
fuente de energía para la población rural empobrecida.
Ley truncada
La primera Ley Forestal en Honduras data de 1971. Nació
con el objeto de asegurar la protección de las áreas
forestales, racionalizando el aprovechamiento y la
comercialización de los productos derivados de aquellas.
Tres años después se creó la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal (COHDEFOR), cuyo propósito
era posibilitar el aprovechamiento óptimo de los
recursos forestales hondureños, asegurando su
protección, conservación y buen manejo. Pronto se
comprobó que ninguno de esos instrumentos cumplía con su
mandato, pero no fue hasta mediados de los años 90, con
el agotamiento del agua y los recursos naturales, que el
descontento de las comunidades locales estalló en
múltiples protestas que ayudaron a visibilizar el
problema, ejerciendo presión para crear un nuevo marco
legal e institucional.
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Cuando se detiene un camión con madera de
tala ilegal, el dueño no tiene más que
llamar a un militar conocido para que este
dé la orden de dejarlo ir. |
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Destacan en esta lucha las comunidades del norte de
Olancho, el departamento más boscoso de Honduras
y el más castigado por la tala ilegal. Cinco
organizaciones locales se unieron en el año 2000 para
crear un frente común en el Movimiento Ambientalista de
Olancho (MAO).
Tras casi dos décadas de protestas, después de un largo
proceso de participación y consulta impulsado por la
sociedad civil, y legitimado por más de 200
organizaciones sociales, en setiembre del 2007 el
Congreso Nacional aprobó la Ley Forestal de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre. Cinco meses después entraba
en vigor esta norma que generó enormes resistencias
entre las grandes empresas madereras y esperanzas
fundadas para quienes llevaban años buscando un cambio
en la política forestal.
Hermilo Soto,
coordinador nacional de la Federación Luterana Mundial,
que apoya proyectos de defensa del medio ambiente,
declaró a Noticias Aliadas que la nueva ley
incorporó al menos el 70 por ciento de las demandas de
los movimientos sociales.
“Entre otras cosas, la ley incluyó el Sistema Social
Forestal, que pretende incorporar a las comunidades
locales en la gestión de los recursos naturales, creando
instancias de participación ciudadana”, dijo.
Pero en el 2009 la
situación política cambió drásticamente con el golpe de
Estado perpetrado por militares, empresarios y amplios
sectores de la clase política.
Según Soto, “el gobierno de facto que se instauró
tras la ruptura institucional no cumplió los compromisos
asumidos por el gobierno de [el derrocado presidente
Manuel Zelaya Rosales [2006-2009] con respecto a las
áreas de veda y los derechos de las comunidades
locales”.
Represión contra movimiento
ambientalista
La defensa del bosque, antes ejercida por más de 200
organizaciones de base, está hoy desarticulada, en gran
medida por la represión y el colapso institucional
resultante de la asonada.
“Con la represión sufrida después del golpe de Estado
del 2009, los movimientos ambientalistas quedaron
desarticulados”, aseguró a Noticias Aliadas Víctor
Ochoa, ex dirigente del Movimiento Ambientalista de
Olancho (MAO).
A la expulsión del país del sacerdote Andrés Tamayo
-nacido en El Salvador pero nacionalizado
hondureño- en noviembre del 2009 a raíz de su
participación en las protestas contra el golpe de
Estado, hay que sumar el asesinato de líderes
ambientalistas, como Adalberto Figueroa,
coordinador del MAO en el municipio de Guato,
Olancho, en mayo del 2010. Tamayo, uno de los
fundadores del MAO, había jugado un importante
rol en la movilización de las comunidades por la
protección del bosque durante la última década.
La desconfianza en el Estado como protector del
patrimonio forestal es palpable. Para Ochoa, la
presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas
forestales, tras la aprobación en el 2011 por parte del
Congreso de la creación de una Unidad Especializada de
Soldados Forestales, más bien está agravando el
problema.
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No parece que ninguna ley
pueda cambiar por sí sola la cultura de la
corrupción y la impunidad que asolan
secularmente la nación y que se
profundizaron en el 2009. |
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“Cuando se detiene un camión con madera de tala ilegal,
el dueño no tiene más que llamar a un militar conocido
para que este dé la orden de dejarlo ir”, declaró.
Por su parte, el ICF, que nació con la nueva ley
para sustituir a la extinta CODHEFOR, ya es
reconocido por su inoperancia. El Colegio de
Profesionales Forestales de Honduras denunció en julio
pasado la falta de capacidad técnica de esta institución
que, entre otras cosas, está permitiendo un aumento
indiscriminado de la tala ilegal en la Reserva de la
Biosfera del Rio Plátano, en la costa caribeña, que ha
sido declarada Patrimonio de la Humanidad.
Ante las críticas, Fredy Márquez, del
Departamento de Protección Forestal del ICF,
sostiene que la institución “surgió para descentralizar
el manejo de recursos y ser un ente de apoyo, más que
operativo, pero no cuenta con los recursos económicos
para cumplir con su agenda”.
Una vez más se comprueba en Honduras que los
cambios legislativos de poco sirven, cuando las
relaciones de poder que han tenido secuestrado al Estado
por décadas se mantienen imperturbables. No parece que
ninguna ley pueda cambiar por sí sola la cultura de la
corrupción y la impunidad que asolan secularmente la
nación y que se profundizaron en el 2009.
Por eso algunos activistas enfatizan la importancia de
seguir educando: “Ya recorrimos la mitad del camino”,
afirma Soto; “ahora nos queda concientizar a
las poblaciones locales acerca de sus deberes y
derechos, y continuaremos en la lucha por la protección
del ambiente”.
