Una nueva ley estadounidense obligará a quienes fumigan con plaguicidas a hacerse cargo de los gastos médicos incurridos por personas ajenas a la fumigación que se vean afectadas por la dispersión de rociado tóxico

Esta ley fue aclamada por activistas ambientales como una victoria para las comunidades y los trabajadores agrícolas migratorios de Estados Unidos, que sufren efectos colaterales -a menudo serios- por estar en contacto con venenos agrícolas sin darse cuenta.

Otras propuestas fueron rechazadas ante la presión ejercida por la industria agroquímica. La industria se opuso con éxito a una propuesta que la obligaría a divulgar por Internet cualquier uso previsto de plaguicidas especialmente peligrosos. Los activistas esperaban que dicha información permitiera a los servicios de emergencia evaluar riesgos y prepararse para responder adecuadamente ante incidentes de dispersión de plaguicidas.

Aun con esta salvedad, la organización de combate a los plaguicidas Pesticides Action Network (PAN) afirma que la nueva Ley de Respuesta ante la Exposición a Dispersiones de Plaguicidas, que entró en vigencia a fines de 2004, es un gran avance y 'representa la culminación de numerosas y duras batallas entre los grupos de presión industriales y los defensores de la higiene ambiental'.

No obstante, PAN también advierte que las víctimas de la dispersión de spray tóxico en el Reino Unido no pueden esperar este tipo de apoyo legal. PAN Reino Unido coordinó una gran campaña de más de dos años sobre el tema 'receptores pasivos' y se ocupa particularmente de la exposición a dosis reducidas durante períodos prolongados, lo cual sostiene es muy común en las zonas adyacentes a campos fumigados.

Actualmente, los ciudadanos del Reino Unido no tienen ningún derecho por ley a saber qué pesticidas se están utilizando en fumigaciones cercanas. Según la Ley de Salud y Seguridad Laboral (1974), los agricultores tienen la obligación de informar al Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE), pero este órgano necesita la autorización escrita del agricultor para comunicar dicha información a los interesados que la soliciten. El gobierno ha manifestado que tiene previsto introducir una nueva reglamentación que permitiría al público acceder a dicha información, pero sólo a través de terceros, como por ejemplo un Partido Verde.

El tema está ahora a estudio de la Comisión Real sobre Contaminación Ambiental [de Gran Bretaña], que publicará un informe a mediados de 2005.

PAN Reino Unido también está organizando una campaña dirigida a exigir que en las etiquetas de los alimentos se indique qué plaguicidas se utilizaron en la producción de los mismos.