La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Bosques que establece la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y protege los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.

 

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 21 de noviembre la Ley de Bosques. Greenpeace celebró que la norma, apoyada por un millón y medio de argentinos, cuente con la suspensión a los desmontes hasta que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Además, establece la obligatoriedad de efectuar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y protege los bosques utilizados por comunidades campesinas e indígenas.

 

La norma había sido aprobada en general hace quince días por el Senado, y suspendido su tratamiento en particular debido a la fuerte presión ejercida por algunos senadores de las provincias del norte que intentaron hasta última hora desvirtuar la moratoria que detiene los desmontes.

 

El pasado 21 de noviembre, después de varios días de negociaciones, y gracias a la presión de cientos de llamados de la gente a sus despachos, los senadores aprobaron, artículo por artículo, la Ley de Bosques. Luego debió pasar a la Cámara de Diputados, ya que sufrió algunas modificaciones, como la creación del fondo de compensación a las provincias que cuiden sus bosques.

 

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos suspende la emisión de permisos de desmonte por un año para que cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos. Cumplido ese lapso de tiempo, aquellas jurisdicciones que no hayan realizado el ordenamiento territorial no podrán autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos en zonas boscosas.

 

Para realizar el ordenamiento territorial, la ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y señala como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

 

La norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques: conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, regulación hídrica, fijación de emisiones de gases de efecto invernadero y la defensa de la identidad cultural. Además establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobar un desmonte, y prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos de bosques.

 

"El ordenamiento territorial que establece la ley es esencial para solucionar la emergencia forestal en la que nos encontramos. La aprobación de esta norma es un gran avance en materia ambiental y salda una deuda pendiente", declaró Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace.

 

La Ley de Bosques fue presentada el año pasado en la Cámara de Diputados por el diputado Miguel Bonasso e impulsada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, como la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Fundación Proteger, y fue apoyada por organizaciones sociales, como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y del sector productivo, como la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

 

A fines de 2006, se trató por primera vez en Diputados y en el mes de marzo de 2007, luego de una larga sesión, la Cámara Baja le otorgó la media sanción y la giró para su discusión a seis comisiones del Senado: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales, Industria y Comercio, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería y Pesca.

 

La fuerte presión ejercida por los representantes de las provincias del norte, que se oponen a distintos artículos de la Ley impidió que se discutiera en las comisiones y que llegara a ser tratada en el recinto. A esto se sumó el parate en el que estuvo en Congreso durante el tiempo que duró la campaña electoral.

 

Debido al retraso en el tratamiento de la Ley, Greenpeace, junto a más de treinta organizaciones de todo el país impulsó la campaña "Un millón de firmas por los bosques", con el objeto de sumar las adhesiones de los ciudadanos para exigir a los senadores el tratamiento de la Ley. El número previsto inicialmente se vio ampliamente superado y un millón y medio de personas sumaron su respaldo.

 

"La Ley de Bosques es un logro gigante para la defensa del medio ambiente, porque le pone un freno al avance descontrolado de las topadoras. Un millón y medio de argentinos lo hicimos posible: salvamos los últimos bosques nativos", afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

A principios del mes de octubre las organizaciones entregaron en el Senado las planillas que contenían las firmas junto con un petitorio formal para exigir la aprobación de la Ley de Bosques.

 

La presión de la gente hizo que, una semana más tarde, el presidente del bloque oficialista de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto junto con la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti dieran una conferencia de prensa en la que el oficialismo se comprometió a tratar la Ley en la primera sesión posterior a las elecciones del 28 de octubre.

 

Ecoportal.net

4 de diciembre de 2007