La Comisión Europea propone recortes obligatorios de las emisiones de dióxido de carbono -con excepciones para algunos sectores industriales- y establece metas para el uso de energías renovables.

 

Bajo el título “Fomento del crecimiento y el empleo mediante el cumplimiento de los compromisos sobre el cambio climático”, la Comisión Europea presentó el pasado 23 de enero un paquete de propuestas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y aumentar la utilización de energías renovables en el bloque. Con ellas, la Comisión pretende cumplir con una resolución de los jefes de Estado y de gobierno de marzo de 2007 que prevé, entre otras cosas, aumentar a 20 por ciento la participación de las fuentes renovables en la producción de energía hasta 2020. Para entrar en vigencia, las propuestas deben ser aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, es decir, por los gobiernos de los 27 estados integrantes de la Unión.

 

Para lograr esos objetivos la Comisión propone una reforma del “régimen comunitario de comercio de derechos de emisión” (RCCDE) de 2005. El nuevo sistema incluye un esquema que impone límites obligatorios a las emisiones de CO₂ de cada uno de los 27 países. Tomando por base los niveles de 2005, las reducciones de las emisiones previstas para casi todos los miembros anteriores a la reciente ampliación de la UE -Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Suecia, España y Chipre- oscilan entre un mínimo de 5 por ciento (Chipre) y un máximo de 20 por ciento (Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo). En cambio, los nuevos integrantes -Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania, Eslovenia y Hungría- y Portugal pueden incluso aumentar sus emisiones entre 1 por ciento (Portugal) y 20 por ciento (Bulgaria).

 

El reformado RCCDE partirá de una lógica de mercado y funcionará mediante subastas abiertas de derechos de emisión entre los principales emisores industriales de toda la Comunidad que incluirán el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El régimen abarca actualmente unas 10.000 instalaciones industriales, incluyendo refinerías, acerías y centrales eléctricas, que producen casi 50 por ciento de las emisiones de CO₂ de la UE. El total de los derechos que la Comunidad emite para las subastas previstas se reducirá año tras año, hasta que en 2020 las emisiones cubiertas por el RCCDE hayan bajado en 21 por ciento en comparación con los valores de 2005. Los ingresos que se obtengan -se calcula que ascenderán a 50 mil millones de euros anuales en 2020- corresponderán a los estados miembros y deberán ser invertidos en proyectos de innovación y desarrollo en materia de energías renovables y captura y almacenamiento de CO₂, así como en proyectos de desarrollo en los llamados países emergentes.

 

De esta manera se pretende aumentar la competitividad de industrias innovadoras europeas en el área de la protección ambiental. Esto no quiere decir que la Comisión deje de atender las necesidades de algunas industrias contaminantes, concentradas en algunos países altamente industrializados; ante las posibles desventajas comerciales de las industrias siderúrgica, química y de cemento, entre otras, frente a competidores en países sin medidas obligatorias de protección ambiental -como en los casos de China y Estados Unidos- se establecen excepciones a las metas de reducción de emisiones para esos sectores.

 

¿Más agrocombustibles y regreso a la energía nuclear?

 

Por otra parte, las compañías productoras de agrocombustibles se sentirán alentadas por los porcentajes de uso obligatorio de energía renovable por país que la Comisión fijó para 2020, que oscilan entre un mínimo de 11 por ciento (Luxemburgo) y un máximo de 49 por ciento (Suecia), y que aumentarán la demanda europea de esos carburantes. En algunos casos, las metas fijadas implican un marcado incremento y seguramente servirán como punto de partida para la discusión sobre el uso de la energía nuclear, como por ejemplo en Gran Bretaña o en Alemania, donde los grupos industriales de presión están tratando de revertir la decisión de abandonar este tipo de energía. Habrá que ver también cómo se posicionará la industria atómica de Francia, la más importante de Europa, y con qué respaldo gubernamental contará. Actualmente, un tercio de la energía eléctrica de la UE se genera a partir de centrales nucleares y solamente 8,5 por ciento con fuentes renovables (eólica, hidráulica, solar, biomasa).

 

Las medidas que la Comisión Europea presenta como un paso importante hacia una mayor independencia y seguridad energética, un aporte relevante a la lucha contra el cambio climático y una providencia para fortalecer el sector de tecnologías de protección ambiental europeo, han sido criticadas como insuficientes por organizaciones de protección ambiental, al tiempo que las asociaciones empresariales la consideran exageradas. El resultado final de la iniciativa de la Comisión Europea se verá recién después de que el Parlamento y el Consejo de Ministros hayan aprobado la versión definitiva.