Aparte del tradicional subproducto de la 
                    industrialización de la caña de azúcar, el azúcar refinado, 
                    se puede obtener cientos de variedades de derivados: 
                    alcoholes de diferentes tipos, entre ellos el etílico y el 
                    amílico; aguardiente, ron refino, cremas saborizadas, 
                    anhídrido carbónico, biogás, metano, compost, cal hidratada, 
                    tableros de partículas de fibra, puertas para interiores, 
                    muebles, alimentos humanos y animales y  derivados de uso 
                    energético como el bagazo, entre otros.
                    
                    
                     
                    
                    
                    De hecho, en un seminario realizado entre el 
                    14 y el 15 de diciembre en la ciudad de Bella Unión, y en el 
                    que participaron fundamentalmente productores y 
                    sindicalistas, se presentaron propuestas concretas para la 
                    reactivación de la producción azucarera y la 
                    industrialización de los derivados de la caña. Azúcar, 
                    alimento animal y la fabricación de alcohol como combustible 
                    alternativo al petróleo fueron algunas de las producciones 
                    propuestas. 
                    
                    
                     
                    
                    
                    El evento, que reunió a más de 150 personas, 
                    se realizó en el salón de actos de la Junta Autónoma de de 
                    esa ciudad del departamento de Artigas, lindero con Brasil, 
                    y fue organizado por la Universidad de la República, la 
                    Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión 
                    Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la 
                    Agricultura y el Plenario Intersindical de Bella Unión.
                    
                    
                     
                    
                    
                    El etanol, a partir de la caña de azúcar, es 
                    una de las posibilidades más claras que se le presentan a 
                    Uruguay para desarrollar un combustible basado en una 
                    actividad productiva que a su vez tiene un impacto económico 
                    y social fundamental para los centros poblados en donde se 
                    realiza. Agregar un 10 por ciento de etanol como aditivo al 
                    combustible reduciría hasta en 30 por ciento las emisiones 
                    de monóxido de carbono y entre 6 y 10 las de dióxido de 
                    carbono, eliminándose el uso del MTBE (metil-ter-butil-eter), 
                    un compuesto químico derivado del petróleo que de acuerdo a 
                    estudios de la Agencia Ambiental de Estados Unidos 
                    constituye un potente cancerígeno, altamente volátil, 
                    soluble en agua, cuyo empleo fue prohibido en numerosos 
                    Estados de Estados Unidos, así como en Canadá, Brasil y 
                    otros países.
                    
                    
                     
                    
                    
                    En el seminario de Bella Unión se abordaron 
                    también otros temas, como la necesidad de de un plan para 
                    resolver la emergencia social en la zona, la reimplantación 
                    del ferrocarril como vehículo de transporte de pasajeros y 
                    carga, y el papel de los movimientos sociales, que hoy no 
                    son consultados por las autoridades políticas a la hora de 
                    definir temas fundamentales.
                    
                    
                     
                    
                    
                    La mayoría coincidió en que la deprimente 
                    situación de la industria azucarera nacional obedece al plan 
                    de desmantelamiento del sector aplicado por los gobiernos 
                    conservadores que se sucedieron tras la restauración 
                    democrática, en 1985, que continuaron en ese sentido 
                    políticas comenzadas bajo la dictadura militar. Se destacó, 
                    por ejemplo, que de los 110 países productores de azúcar 
                    apenas dos no subsidian esa industria: Nueva Zelanda y 
                    Uruguay. 
                    
                    
                     
                    
                    
                    Ciudades como Bella Unión (en Artigas), y 
                    Constitución y Belén (Salto) se han visto arruinadas tras 
                    los ataques lanzados desde el Poder Ejecutivo contra la 
                    industria azucarera. Constitución comenzó su decadencia 
                    luego que en los primeros años de la década de los ochenta 
                    se cerrara el ingenio de El Espinillar. Otras actividades 
                    productivas que se desarrollaron posteriormente en el área 
                    no lograron jamás tener el efecto generador de empleo que sí 
                    tuvo la agroindustria azucarera. Bella Unión fue conociendo 
                    la misma evolución desde 1992, año en que se firmaron los 
                    acuerdos del Mercosur, que determinaron una disminución de 
                    los aranceles que protegían el sector. La agroindustria de 
                    la caña de azúcar ocupaba hasta entonces trabajadores en 
                    forma permanente, lo cual no es común en el campo uruguayo, 
                    donde la mayoría de los empleos ofrecidos son zafrales.
                    
                    
                    
                     
                    
                    
                    Hoy la realidad es muy distinta, ya que el 
                    desempleo y la precarización laboral campean. En épocas en 
                    que el área plantada llegaba a las 10 mil hectáreas había 
                    2.000 trabajadores ocupados en el campo y 700 en el ingenio, 
                    durante siete meses.
                    
                    
                     
                    
                    
                    Actualmente hay 900 y 480 respectivamente, 
                    que trabajan apenas dos meses, tiempo de duración de la 
                    zafra.
                    
                    
                     
                    
                    
                    De todas maneras, en el seminario de Bella 
                    Unión quedó claro que existen alternativas.
                    
                    
                     
                     
                    
                    
                    Héctor Vicente
                    
                    
                    Diario La Juventud
                    
                    
                    22 de diciembre de 2004