Ahora la norma, que tiene el apoyo de gremios y empresarios,
seguirá su trámite parlamentario en la Cámara de
Diputados para una segunda revisión, ya que por allí
ingresó la iniciativa. El tratamiento del proyecto,
habitualmente denominado "de corresponsabilidad
gremial", ya había fracasado con anterioridad en tres
oportunidades por falta de acuerdo entre los bloques
parlamentarios y por la presión de sectores sindicales.
Pero esta vez, el oficialismo y la oposición se pusieron de
acuerdo para introducir cambios y poder llegar así a una
sanción por unanimidad.
La iniciativa tiene como objetivo reducir los índices de
trabajadores rurales contratados en negro, a partir de
promover convenios por los cuales asociaciones de
trabajadores con personería gremial y de empresarios
"suficientemente representativas" actúen como agentes de
retención de aportes patronales, obra social,
jubilaciones y seguro de desempleo, entre otros
servicios.
Si bien originalmente el proyecto sólo contemplaba que los
convenios podían ser promovidos por la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE),
los senadores ampliaron esa matriz. El secretario de
Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, dijo a LA
NACION que con este sistema se va a incentivar el
blanqueo de los trabajadores de actividades estacionales.
"Actualmente –dijo–, el empleador de este tipo de trabajos
tiene un régimen similar al general. Si se aprueba la
ley, el empleador va a tener una tarifa fija que se va a
pagar una vez que se venda el producto. Por ejemplo, si
contrata trabajadores para la zafra de la caña de
azúcar, va a pagar los aportes cuando venda lo que
cosechó."
El segundo cambio promovido por los senadores fue el que
condicionó a la aceptación del trabajador la inclusión
de la cuota sindical y del seguro de sepelio entre los
descuentos, conceptos que en la versión original eran
compulsivos. El presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich, dijo que
el proyecto busca "propender al blanqueo de los
trabajadores".
