México
Con Pascual Alvarado Martínez
La ley cañera va viento en popa
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Los productores de caña de azúcar y los industriales
de los ingenios intentan hacer aprobar una ley
específica para el sector que, por primera vez, apunta
a regular las relaciones entre ambos y a distribuir
zonas de influencia en relación con los subproductos
derivados de la materia prima |
-¿Por qué se promueve esta ley sobre la caña
de azúcar?
-Somos parte del sector agroindustrial que está conformado
por los productores de caña, los industriales y los
trabajadores de los ingenios. A partir del 14 de marzo de
2005 el gobierno federal derogó el decreto cañero de 1991 y
modificado en 1993 que regía las relaciones entre los
productores y los industriales. Nosotros teníamos un
proyecto de ley específica para la caña en discusión desde
hace cuatro años, y en virtud de la derogación del decreto
se impulsó la ley en la Cámara de Diputados donde fue
aprobada el 16 de marzo pasado. Ahora ha pasado a estudio de
la Cámara de Senadores.
-¿Cuáles son los puntos esenciales de esa
ley?
-En primer lugar habla de la seguridad y la certeza jurídica
que deben tener ambas partes, normatiza específicamente las
relaciones entre industriales y productores que el decreto
derogatorio quitó. Favorece la libre asociación de
organizaciones dándoles un mínimo de representatividad para
que puedan participar en la toma de decisiones tanto locales
como nacionales. También se estipula un plazo perentorio de
cuatro años para que lleguen al número mínimo de afiliados o
a la cantidad de producción de caña de azúcar requerida.
También se refiere a los subproductos de la caña que están
en manos de quien haga las inversiones, si es en el campo
les corresponde a los cañeros, si es en las fábricas les
correspondería a los industriales. Asimismo, deja abierta la
posibilidad para que en el momento en el cual a alguna de
las partes no les convenga la relación o alguna de las
normas, se puedan presentar para analizar en conjunto qué
habría que modificar o adaptar a fin de contemplar todos los
intereses. Esto implica que la normativa ya no dependerá del
Ejecutivo como hasta ahora, sino de una ley que es
específica para el sector. Quiere decir que el Presidente no
tendrá potestad de derogarla por sí mismo, y al haber pasado
por la aprobación parlamentaria tendrá apoyo de una mayoría
política.
-O sea que esa ley mejora la situación
previa.
-Para las dos partes, no sólo para los cañeros o los
industriales sino para ambos. Con esta ley tendremos mayor
certidumbre en el futuro, mayor seguridad en las reglas de
juego, un plan de desarrollo cañero por el que tanto hemos
peleado durante esto años. El gobierno federal deberá
elaborar un plan sexenal para la caña de azúcar.
-¿Están seguros los votos en el Senado?
-Bueno, en este momento tenemos algunos inconvenientes
porque la secretaría de Cultura sostiene que otra ley ya
aprobada con anterioridad contempla los planteos de la
nuestra, pero en realidad no es así, porque no regula las
relaciones entre productores e industriales sino que las
deja libradas a la buena fe. Cuando se trata de armonizar y
mantener intereses económicos no podemos guiarnos por la
buena fe sino por normas escritas, y hasta por la presencia
de un tercero que intervenga en los conflictos para
armonizarlos.
-¿Se especula con que el Presidente Fox
vetará esta ley?
-Eso es lo que suponemos que hará, lo que obligará a
regresar a la Cámara de origen y aprobarla con el 66% de los
votos en ambas Cámaras para levantar el veto. En Diputados
tenemos los votos suficientes, pero en el Senado el
oficialismo cuenta con un 36% de los votos, así que
tendremos que buscar la forma de negociar. Por ahora la ley
va muy bien y pensamos que el jueves próximo podemos estar
aprobándola en el Senado. Luego veremos qué hace el
Presidente.
Carlos Amorín
© Rel-UITA
18 de
abril de 2005