México

Con Pascual Alvarado Martínez

La ley cañera va viento en popa

 

Los productores de caña de azúcar y los industriales de los ingenios intentan hacer aprobar una ley específica para el sector que, por primera vez, apunta a regular las relaciones entre ambos y a distribuir zonas de influencia en relación con los subproductos derivados de la materia prima

 

  

-¿Por qué se promueve esta ley sobre la caña de azúcar?

-Somos parte del sector agroindustrial que está conformado por los productores de caña, los industriales y los trabajadores de los ingenios. A partir del 14 de marzo de 2005 el gobierno federal derogó el decreto cañero de 1991 y modificado en 1993 que regía las relaciones entre los productores y los industriales. Nosotros teníamos un proyecto de ley específica para la caña en discusión desde hace cuatro años, y en virtud de la derogación del decreto se impulsó la ley en la Cámara de Diputados donde fue aprobada el 16 de marzo pasado. Ahora ha pasado a estudio de la Cámara de Senadores.

 

-¿Cuáles son los puntos esenciales de esa ley?

-En primer lugar habla de la seguridad y la certeza jurídica que deben tener ambas partes, normatiza específicamente las relaciones entre industriales y productores que el decreto derogatorio quitó. Favorece la libre asociación de organizaciones dándoles un mínimo de representatividad para que puedan participar en la toma de decisiones tanto locales como nacionales. También se estipula un plazo perentorio de cuatro años para que lleguen al número mínimo de afiliados o a la cantidad de producción de caña de azúcar requerida.

También se refiere a los subproductos de la caña que están en manos de quien haga las inversiones, si es en el campo les corresponde a los cañeros, si es en las fábricas les correspondería a los industriales. Asimismo, deja abierta la posibilidad para que en el momento en el cual a alguna de las partes no les convenga la relación o alguna de las normas, se puedan presentar para analizar en conjunto qué habría que modificar o adaptar a fin de contemplar todos los intereses. Esto implica que la normativa ya no dependerá del Ejecutivo como hasta ahora, sino de una ley que es específica para el sector. Quiere decir que el Presidente no tendrá potestad de derogarla por sí mismo, y al haber pasado por la aprobación parlamentaria tendrá apoyo de una mayoría política.

 

-O sea que esa ley mejora la situación previa.

-Para las dos partes, no sólo para los cañeros o los industriales sino para ambos. Con esta ley tendremos mayor certidumbre en el futuro, mayor seguridad en las reglas de juego, un plan de desarrollo cañero por el que tanto hemos peleado durante esto años. El gobierno federal deberá elaborar un plan sexenal para la caña de azúcar.

 

-¿Están seguros los votos en el Senado?

-Bueno, en este momento tenemos algunos inconvenientes porque la secretaría de Cultura sostiene que otra ley ya aprobada con anterioridad contempla los planteos de la nuestra, pero en realidad no es así, porque no regula las relaciones entre productores e industriales sino que las deja libradas a la buena fe. Cuando se trata de armonizar y mantener intereses económicos no podemos guiarnos por la buena fe sino por normas escritas, y hasta por la presencia de un tercero que intervenga en los conflictos para armonizarlos.

 

-¿Se especula con que el Presidente Fox vetará esta ley?

-Eso es lo que suponemos que hará, lo que obligará a regresar a la Cámara de origen y aprobarla con el 66% de los votos en ambas Cámaras para levantar el veto. En Diputados tenemos los votos suficientes, pero en el Senado el oficialismo cuenta con un 36% de los votos, así que tendremos que buscar la forma de negociar. Por ahora la ley va muy bien y pensamos que el jueves próximo podemos estar aprobándola en el Senado. Luego veremos qué hace el Presidente.

 

 

Carlos Amorín

© Rel-UITA

18 de abril de 2005

 

  

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