Declaración internacional en contra de la
“Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible” (RSPO)

En defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y la Justicia Climática Irónicamente, el próximo 16 de octubre de 2008, Día Mundial de la Alimentación y de la Soberanía Alimentaria, dará comienzo en Cartagena (Colombia) una reunión para promocionar los monocultivos de palma aceitera, que justamente son la causa de múltiples violaciones del Derecho a la Alimentación y van en sentido contrario a la soberanía alimentaria en la medida que socavan el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de acuerdo con las condiciones de sus territorios y su cultura alimentaria.

La Primera Reunión Latinoamericana de la ‘Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible’ (RSPO, por sus siglas en inglés) es un encuentro de directivos de la Mesa Redonda y representantes de las empresas relacionadas con la agroindustria de la palma de aceite en América Latina que busca “adquirir la certificación correspondiente de la RSPO para poder llevar los aceites de palma, sus derivados y productos a los mercados internacionales principalmente”.1 Se trata de otro intento más de “lavado verde” de la agroindustria, vista toda la publicidad negativa que ha recibido en relación con la crisis alimentaria y en respuesta a la masiva contestación social y política en el mundo frente a los planes de expansión del actual modelo de producción de agrocombustibles.2

Desde Colombia, las organizaciones sociales y ambientales denuncian que "la RSPO busca legitimar un negocio lesivo que vulnera los derechos de las comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y campesinos). Al tiempo, provoca serios impactos sobre los territorios y el patrimonio natural por tratarse de una estrategia de mercado que busca viabilizar la comercialización de los productos derivados de la palma, generando mayores dividendos y no soluciones a los conflictos ocasionados. De hecho, ningún proceso de certificación puede garantizar tales soluciones.”

El aceite de palma es una materia prima estratégica en el sector de los agronegocios ya que es el aceite vegetal más comercializado y consumido en el mundo, como producto alimenticio, industrial y energético. Su producción para la exportación al mercado global (fundamentalmente UE, China, India, EEUU) se lleva a cabo en zonas tropicales, en un régimen de monocultivo a gran escala.

Las consecuencias negativas de los monocultivos de palma aceitera son una realidad no sólo en Colombia, sino también en Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya y Tailandia, así como en Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Costa Rica. Detallamos aquí algunos impactos:

Deforestación de bosques tropicales

Los monocultivos sustituyen bosques tropicales u otros ecosistemas, provocando una grave deforestación, que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, la consiguiente contaminación de los cursos de agua y la aparición de plagas por la ruptura del equilibrio ecológico y cambios en las cadenas alimentarias; además pone en peligro la conservación del agua, de los suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques diminuye sus funciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto.

El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las políticas gubernamentales de sustitución de bosques por plantaciones industriales de árboles -como la palma aceitera-, así como el avance de la frontera agrícola empujada por las plantaciones de monocultivos.

La expansión de la palma aceitera es la mayor causa de deforestación en Malasia e Indonesia. En ambos países, el nivel de deforestación ha aumentado dramáticamente en los últimos años, en paralelo a la expansión de la palma. En el caso de Malasia incrementó en un 86% entre 1990-2000 y entre 2000-2005, mientras las plantaciones de palma se extendieron hasta 4,2 millones de hectáreas. Indonesia, con la mayor superficie plantada con palma aceitera, tiene la cuota de destrucción de bosque tropical más alta del mundo.

Más Cambio Climático

Actualmente la deforestación en el mundo es la segunda fuente de contribución a los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera. La expansión de los monocultivos de palma aceitera se ha hecho en muchos países a costa de la degradación y quema de las turberas así como de la deforestación.

Diferentes estudios científicos3 alertan que la destrucción de las turberas4 supone al menos el 8% las emisiones mundiales de CO2 responsables del Cambio Climático. Se estima que por la degradación de turberas se emiten en el Sudeste asiático periódicamente entre 136 millones y 1,42 mil millones de toneladas de CO2, más las emisiones de la deforestación, la pérdida de carbono del suelo, el uso de fertilizantes nitrogenados, las emisiones de la maquinaria agrícola y la pérdida de sumideros de CO2. Las imágenes de satélite muestran los incendios forestales en Indonesia en las zonas de mayor almacenamiento de carbono en el suelo en ese país, producto de las prácticas de deforestación vinculadas a la producción de aceite de palma. El aceite de palma procedente de la deforestación se vende a empresas multinacionales como Unilever, Nestlé y Procter & Gamble, y a otras grandes marcas de la alimentación, cosmética y agrocombustibles.

Por otra parte, el aceite de palma está siendo utilizado para la producción industrial de agrocombustibles, en medio de la crisis del cambio climático provocada por la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Sin embargo el Gobierno sueco, entre otras muchas instituciones, reconoció en un estudio de la Autoridad Nacional de Carreteras que “incrementar la cantidad de biocarburantes importando aceite de palma podría aumentar las emisiones de CO2 en vez de reducirlas”.5

Amenaza para millones de indígenas

Según el Forum Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, 60 millones de indígenas en el mundo corren riesgo de perder sus tierras y medios de subsistencia por la expansión de plantaciones para producir agroenergía. De ellos, 5 millones se encuentran en Borneo (Indonesia), donde las comunidades indígenas están amenazados por los planes de expansión de las plantaciones de palma aceitera. Por otra parte, el Gobierno de Malasia ni siquiera reconoce los derechos territoriales ancestrales o indígenas, las plantaciones se están estableciendo en tierras reclamadas por comunidades indígenas y el Gobierno tiene previsto establecer otro millón de hectáreas de nuevas plantaciones de palma en tierras indígenas. Situaciones similares se repiten también en otros países.

El Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la deforestación y degradación de los bosques, la falta de reconocimiento por parte del Estado de los derechos territoriales así como del derecho de uso de los bosques y de otros recursos a los pueblos indígenas y otros pueblos que dependen de los bosques, como las comunidades afrocolombianas.

Como muestra, señalamos también el plan estratégico para la plantación de especies agrocombustibles sólo para el estado de Chiapas, México -punta de lanza y ejemplo nacional- que establece como superficie potencial en el estado de Chiapas, 900.000 has (7ª parte de la superficie estatal). Ya se han establecido al sur de la Selva Lacandona dos viveros para palma africana, los más grandes de América Latina. Este megaproyecto es calificado de ecocida y etnocida por permitir e impulsar la titulación individual y posterior privatización de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, conocidas en México como ejidos y bienes comunales.

Apropiación ilegal de territorios,
conflictos por la tenencia de tierra
y violaciones de los derechos humanos

La ocupación de los territorios por el monocultivo de palma se ha hecho a costa de los derechos de las comunidades locales y ha significado la destrucción de su tejido social, su cultura y los ecosistemas biodiversos, perjudicando así los medios de subsistencia de los que depende su vida. Comunidades indígenas, campesinas y de afrodescendientes han sido expulsadas violentamente o han sido forzadas a desplazarse. En ocasiones, mediante violencia del Estado u otros actores armados, engaños y presiones, terminan arrendando, vendiendo o perdiendo sus tierras.

En el caso de Colombia, la expansión del aceite de palma está relacionada con graves violaciones y abusos de los derechos humanos. ONGs internacionales en Colombia han documentado 113 asesinatos en la cuenca fluvial de Curvaradó y Jiguamiandó, en la región del Chocó, a manos de paramilitares que trabajan con compañías palmicultoras, para que éstas se adjudiquen tierras que legalmente pertenecen a comunidades afrocolombianas. Los grupos paramilitares operan con el apoyo de la Brigada 17 de la Armada Colombiana y son responsables de 13 desplazamientos forzosos. La estrategia paramilitar desarrollada en complicidad con la armada colombiana incluye bloqueo económico, asesinato selectivo, masacres y tortura. A pesar de las evidencias de la ilegalidad del establecimiento de las plantaciones de palma (como ha sido reconocido por la oficina del Fiscal General y del Defensor del Pueblo de Colombia; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.) y de la destrucción de vidas humanas, el gobierno colombiano no ha tomado medidas efectivas para prevenir esta situación o para restituir la tierra a las comunidades afro colombianas.

La expansión de monocultivos amenaza las vidas, tierras y costumbres de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas no solo en el Chocó sino también en Tumaco, Magdalena Medio, Vichada, Meta y las regiones amazónicas. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 200.000 personas son desplazadas cada año en Colombia, completando los 4 millones a lo largo de los 20 últimos años – la segunda tasa de desplazamiento más alta del mundo – con expropiación de más de 6 millones de hectáreas de tierras. La mayoría de los desplazamientos forzosos están directamente relacionados con cuestiones de tierras, lo que incluye la expansión de los monocultivos de palma.

En Indonesia los conflictos por la expansión de las plantaciones de palma han aumentado: las grandes empresas están expropiando ilegalmente a los agricultores y contratan vigilancia privada para imponer el estado de hecho. Sólo en 2006 se documentaron 350 conflictos agrarios y 1.753 casos de violaciones de Derechos Humanos.

También en Ecuador las plantaciones de palma aceitera provocaron la pérdida de bosques primarios únicos que constituían el territorio comunitario y ancestral de comunidades, acabando con sus fuentes de agua, alimentación, medicina, espiritualidad y cultura. En la actualidad, el Plan Agrario y Forestal del gobierno tiene previsto más de 450.000 h de palma, entre otros monocultivos para la producción de agrocombustibles, ocupando bosques tropicales y cultivos alimenticios en territorios indígenas, afroecuatorianos y de comunidades campesinas. Su derecho humano al agua será severamente violentado.

Aumento del uso de agrotóxicos

Los “Principios y Criterios para la Producción Sustentable del Aceite de Palma” del RSPO permiten el uso de plaguicidas muy tóxicos, que son extremadamente perjudiciales para la salud humana y ambiental. En su forma actual, los criterios sirven a los intereses de la industria de los plaguicidas y no a la salud de los trabajadores de las plantaciones de palma aceitera.

A pesar que se están denunciando desde hace años los efectos nocivos del uso de Paraquat (su mayor productor mundial es Syngenta) o Gramoxone sobre la salud de mujeres y hombres que trabajan en estas plantaciones de monocultivos de palma aceitera, cada año decenas de miles de trabajadores se contaminan con estos agrotóxicos, y muchos mueren al estar en contacto con estos plaguicidas extremadamente peligrosos.

Violación del Derecho a la alimentación
y la soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

La producción de aceite de palma en el actual modelo económico globalizado, de agricultura industrial –con monocultivos a gran escala- y al ritmo de los intereses económicos, supone una competencia con la producción de alimentos. No menos preocupante resulta la contra-reforma agraria que acompaña este modelo, en el cual grandes grupos industriales se hacen con el control de amplias extensiones de tierra, profundizando así la explotación laboral, la migración campo-ciudad, la pobreza, los conflictos sociales y las violaciones de los Derechos Humanos.

Actualmente hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que sufren hambre y desnutrición. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que hay unas 100 millones de personas más que no pueden comer debido al fuerte alza de los precios de alimentos en los últimos tres años. Las razones son complejas. Pero según un informe confidencial del Banco Mundial, los agrocombustibles han provocado una subida de hasta un 75% en el precio de los alimentos - mucho más de lo que se estimaba anteriormente. Y hay un claro consenso entre los organismos internacionales de que la creciente demanda de materias primas para agroenergía es un factor importante. También la OCDE concluyó que entre 2005 y 2007 “hasta un 60% del aumento de los precios de los alimentos respondía al uso de cereales y aceites vegetales para la industria de biocombustibles”.

El modelo agroindustrial acelera además el Cambio Climático y éste a su vez incrementa la pérdida de suelo fértil y, en consecuencia, las hambrunas. Podemos afirmar que no frenar esta dinámica supone aumentar deliberadamente el número de hambrientos en el mundo y los conflictos por la tenencia de la tierra, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, se han puesto en marcha mega-proyectos de palma aceitera para la producción de agrodiesel, provocando un acelerado cambio en el uso del suelo, que podría afectar la soberanía alimentaria de las zonas rurales, así como el desplazamiento de grandes contingentes de población campesina.6

¿Quiénes ganan con La Mesa Redonda
de Aceite de Palma Sostenible (RSPO)?

La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO), un proceso de certificación voluntaria promovido por grandes ONGs y la industria, es una iniciativa que va en contra de los intereses populares. Declaraciones de actores involucrados en la RSPO, como la Asociación de Productores de Palma de Indonesia (GAPKI), permiten ver claramente que es un instrumento de expansión del negocio de la palma y no una estrategia auténtica para contener sus impactos ambientales y sociales. Muchas de las empresas miembros de la RSPO siguen destruyendo grandes zonas de selva húmeda y violando derechos humanos, como es el caso de Wilmar International en la Isla de Bugala (Uganda) y en Indonesia, PT SMART, Agro Group e IOI Group en Indonesia, FEDEPALMA en Colombia, o Unilever en Indonesia, Malasia y Costa de Marfil.

Tal y como se presenta esta iniciativa de RSPO en Colombia, en cuanto a sus planteamientos y actores involucrados, es evidente que el interés principal de este proceso de la “sostenibilidad de la palma aceitera” es puramente comercial. No existe una auténtica intención de contener sus impactos sociales y sobre los derechos humanos, sino que silencia los graves crímenes, las irregularidades y el control paramilitar relacionados con el agronegocio de la palma aceitera.

Rechazamos la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO) porque:

• Los principios y criterios que propone la RSPO para la definición de sostenibilidad incluyen a las plantaciones a gran escala.

• La RSPO está diseñada para legitimar la expansión continua de la industria de la palma aceitera.

• Cualquier modelo que incluya la conversión de hábitats naturales a monocultivos a gran escala no puede, por definición, ser sostenible.

• La RSPO está interesada en el crecimiento económico y la ampliación de mercados del sector de aceite de palma, pero no en la sostenibilidad social y ambiental.

• La RSPO está dominada por la industria y no se consulta genuinamente a las comunidades afectadas.

• La participación de las ONG en la RSPO solamente legitima un proceso inaceptable. Grandes organizaciones, entre ellas el WWF, impulsan y avalan este proceso que no solamente no da respuesta a los problemas reales de las poblaciones afectadas del Sur sino que los agrava.

• El esquema de la RSPO posibilita que las empresas certifiquen plantaciones individuales eludiendo la evaluación integral de toda su producción. La plantación “estrella” les permitiría mostrarse como “ambientalmente responsables” aunque actúen de manera social y ambientalmente irresponsable. Esto ya ha sucedido en el pasado con otros sistemas de certificación de plantaciones industriales de árboles, como es el sistema de certificación forestal del FSC.

• La RSPO es tan solo un intento más de disfrazar y negar la realidad, así como de dar un “maquillaje verde” que haga aparecer como “responsable” a un modo de producción que es intrínsecamente destructivo y ambiental y socialmente insustentable.

Denunciamos asimismo que, sin prestar debida atención a todos los impactos de dimensiones incalculables, la Unión Europea y otros organismos e instituciones pretenden elaborar criterios formales de sostenibilidad para la producción de materias primas para agrocombustibles. Sin embargo, el cultivo de palma aceitera, como todos los monocultivos agroindustriales, NO ES ni puede ser NUNCA sostenible.

Muchos daños provocados por la agroindustria de la palma aceitera en los países tropicales son ya irreparables. A pesar de eso, mediante esta declaración reclamamos:

• La paralización total de nuevas deforestaciones y conversiones de uso del suelo para el cultivo palma aceitera; no destruir ni una sola hectárea más de ecosistemas naturales.

• La cancelación de las relaciones comerciales de las empresas compradores de aceite de palma con proveedores que destruyen los bosques y turberas, y que son responsables o beneficiarios de violaciones de los Derechos Humanos.

• La protección de los derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas afectados por plantaciones de monocultivos a gran escala.

• Garantizar la reparación integral de los daños humanos y ambientales generados por la imposición de los monocultivos a gran escala y por las violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado y empresas privadas. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas.

• Que se resuelvan todos los conflictos de tierras existentes vinculados al monocultivo de la palma, lo que implica restituir inmediatamente las tierras ancestrales a las comunidades afrocolombianas e indígenas afectadas por las plantaciones de monocultivos, e implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

• Que se respeten los derechos de las comunidades locales sobre sus tierras y territorios.

• Que se escuchen, atiendan, contesten y resuelvan los procesos judiciales, denuncias y otros reclamos iniciados por parte de las comunidades afectadas

• No permitir más que las organizaciones de lobby de los agronegocios, como es el caso de esta RSPO, sirvan para justificar la expansión indiscriminada del cultivo de la palma ni para garantizar un alto nivel de agronegocio, beneficiando a las grandes empresas a costa del futuro de los pueblos y el planeta.

• Una moratoria inmediata para los incentivos, de la UE y de otros, a los agrocombustibles y la agroenergía producto de monocultivos extensivos, incluidas las plantaciones de árboles, y una moratoria a las importaciones. Esto incluye la suspensión inmediata de todos los porcentajes obligatorios y de incentivos tales como las exenciones de impuestos y las subvenciones que benefician a los agrocombustibles procedentes de monocultivos, incluidas las financiaciones a través de mecanismos de negociación de carbono, de ayuda internacional al desarrollo o de créditos otorgados por Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial.

Estamos a tiempo de cambiar de forma radical nuestra forma de producir, transformar, comercializar y consumir productos agrarios y ganaderos. Para ello debemos, por ejemplo:

• Detener la producción industrial de alimentos que está contribuyendo al cambio climático y a la destrucción de las pequeñas comunidades rurales.

• Acabar con la privatización de los recursos naturales.

• Desmantelar las empresas de agronegocios, la especulación financiera con las materias primas y las políticas económicas y comerciales responsables de la crisis (y emergencia) alimentaria.

• Reemplazar la agricultura industrializada por la agricultura campesina y familiar sustentable apoyada por verdaderos programas de reforma agraria.

• Impulsar políticas energéticas sostenibles. Consumir menos energía y producir localmente energía solar y eólica y biogás en lugar de promocionar los agrocombustibles a gran escala, como es el caso actualmente.

• Implementar políticas de agricultura y comercio a nivel local, nacional e internacional, que apoyen a la agricultura campesina sostenible y al consumo de alimentos locales y ecológicos. Esto incluye la abolición total de las subvenciones que llevan a la competencia desleal mediante los alimentos subsidiados.

Udine, Italia, 28 de Septiembre de 2008

Red de Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado
(red internacional Norte-Sur)