Luego de casi cinco meses de su asunción, el gobierno
del presidente Óscar Berger acaba de enfrentar su primera
medida de protesta fuerte. Nadie desconocía de dónde procede
ideológicamente esta administración, y si bien ganó con una
relativa holgura de votos en las elecciones de diciembre
pasado, las expectativas de cambio fueron siempre bastante
relativas. En realidad, manipulación mediática mediante, el
principal punto con el que se mercadeó su imagen y con la
que se mantuvo los primeros tiempos posteriores a su toma de
posesión fue la lucha contra la corrupción; en especial, con
dedicatoria al gobierno saliente, el partido militarista del
ex dictador Efraín Ríos Montt.
De todos modos, las estructuras socioeconómicas y
políticas básicas que definen la historia del país
centroamericano, aquellas que se encuentran a la base de la
guerra interna que lo conmocionó por espacio de casi cuatro
décadas -enmarcado a su vez en la lógica del enfrentamiento
Este/Oeste de la Guerra Fría- no se han tocado desde la
firma de los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto
armado en 1996. No las tocaron las dos administraciones que
se sucedieron luego de esa histórica firma, y nos la tocará
-todo así lo indica- el actual gobierno de Berger. Por el
contrario, si bien en términos cosméticos se hizo un
"relanzamiento" de esos acuerdos apenas iniciado el actual
gobierno y se convocó a algunas figuras de la izquierda para
ocupar algunos cargos (por cierto no los vitales) como, por
ejemplo, la Premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú, la
situación real de pobreza y exclusión se mantuvo, e incluso
se acrecentó en estos últimos meses.
Para decirlo sin ambages: la presente administración
representa los intereses directos de la gran oligarquía
vernácula, imbuida ahora del discurso neoliberal imperante y
funcional a Washington. En estos cortos meses de gestión,
más allá de una cierta "buena letra" con que inició, no se
ha visto una sola medida con intención popular. La pobreza
crece. Aunque no es, obviamente, producto del gobierno de
Berger, el actual elenco gobernante no ha dado ningún paso
concreto en dirección a aliviar esa situación; por el
contrario, las medidas emprendidas no favorecen a las
grandes mayorías: no hay solución al problema agrario, sigue
el alza de impuestos impopulares, se firmó el Tratado de
Libre Comercio favoreciendo al gran capital tanto nacional
como multinacional.
Hoy por hoy en Guatemala la mitad de su población
sobrevive con algo más de un dólar diario, y cerca de dos
millones de habitantes (de trece que tiene todo el país)
reciben menos de un dólar por día. La pobreza y la pobreza
extrema se dan fundamentalmente en la población maya (el 60
% del total), en zonas rurales o urbano-marginales. Las
zonas más castigadas son los territorios donde más golpeó la
pasada guerra interna, por cierto de origen maya. La
concentración de la riqueza es realmente notoria; unos pocos
grupos económicos detentan la tajada mayor de la renta
nacional con contrastes ultrajantes: al lado de los
anteriores índices de pobreza (con un 38 % de analfabetismo,
con tasas de desnutrición crónicas similares al Africa sub-sahariana,
con una falta de agua potable alarmante) Guatemala es el
país del mundo con mayor consumo per capita de automóviles
Mercedes Benz y de avionetas particulares. Las veinte
familias más ricas tienen un promedio de ingreso mensual de
21.000 dólares cada una; y comparativamente son las que
pagan menos impuestos.
El problema de la tenencia de la tierra es un cuello
de botella histórico. Ello no nació con el gobierno de
Berger, sin dudas -lleva cinco siglos-, pero en estos cinco
meses transcurridos no se ha hecho nada con miras a buscar
soluciones reales, más que encuentros multipartitos que
terminan diluyéndose. Los grandes agroexportadores
tradicionales -ahora cafetaleros y azucareros, antes
productores de añil, todos en la lógica de la gran propiedad
y la mano de obra semi esclava- poseen las mejores tierras,
y la población indígena se ha visto y se sigue viendo
confinada a los terrenos más escarpados, menos productivos,
con economías de subsistencia en minúsculas parcelas.
En ese marco la toma de fincas es una respuesta
desesperada de la población campesina que no encuentra
salida a su situación de miseria histórica ni propuestas
viables por parte de un Estado excluyente, históricamente
racista y capitalino. En los primeros cinco meses del año
las instituciones estatales realizaron 39 desalojos, 23 de
ellos en forma especialmente violenta, afectando a alrededor
de 1.500 familias y emitiendo decenas de órdenes de captura
y multas imposibles de pagar para campesinos pobres. En esos
desalojos se usó la fuerza bruta en forma alevosa,
habiéndoselos realizado de noche, en algunos casos
acompañados de policías privados, con quema de casas, de
sembradíos y de animales de crianza de la población
expulsada, todo lo cual recuerda las prácticas de tierra
arrasada desarrolladas durante la guerra como parte de la
estrategia contrainsurgente. Todo ello, lejos de acercar
soluciones, ha agudizado la conflictividad agraria.
A lo que se suman, además, los despidos injustificados
de trabajadores del Estado, el congelamiento en los montos
salariales a partir de resoluciones arbitrarias de la Corte
de Constitucionalidad, la tolerancia cómplice ante el alza
inmoderada de los precios de consumo básico provocadores de
una aceleración del empobrecimiento de la población, así
como la imposición por medio de maniobras demagógicas de un
paquete tributario que afecta a las grandes mayorías y
favorece a las minorías del poder económico (por ejemplo:
impuesto al aguinaldo), y la firma a espaldas de la sociedad
civil -y contra numerosas denuncias que llamaban a no
aceptarlo por la pérdida de soberanía y el empobrecimiento
que implica- del Tratado de Libre Comercio con el gobierno
de los Estados Unidos.
Para protestar por ese estado de cosas, las
organizaciones campesinas y populares llamaron a una medida
de hecho para los días 8 y 9 de junio. Pero la protesta duró
menos de lo previsto.
Miles de trabajadores, campesinos e indígenas
bloquearon desde horas de la mañana del día martes 8 las
principales carreteras y los pasos fronterizos con El
Salvador, Honduras y México y colocaron tapones en las
entradas de algunas cabeceras departamentales y algunos
municipios del país. Entre tanto, cientos de trabajadores de
los mercados cantonales, vendedores del sector informal y
estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos, que se
unieron a la protesta, iniciaron una masiva marcha en el
centro de la ciudad capital, donde provocaron un gran
congestionamiento de tránsito.
Las reivindicaciones planteadas concretamente fueron:
frenar las alzas a los productos de la canasta básica y a la
energía eléctrica, aprobar una ley de catastro sobre tierras
ociosas y no ratificar el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos.
Ante el grado de paralización del país y de la
respuesta popular obtenida con la medida de fuerza, al cabo
del primer día de huelga el presidente Berger buscó el
diálogo con los huelguistas; producto de ello se comprometió
a que su bancada en el Congreso (la Gran Alianza Nacional,
GANA) no impulsará "en su versión original" la aprobación
del paquete fiscal que desató las protestas, junto al alza
de precios, los desalojos campesinos y otras acciones.
Según explicó el vicepresidente, Eduardo Stein, el
mandatario accedió a que la iniciativa de ley tributaria no
incluya el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del
12 al 15 por ciento, ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
para quienes devengan anualmente hasta 36 mil quetzales
(cuatro mil 500 dólares), tal como demandaron sectores
sociales, ni tampoco avalará que se graven las
bonificaciones y prestaciones laborales como aguinaldos.
En el conflictivo tema agrario el gobierno central se
comprometió a promover un análisis de los artículos del
Código Penal relacionados con los delitos de usurpación y
usurpación agravada, ante la presunción de que estén siendo
tipificados y aplicados indebidamente. Por ello, en 90 días
el ente encargado del conflicto de las tierras, CONTIERRAS,
deberá analizar las causas de los conflictos agrarios y para
ello se crearán los mecanismos que le permitan presentar
propuestas de iniciativas de ley y políticas públicas para
resolver los pleitos de manera sostenible. Además, en 15
días CONTIERRAS podría entrar a solucionar casos concretos
de esos litigios, a partir de las facultades y fondos que
tiene del Ministerio de Agricultura.
Por otro lado, el Ejecutivo afirmó que a partir de
julio próximo divulgará ampliamente los contenidos del
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados
Unidos a toda la población y en todas las lenguas indias,
con el fin de que se conozcan los pro y contra de ese pacto,
que fue uno de los desencadenantes del paro.
Ante estas ofertas, las organizaciones promotoras de
la huelga decidieron levantar la medida de fuerza prevista
para el segundo día de protesta, el miércoles 9 de junio,
considerando entonces exitosa la iniciativa, y a la espera
atenta de ver si el Poder Ejecutivo comienza a dar respuesta
a los compromisos asumidos. En otros términos: el beneficio
de la duda.
Lo que queda claro es que la población rural de
Guatemala lleva siglos oyendo promesas, pero sólo es tenida
en cuenta cuando se organiza y alza la voz.
Marcelo Colussi
Convenio La Insignia / Rel-UITA
10 de junio de 2004
