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El
alza internacional de los precios de los alimentos puede
abrir un camino de desarrollo para la agricultura familiar
campesina si los países le suministran apoyos efectivos, en
el marco de políticas de largo plazo, plantean diversos
actores.
El encarecimiento de los productos agrícolas, que comenzó en
2002, se explica por diversos factores. En una primera etapa
por la demanda de países con gran cantidad de pobres que
empezaron a alimentarse mejor, como China e India,
y la revisión de las proyecciones de consumo de maíz para
producir etanol en Estados Unidos. En 2005 y 2006
influyeron las sequías, inundaciones y heladas, y hoy
estamos frente a un movimiento especulativo derivado de la
caída del dólar, cuyo término es difícil de prever, aseguró
a IPS José Graziano da Silva, director regional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). Para Martine Dirven, jefa
de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), se proyectan
valores relativamente altos durante los próximos 15 a 20
años.
Aunque no hay una definición única de agricultura familiar
campesina, explicó Dirven a IPS, se le asocian
tres características: trabajo familiar, ausencia de
empleados permanentes y logro de ingresos suficientes para
su reproducción. Lo "campesino" se relaciona con un "modo de
vida, que incluye valores especiales respecto a la tierra",
acotó. Según la CEPAL, 80 por ciento del total de las
explotaciones agropecuarias de la región estarían en manos
de agricultores familiares. Si bien desde de 1990 hubo una
reducción de la pobreza e indigencia rural, la mayoría de
los agricultores por cuenta propia han registrado un
descenso de ingresos, drástico en algunos países, con
excepción de Chile, Paraguay y Colombia,
afirma Dirven en una publicación de 2007.
¿Puede la actual coyuntura de carestía de alimentos
convertirse en una oportunidad para la agricultura familiar
campesina? Dirven y Da Silva consideran que un
obstáculo mayor es que las ganancias no se reparten de igual
forma entre los distintos componentes de la cadena
productiva. "El sector intermediario no agrícola es el que
más ha ganado, sobre todo los mayoristas", aseguró Da
Silva. En aquellos casos en que efectivamente haya un
impacto positivo en los ingresos de los pequeños, apunta
Dirven, "también hay un impacto en los gastos, por lo
que su situación no mejora en sí". Una de las tendencias con
consecuencias negativas sobre la pequeña agricultura es la
"concentración cada vez mayor de los agentes en la
transformación y comercialización de los productos agrícolas
(sobre todo agroindustrias y supermercados)", indica
Dirven en su estudio. En este escenario, los productores
asociados aparecen con mejores oportunidades.
Según Da Silva, para aprovechar el actual momento los
países deberían "tener una política de incentivo a la
producción de alimentos, sobre todo de los más pequeños". A
su juicio, hay tres herramientas clave para ello: créditos
blandos, compras de alimentos para garantizar mercados y
generar "stock mínimos" y adquisición directa a los
agricultores familiares para distribuir a los más pobres.
Dirven también plantea la posibilidad de entregar un
subsidio a la agroindustria para que se abastezca de la
agricultura familiar campesina.
En Brasil existe un Programa de Adquisición de
Alimentos producidos por agricultores familiares, que
asegura acceso de las familias pobres a la alimentación,
merienda escolar y abastecimiento de hospitales, creando un
mercado sólido para el sector. Esto es muy significativo en
la pobre zona Nordeste del país. Según el último censo
agrícola de 1995-1996, en Brasil hay 4,2 millones de
unidades familiares agrícolas, con dos millones de familias
en situación de pobreza. "El alza de precios favorece la
agricultura familiar sin un efecto inflacionario muy
significativo en Brasil, porque la oferta es firme",
dijo a IPS João Luiz Guadagnin, director de
Financiamiento y Protección a la Producción Agrícola del
Ministerio de Desarrollo Agrario. Los pequeños productores
de leche se han visto especialmente beneficiados, acotó.
Entre las políticas brasileñas de apoyo está el Programa
Nacional de Fortalecimiento a la Agricultura Familiar (Pronaf),
que ha otorgado 1,9 millones de contratos de créditos
blandos por 5.000 millones de dólares en 2007. También hay
seguros contra daños climáticos y un Programa de Garantía de
Precios para la Agricultura Familiar, que compensa cuando
los precios caen por debajo del costo de producción.
En Chile existen cerca de 300.000 pequeñas
explotaciones agrícolas -que representan más de 80 por
ciento del total-, suministran 45 por ciento de las
hortalizas de consumo interno, 43 por ciento del maíz, trigo
y arroz, y 40 por ciento del ganado bovino (carne y leche),
según el Ministerio de Agricultura. "Sería irresponsable
decir que no hubo avances, pero no los esperados. Los
problemas de la agricultura son demasiados para los apoyos
que está teniendo", aseguró a IPS Rigoberto Turra,
presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile (Mucech). Las principales deudas del gobierno
son "mayor capacitación a los agricultores, fortalecimiento
técnico de las organizaciones campesinas y ayuda para la
comercialización internacional de los productos", acotó el
dirigente de Mucech, que agrupa a unos 180.000
agricultores por cuenta propia y asalariados.
El director ejecutivo de la no gubernamental Oficina
Coordinadora de Asistencia Campesina (OCAC), Iván
Radovic, coincidió con Turra en que los subsidios
y ayudas del gobierno son "insuficientes" y no hay una
"política agresiva" que permita a la agricultura familiar
campesina dar un salto al desarrollo. El ministro interino
de Agricultura, Reinaldo Ruiz, señaló a IPS
que "no comparte" esas opiniones porque a su juicio el país
ha dado un "apoyo permanente" al sector. El alza de los
precios es "una buena noticia para nuestros productores",
sobre todo para los pequeños que abastecen el mercado
interno, pero "vemos con preocupación el aumento que también
han tenido los valores de los insumos (como fertilizantes),
lo que hace disminuir sus márgenes de ganancias", dijo
Ruiz. Por ello, la cartera ha pedido a la Fiscalía
Nacional Económica que investigue una eventual colusión
entre los proveedores. También puso a disposición de
consumidores y productores información semanal de precios
hortifrutícolas en supermercados y ferias libres en su sitio
Web. Mucech demanda asesoramiento jurídico a los
campesinos para que puedan mejorar sus precios de venta en
negociaciones con intermediarios y supermercados. Ruiz
confirmó que ya se está trabajando en ello.
En Ecuador, 91 por ciento de las 843.000 fincas
agropecuarias son familiares, según datos de 2000, y suelen
vender sus cosechas a grandes comercializadores, los
principales beneficiados por la coyuntura de precios. Los
productos que más han subido son la harina y el arroz. Para
apoyar a la agricultura familiar, el gobierno dispone de
créditos blandos a través del Banco de Fomento,
refinanciación de deudas y la organización de ferias de
venta directa al público para eliminar intermediarios.
Según datos oficiales de Argentina, más de 66 por
ciento de las explotaciones agropecuarias de ese país son de
agricultura familiar. Se trata de unas 150.000 unidades
productivas, que ocupan 23 millones de hectáreas, producen
20 por ciento del valor bruto de la producción y 53 por
ciento del empleo rural. Pero más de la mitad tiene
problemas para su reproducción familiar. Consultado por
IPS sobre si el encarecimiento de los productos
benefició al sector, Diego Montón, del Movimiento
Nacional Campesino, dijo que "no, todo lo contrario. Desde
hace 30 años no tenemos ningún beneficio. Todas las
políticas del Estado están dirigidas a fomentar los
agronegocios, y la agricultura familiar no hizo más que
retroceder, muchos (agricultores) fueron directamente
expulsados de sus tierras", indicó el agricultor de
Lavalle, en la occidental provincia de Mendoza.
"El único eje que se tiene en cuenta -desde el Estado- es la
rentabilidad, no se considera la vida comunitaria. Los
gobiernos casi no tienen políticas para nosotros. Sólo cinco
por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura
es para planes asistenciales para nuestro sector, pero no
para una política transformadora, sino pequeños subsidios
que no producen cambios estructurales", recalcó.
A juicio de Dirven, cualquier apoyo a la agricultura
familiar debe estar enmarcado en una política agrícola y de
desarrollo rural con visión a 50 años. Los gobiernos
deberían apostar especialmente a la renovación generacional
en el campo, sostuvo.
Daniela
Estrada*
IPS
23 de
abril de 2008
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