Desde hace muchos años Maggi Balbuena es una activa luchadora por los derechos de las mujeres campesinas desde el lugar que ocupa en la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI). Firme y crítica, habla sin pelos en la lengua y cuestiona duramente al gobierno paraguayo por ignorar los reclamos campesinos y tildar a sus dirigentes de delincuentes y guerrilleros, antes que tratarlos como ciudadanos con derecho a acceder a una vida digna.

 

 

Desde la enorme casona céntrica de paredes humildes que sirve de albergue a la CONAMURI y a la cual llegan a diario mujeres rurales e indígenas desde todos los rincones del país en busca de cobijo y asesoramiento para organizarse, defenderse y reclamar sus derechos, Maggi Balbuena lanzó duros cuestionamientos a la actual política anti campesina impulsada por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

 

Sentada a un costado de otra luchadora incansable, Petrona Villasboa, madre de Silvino Talavera, el niño que murió intoxicado con agroquímicos, Maggi manifestó que la dirigencia campesina paraguaya se siente en estos momentos en un callejón sin salida, porque ya no encuentra “puertas a las que tocar” para acceder hasta los más altos niveles del Poder Ejecutivo, para plantear la terrible situación que afecta a los hombres y mujeres del campo.

 

“En vez de dar respuestas a nuestros pedidos y de buscar una solución viable para la grave situación económica que soporta la agricultura, el gobierno prefiere amedrentar a los grupos campesinos, acusándolos de guerrilleros y desestabilizadores de la democracia”, sentenció vehemente la dirigente.

 

Balbuena alega que la dirigencia campesina es perfectamente consciente de que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, probablemente no encontrarán respuestas viables y contundentes a los innumerables reclamos presentados por los labriegos. Por eso no se cansó de cuestionar duramente la gestión de Duarte Frutos, a quien acusó de “poner en marcha una estrategia de persecución a las organizaciones campesinas y a los grupos políticos de izquierda, buscando amedrentarnos para evitar atender nuestros reclamos que son urgentes, porque el campo es un sector vital para el país”, aseveró Maggi.

 

La dirigente expresó que los campesinos no se casan de reclamar y esperar respuestas oficiales que puedan aliviar la pesada carga que representa la dura crisis económica que los golpea generando más pobreza en las zonas rurales del país, lo que obliga a los agricultores a emigrar a los centros urbanos, en donde también sufren marginación y penurias de todo tipo.

 

Maggi también cuestiona la política de persecución a los grupos campesinos implementada por Duarte Frutos tiene por fin extinguir a las organizaciones del campo y seguir así postergando una reforma agraria integral y de mayores oportunidades para seguir desarrollando la producción agrícola.

 

Persecución y hostigamiento

 

Desde hace tres años, el actual gobierno viene ejecutando una serie de variantes persecutorias hacia los labriegos, especialmente de aquellos que se encuentran organizados, mediante la implementación desde el Ministerio del Interior de las llamadas Guardias Urbanas, grupos compuestos por civiles armados que tienen luz verde para controlar, perseguir y sojuzgar a los pobladores de zonas rurales con el fin de evitar que los mismos se organicen y reclamen respuestas a su demandas sociales.

 

Estos grupos civiles están generalmente conformados por personas con dudosa moralidad, muchas de ellas son operadoras políticas del partido de gobierno, cuentan con antecedentes criminales o no gozan de muy buena reputación en sus comunidades.

 

Petrona Villasboa, madre de Silvino Talavera, denunció que uno de los asesinos de su hijo, Alfredo Lauro Laustenlager, que afronta una sentencia apelada de dos años de cárcel por la muerte del niño, así como los sospechosos de la muerte de su hermano Serapio, también forman parte de estos peligrosos escuadrones que siembran el miedo y el terror en las comunidades agrícolas sopretexto de mantener el orden y la seguridad de sus pobladores.

 

Maggi calificó como “vergonzosa” esta nueva metodología gubernamental y criticó el hecho de que muchos criminales o sospechosos de haber cometido delitos sigan libres “caminando por las calles cual si fuesen grandes señores”. La dirigente campesina también señala a algunos fiscales quienes, según afirmó, estarían en contubernio con los criminales haceiendo la vista gorda a las denuncias de abusos, muertes o asesinatos cometidos en contra de los campesinos y sus familias.

 

 “Nosotros calificamos como muy grave la situación de desprotección e inseguridad que afronta el país, y rechazamos la política impulsada desde el Estado de criminalizar la lucha campesina”, reafirmó la líder rural.

 

Añadió que el gobierno se burla de la pobreza de la gente y acusa a la dirigencia campesina y a las organizaciones sociales de constituirse en nidos de terroristas y guerrilleros, de albergar a ladrones y a personas peligrosas, “resulta inverosímil que en vez de atender nuestros reclamos, nos acuse”. Maggi es consciente que toda esta coyuntura es un simple mecanismo utilizado por el gobierno para desviar la atención pública de la difícil situación que se vive en el campo.

 

Sin embargo, la violencia y la falta de seguridad en las zonas rurales es uno de los aspectos que más preocupa actualmente a la dirigencia campesina. Balbuena explica que cada día que pasa estos grupos ejercen más violencia en defensa abierta de los intereses de los terratenientes.

 

“Tememos que estos grupos sigan generando problemas muchos más graves en las comunidades del interior, que se produzcan más muertes de dirigentes campesinos y tengamos que afrontar mayores gastos con los procesos judiciales, que a la vez pueden generarnos más conflictos por causa de la gente perseguida, desalojos de campesinos de sus tierras...”.

 

Sin duda, aseveró, si esta situación se agudiza, la crisis social y política en el campo empeorará irremediablemente. “Lastimosamente, esta coyuntura es promovida por el gobierno de Nicanor”.

 

Semillas transgénicas

 

Los problemas campesinos se agravaron en el último tiempo, no sólo por el total abandono estatal al pequeño productor, sino por la extensa sequía que asola el país desde principio de año y afectando gravemente los cultivos. “El algodón no crece más”, se lamentó con pesar Maggi.

 

Al mismo tiempo fustigó los “ensayos” que el gobierno realiza desde el Ministerio de Agricultura, con el fin de adaptar las semillas de algodón transgénica para los próximos cultivos. Los agricultores se resisten a esta “innovación”, más aún después de ser testigos de los resultados negativos obtenidos con el último cultivo tempranero de una variante de la soja transgénica que no resistió la sequía. La consecuencia fue que se perdió la cosecha de miles de hectáreas y ahora los productores sojeros están solicitando “comprensión” a la Monsanto para que otorgue mayores plazos para el pago de los royalties por el derecho de las semillas utilizadas en los cultivos.

 

Este tipo de “experimentos” sólo generará más empobrecimiento en el sector rural, alegó Balbuena, porque los campesinos quedarán más endeudados luego del fracaso de sus cosechas y no podrán recibir nuevos créditos por no haber podido pagar el anterior. “Este es otro claro indicador de que el campo realmente está mal, sin rumbo”.

 

Entregados a las multinacionales

 

Balbuena también criticó al Ejecutivo por demostrar un evidente desinterés por que el pueblo alcance un cierto nivel de bienestar económico. Sentenció que con su desinterés, Nicanor está prácticamente entregando las riquezas del país a las multinacionales al impulsar el cultivo desmedido de la soja transgénica, cuyo expansión podría llegar a ocupar unos 4 millones de hectáreas en 2008, lo que podría significar la destrucción parcial de las últimas 1.800.000 hectáreas de floresta navita que aún subsisten en la Región Oriental del país.

 

“Duele observar cómo el gobierno deja las puertas abiertas al agronegocio, a las transnacionales. Es muy duro para la población rural ver cómo el gobierno está persiguiendo, acusando, acosando y amedrentando a los campesinos sin tener ninguna respuesta concreta y viable a sus reclamos sociales”. “Estamos retornado a una época que creíamos olvidada y a la cual ya no queremos volver, la época en que el pueblo no tenía voz y era obligado a callar para no morir, como cuando gobernaba el dictador Alfredo Stroessner”. Lo cierto y lo concreto es que el gobierno paraguayo no está preparado para otorgar respuestas a los innumerables reclamos campesinos, pues no cuenta con planes sociales ni económicos viables a corto plazo, por lo que la situación relatada por Maggi Balbuena refleja perfectamente la desprotección, el desamparo y el abandono en que está inmerso el campesinado paraguayo que, cada vez con más frecuencia, encuentra las puertas del gobierno cerradas para plantear sus problemas.

 

 

En Asunción, Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

3 de julio de 2006