Durante un foro sobre transgénicos,

especialistas enumeran los errores de la normativa

Este 2 de mayo entró en vigor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, que promoverá el desarrollo de los transgénicos en México en beneficio de grandes trasnacionales y en perjuicio de los consumidores, campesinos e indígenas, advirtieron ayer especialistas.

En el foro sobre este tema, organizado por La Jornada y Casa Lamm, hubo coincidencia en que esa legislación tiene al menos 10 fallas importantes y abre la puerta a la producción y cultivo de esos productos, a pesar de que aquí se han presentado casos de contaminación, como el ocurrido en los cultivos tradicionales de maíz en 2001 en la sierra Juárez de Oaxaca, y de que aún no se conocen los efectos de esos alimentos en la salud humana y en la biodiversidad.

Melina Hernández, representante de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, expuso que el maíz tiene una historia de 10 mil años y que en Tehuacán y Oaxaca se encuentran las variedades más antiguas; esos sitios fueron en los que se dio la "contaminación" con maíz transgénico.

Agregó que tan sólo en su comunidad existen cuatro variedades: maíz blanco, amarillo, negro y pinto, cada uno de sabor diferente y con usos medicinales. Agregó que la causa de la contaminación fue la presencia de maíz transgénico, proveniente de las importaciones de Estados Unidos que comercializó Diconsa en la zona. "Para los indígenas no hay diferencia entre grano y semilla, y por falta de información se cultivaron transgénicos, los cuales se encontraron en nueve estados más", aseveró.

"El propósito de la ley es facilitar el camino a las trasnacionales y más que proteger la diversidad biológica y a la población, lo que hace es facilitar el desarrollo de los cultivos a Monsanto y las grandes empresas. En Argentina y Brasil la contaminación transgénica -de soya- fue la vía para la propagación de los transgénicos; aquí se buscó hacer lo mismo", señaló. Monsanto es la empresa más importante de productos modificados genéticamente en el mundo, los cuales son alimentos o granos a los que se les introduce un gen de una especie diferente o se modifica su estructura genética para lograr un fin específico.

En su turno, Alejandro Nadal, investigador del Colegio de México y colaborador de La Jornada, sostuvo que más que una ley de bioseguridad, la legislación aprobada en el Senado el 14 de febrero es de fomento a la biotecnología, rubro al que dedica un capítulo entero. El especialista enumeró algunas fallas de la ley, entre las que destacó que al plantear las zonas libres de transgénicos, más que hacer que estos cultivos sean una excepción, convierte en "régimen de excepción la existencia de las zonas libres" de esos productos.

Agregó que sobre el etiquetado quedó una ambigüedad, en torno a si todos los alimentos que contengan esos productos deben tener la etiqueta, pero al ser una ley de orden público ese aspecto deberá ser obligatorio; en cuanto al aspecto del régimen de responsabilidad y reparación de daños explicó que quedó establecido como responsabilidad civil, lo cual exime de culpa a la empresa o al agricultor en caso de generar contaminación a otros predios.

Coincidió en que esta normatividad no da seguridad al público y al consumidor, "sino a las empresas y a productores de esas semillas", pues se trata de una legislación "de penetración del mercado. Busca romper el callejón sin salida de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea en el seno de la Organización Mundial de Comercio, donde está en debate la obligatoriedad o no del etiquetado".

Areli Carreón, de Greenpeace, aseguró que cada vez hay más comunidades indígenas que buscan establecer sus territorios como "libres de transgénicos" y en los hechos se defiende el maíz, del cual México es centro de origen; se establecen bancos de semillas y se demanda información a empresas como Maseca, para saber el tipo de grano que utiliza en su producción de tortillas.
 

Angélica Enciso

La Jornada

5 de mayo de 2005