El pasado domingo 15 un grupo de trabajadores rurales e industriales de Bella Unión ocupó un predio de 34 hectáreas propiedad del Instituto Nacional de Colonización y actualmente cedido en arrendamiento a un particular. Los ocupantes son mayoritariamente integrantes de dos sindicatos locales: la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), fundada por el legendario guerrillero Raúl Sendic en la década de los 60, y del Sindicato de Obreros de CALNU (SOCA), el ingenio local envuelto en una grave crisis financiera y económica. La acción se desencadenó en reclamo de "tierra para trabajar".

Bella Unión es uno de las zonas del país donde han impactado con mayor fuerza la política neoliberal y el modelo productivo agrícola. La situación social y económica es allí realmente muy grave. Su principal actividad socioeconómica era la caña de azúcar, que viene declinando desde hace varios años hasta la actualidad cuando está en el umbral de la desaparición total.

Los sindicatos locales de trabajadores rurales e industriales han hecho un gran esfuerzo durante este período para defender y mantener la caña de azúcar en Bella Unión, sabiendo que es un cultivo estratégico desde los puntos de vista de la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Junto al compromiso que asumió el actual gobierno en relación con la producción de la caña de azúcar, han confluido diversos esfuerzos –entre los cuales hay que destacar el rol esencial que ha tenido la UITA– para el desarrollo de la obtención de alcohol carburante junto a la fabricación de azúcar.

Este proyecto, que debe contar con una amplia y activa participación de todos los actores –productores, trabajadores, sociedad en general, entidades gubernamentales–, y sabiendo que se tratará de una actividad fundamental para el país, abre un camino, un proceso hacia otro modelo de producción que impacte con efectos positivos. Hablamos de efectos económicos, pero también sociales y ambientales.

Los trabajadores quieren y deben ser sujetos esenciales de este proceso, y esto provoca que ciertas necesidades aparezcan expuestas con mayor fuerza o urgencia. Por ejemplo, necesidad de tierra para trabajar, preocupación por las condiciones laborales, los salarios, demandas históricas como vivienda y salud, porque la situación social y económica de una gran parte de la población local es desesperante.

Las expectativas que despierta esta propuesta se manifiestan de diversas maneras. Aunque esta ocupación provoca que el tema de la tierra salte a la opinión pública como impulsado por un resorte, en realidad se venía analizando, reflexionando, planificando con los distintos sectores locales, incluyendo a las organizaciones más importantes que participaron en esta acción como la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y el Sindicato de Obreros de CALNU (SOCA). Fue una acción política muy significativa y válida, pero se debe reconocer que se está trabajando desde hace tiempo en ir generando puntos de referencia para establecer una política nacional de tierras.

En ese marco, y entre otros avances concretos, el gobierno nacional cederá tierras en beneficio de familias seleccionadas por los sindicatos y las organizaciones sociales de Bella Unión. Por supuesto, todos desearíamos que este tránsito fuese más rápido, y es claro que estas organizaciones de Bella Unión, que tanto han luchado y sacrificado por la caña, son comprensiblemente las más sensibles para exigir una aceleración de la marcha.

Este proceso está siendo impulsado y sostenido por organizaciones sociales y sindicatos de la región, y desde hace años cuenta con el apoyo de la UITA, con el objetivo de culminar un cambio que si resulta exitoso puede servir de modelo para todo el Uruguay. Ese es el gran desafío, lo que implica tener en cuenta indicadores que casi siempre son omitidos como los aspectos sociales y ambientales junto a los económicos.

El martes 24 se firmará un acuerdo entre el gobierno, Alcoholes del Uruguay (ALUR) –empresa integrada por el grupo estatal autónomo ANCAP y la Corporación Nacional para el Desarrollo– y CALNU, que será el puntapié inicial al proyecto sucroalcoholero en Bella Unión. En este marco, y como uno de los elementos positivos de este diseño económico, social y ambiental, se crea una Comisión Asesora del emprendimiento con participación activa y directa de los trabajadores y de los productores, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industrias y de ALUR. Se puede tener la seguridad que este es “el color y el sabor” de este proyecto, nacido e impulsado desde toda la sociedad de Bella Unión y destinado a todos los sectores que la componen, especial y primordialmente, para atender a quienes más padecen las consecuencias de la política neoliberal que arrasó la región en los últimos años.

© Rel-UITA

20 de enero de 2006

Fotografía de Carlos Caillabet.