Último Momento
Alerta máxima
en el Bajo Aguán
Ola de ataques indiscriminados
contra campesinos
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En menos de 48 horas en el Bajo
Aguán se registraron varios ataques criminales que dejaron un saldo de dos
muertos y cinco heridos. Todos eran miembros de organizaciones campesinas que
luchan por el derecho a tener acceso a la tierra. Ante esta situación, el
régimen amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantías
individuales.
Eldin Noel Ortiz,
Jimmy Burgos Tobías, Santos Eliseo Pavón, Gilberto López y
Jorge Nájera, todos miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador
Campesino del Aguán (MARCA), fueron atacados con una lluvia de balas
mientras se movilizaban en vehículo por las calles de la ciudad de Tocoa.
El ataque, perpetrado el pasado 28
de julio por tres desconocidos desde una camioneta sin placa, dejó malheridos a
los cinco campesinos, quienes actualmente se están recuperando
satisfactoriamente.
Un día antes, en
horas de la noche, un grupo de personas armadas atacó
con armas de grueso calibre a las
familias que integran el Movimiento Campesino Recuperación del Aguán, que el 20
de julio pasado habían recuperado las tierras de la finca Los Laureles, en las
afueras de Tocoa, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel
Facussé Barjum.
En la madrugada
del siguiente día fue encontrado el cuerpo sin vida de Irrael García Pérez,
perteneciente a esta misma organización. Su cuerpo presentaba impactos de balas
y le habían cortado una oreja.
Como altamente
sospechosa, fue clasificada por las organizaciones campesinas la muerte de
Evaristo López, también miembro del MARCA, ocurrida este domingo 29
de julio. Mientras conducía su motocicleta, López fue atropellado por un
vehículo que se dio a la fuga.
Hasta la fecha,
el grave conflicto agrario que aqueja el Bajo Aguán ha dejado un saldo de 52
campesinos, un periodista y su pareja asesinados, otro campesino desaparecido y
un sinnúmero de heridos. Nadie ha sido detenido, ni muchos menos castigado por
estos crímenes, y la impunidad se ha vuelto la norma cotidiana.
Hasta
la fecha, el grave conflicto agrario que aqueja el Bajo Aguán ha
dejado un saldo de 52 campesinos, un periodista y su pareja
asesinados, otro campesino desaparecido y un sinnúmero de heridos.
Nadie ha sido detenido, ni muchos menos castigado por estos
crímenes, y la impunidad se ha vuelto la norma cotidiana. |
“El ataque tenía el objetivo de
matar a los cinco compañeros y lo hubieran logrado si no hubiese sido por la
pronta reacción de uno de ellos, que respondió al fuego con su arma.
Estamos muy preocupados porque
la situación se ha vuelto insostenible y no vemos de parte del gobierno la
intención de atacar el problema de raíz, es decir romper la dinámica de
concentración de tierra en pocas manos”,
dijo a Sirel,
Haydeé
Saravia de la
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Varios directivos del MARCA
relacionaron esta nueva ola
de ataques indiscriminados con la
histórica sentencia con la que, el pasado 29 de junio, los tribunales
posesionaron a las familias campesinas de tres fincas -San Isidro, El Despertar
y La Trinidad- desalojando a los terratenientes y productores palmeros René
Morales Carazo y Miguel Facussé Barjum.
Días después, el MARCA
denunció la decisión ilegal y
amañada de las Cortes de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba de
revertir dichas sentencias, ordenando el desalojo de las familias campesinas. La
acción aún no ha sido ejecutada por la firme y masiva protesta de las
organizaciones campesinas y populares de la zona.
A los campesinos no les cabe la
menor duda de que detrás de esta nueva campaña de terror estarían los mismos
terratenientes y sus guardias de seguridad privada.
Seguridad nacional
Ante esta situación, el régimen de
Porfirio Lobo estaría por declarar el Aguán como "zona
de seguridad nacional", lo cual implicaría una mayor militarización, la
suspensión de las garantías individuales y un estado de sitio regional.
Estas medidas
fueron rechazadas por las organizaciones campesinas, en cuanto parte de un
supuesto plan para desprestigiar al movimiento campesino y legitimar la
criminalización de la protesta por la tierra.
“La militarización
ha traído más violencia y represión. Rechazamos la implementación de medidas
especiales y la suspensión de las garantías constitucionales, porque eso va a
traer más ataques contra el campesinado.
A Porfirio Lobo
le decimos que para solucionar este problema hay que cesar la represión, acabar
con la impunidad y hacer efectiva una reforma agraria que dé la tierra a los
campesinos.
¿Cómo es
posible que en el Bajo Aguán los dueños de la tierra sean solamente tres
hombres, mientras miles de campesinos siguen aguantando hambre?”,
se preguntó Emilio Bautista, vocero de la cooperativa San Isidro del
MARCA.
Bautista
alertó a la solidaridad
internacional para que siga atenta a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
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