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Dos campesinos fueron
asesinados el sábado 16 de julio de 2011 en la comunidad de Ilanga, municipio de
Trujillo, Colón. Eran asociados a la cooperativa Nueva Marañones, en la margen
izquierda del río Aguán, afiliada al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Luis Alonso Ortiz
Borjas,
52 años, padre de 5 hijos, tres de los cuales son menores de edad, y
Constantino Morales
Enamorado,
32 años, deja dos hijos, uno de cuatro y el otro de dos años.
Son los campesinos
asesinados como resultado de haber recibido 12 y 14 disparos respectivamente,
según denuncian sus compañeros.
De
acuerdo a la misma fuente los campesinos de ese asentamiento son amenazados
constantemente por hombres que disparan con AK-47 y R-15, utilizan pasamontañas
y se movilizan en vehículos sin placa. Señalan que ciertos modos de operación
han cambiado, “si antes vestían uniforme de guardias ahora visten como cualquier
campesino”.
Como
en otros casos similares, no se conoce de acciones que debieran realizar las
autoridades; no obstante, según un periódico de la capital de la república la
policía habría declarado que "No nos permitieron la entrada para tomar datos
sobre el hecho, se alteraron y fue más bien peligroso para la Policía. Ellos
mismos recogieron los cuerpos de las víctimas, no hubo un reconocimiento de
ley".
Tales declaraciones hacen suponer un estado de cosas que está totalmente reñido
con la realidad y que ha sido utilizado por las autoridades en casi todos los
casos de muertos o heridos como pretexto para justificar su indolencia. ¡Es
inconcebible que la policía se declare incompetente; que no pueda imponer su
autoridad para levantar un cuerpo!
Durante la visita de
FIAN
a Rigores, el sábado 16 de julio, dirigentes de esa organización campesina nos
confiaron que un día antes funcionarios del INA, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, fiscalía y Policía habían llegado en helicóptero expresándoles
a los campesinos su preocupación por las denuncias que en al ámbito nacional e
internacional habían hecho circular
FIAN Honduras
y Amnistía
Internacional
en
las que se detallaban los daños a las construcciones y las acciones violentas
contra la personas que ahí se encontraban durante el desalojo violento e ilegal
que había ejecutado la policía.
Les
dijeron, además, que tuvieran paciencia, que el INA les respaldaba para
que se mantuvieran en esas tierras pero, al decir de los campesinos, hasta este
momento no se ha logrado nada concreto que les pueda dar tranquilidad y
satisfacción.
Se
tomaron fotografías con los niños. Momentos antes, habían visitado la
cooperativa Nueva Marañones y, según los dirigentes de esta organización, los
mencionados funcionarios habían ofrecido 50 lempiras a los niños para que les
dijeran si los campesinos tenían armas y que les dijeran dónde las guardaban.
Es
evidente que el conflicto agrario persiste. Los campesinos de la Nueva Marañones
argumentan que no pueden dar sustento a todas las familias asentadas en ese
lugar con las tierras cultivadas y no cultivadas que ahora tienen y que la única
salida es el cumplimiento del convenio que establecía 11 mil hectáreas, firmado
el 3 de abril y ratificado el 7 del mismo mes en el 2010 y por el que seguirán
luchando.
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