En la mañana del 1º de abril,
el joven Miguel Alonso Oliva de 22 años, miembro del MUCA, fue asesinado por la
espalda por guardias de seguridad del terrateniente nicaragüense René Morales -de
varios disparos de fusil AR15- durante el intento de recuperar la tierra de la ex
cooperativa 25 de abril en el sector de la margen izquierda del Río Aguán.
Según un dirigente del
Movimiento Unificado Campesino
del Aguán (MUCA), la operación
era parte del proceso de recuperación de tierras que esta organización ha venido
impulsando en los últimos años.
"El joven recibió impactos de balas en la espalda, cerca de la columna, y
falleció instantáneamente. Nosotros estamos en un proceso de diálogo con el
gobierno para solucionar este conflicto, sin embargo ante este nuevo asesinato y
las constantes amenazas denunciamos y alertamos que en las próximas horas podría
desencadenarse una invasión de las tierras que hemos recuperado por parte de las
fuerzas del ejército y la policía", dijo el dirigente campesino a una radio
local.
"Denunciamos a nivel nacional e internacional que los cuerpos represivos podrían
aprovechar estos días de fiesta para tratar de desalojarnos violentamente y
pedimos a las organizaciones y a los medios que le han dado seguimiento a
nuestra lucha estar alerta y a la expectativa de lo que pueda ocurrir",
concluyó.
La semana pasada, el gobierno, a través del Instituto Nacional Agrario (INA),
presentó una propuesta para solucionar el grave conflicto que se ha desatado en
la zona del Bajo Aguán, conflicto que hasta la fecha ha dejado un saldo de
varios muertos y heridos, además de decenas de mandatos de captura en contra de
los campesinos organizados.
No obstante, la dirigencia del MUCA está consultando dicha propuesta con
su base, ya que presenta diferentes puntos que nada tienen que ver con los
acuerdos alcanzados el año pasado con el gobierno del ex presidente
Manuel Zelaya,
y que quedaron "en el olvido" a raíz del golpe de Estado.
Para las miles de familias campesinas que han iniciado el proceso de
recuperación, serían decenas de miles las hectáreas de tierra para uso exclusivo
de Reforma Agraria usurpadas por terratenientes productores de Palma Africana (Miguel
Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales).
Es por eso que el MUCA pide retomar el Acta Convenio firmada entre las
partes pocos días antes del golpe de Estado, para conformar una comisión
tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición
de la tierra por los terratenientes.
¡Qué termine esta violencia!
"Lamentamos y repudiamos este nuevo hecho de violencia, justo cuando se está
dando un supuesto proceso de diálogo. Aun así continúan asesinando a los
campesinos, pretendiendo quedarse con estas tierras que ya se ha demostrado no
son de ellos (de los terratenientes)", dijo a Radio Progreso la dirigente del
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA),
Esly Banegas.
"Continuamos en la resistencia, en la lucha, para que se respeten los derechos a
la tierra, a la alimentación, a la vida. Pedimos -continuó Banegas- que
termine ese vía crucis que vive el pueblo hondureño, sobre todo el pueblo
campesino.
En el caso de la Aguán, cada día más se agudiza la situación y el reto para
todos nosotros es seguir en la lucha. Aun con tantos caídos, heridos y
perseguidos nuestra responsabilidad es seguir adelante, firmes en nuestro
compromiso de refundar a
Honduras",
concluyó.
En un comunicado emitido pocas horas después de
ese nuevo asesinato, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH)
condenó el asesinato de
Miguel Alonso Oliva
y "la
falta de acciones rápidas para solucionar el conflicto de tierras en el Bajo
Aguán por parte del régimen de Porfirio Lobo Sosa, que se muestra
aquiescente con los terrateniente al evadir su responsabilidad de devolver las
tierras que son del Estado y que de inmediato deben ser entregadas a los
campesinos y campesinas, tal como lo señala la Ley".
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