agricultura

No hay paz para las familias campesinas del Bajo Aguán. Por cada paso adelante en la construcción de un nuevo futuro, hay una respuesta criminal por parte de las fuerzas reaccionarias, que pretenden mantener el statu quo existente y el control absoluto en la zona.

Dos nuevos asesinatos de campesinos y un plan para revertir la histórica sentencia que posesionó de sus tierras al Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), parece ser la respuesta a los recientes avances de la lucha campesina por el acceso a la tierra.

El pequeño productor y simpatizante del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Gregorio Chávez Aranda, de 69 años, desapareció de su terreno el 2 de julio y fue encontrado sin vida cuatro días después en la finca Paso Aguán, que se encuentra en poder del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.

En los días precedentes al hallazgo, los agentes de la seguridad privada del terrateniente fueron sospechosamente retirados del lugar, mientras la gente de la comunidad Panamá se volcaba a las calles y se tomaba la zona, levantando su voz ante ese nuevo crimen y acusando del asesinato a los agentes de seguridad.

El 7 de julio, Jacobo Erazo López, miembro del MUCA y ex directivo de la empresa campesina Tranvio, del asentamiento La Confianza, fue interceptado y asesinado de varios balazos por desconocidos, mientras se movilizaba para ir al trabajo en la comunidad Quebrada de Arena.

Con estos nuevos hechos sangrientos sube a 50 el número de campesinos organizados asesinados en el Bajo Aguán en poco más de dos años y medio.

“No nos cabe la menor duda de que se trata de una nueva embestida contra el MUCA y las demás organizaciones campesinas, para revertir los avances que hemos tenido en cuanto a la lucha por el acceso a la tierra”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.

Rivas lamentó y condenó tajantemente estas nuevas muertes y dijo que el MUCA está analizando la situación y estudiando las medidas a tomar para garantizar la seguridad de sus afiliados y afiliadas.

“Estamos sumamente preocupados ante esta ola de asesinatos que viene nuevamente a enlutar a las familias campesinas del Bajo Aguán. Eso demuestra que los terratenientes no quieren que se democratice el acceso a la tierra. Desde ya responsabilizamos a estos señores y a las instituciones del Estado por lo que nos pueda ocurrir”, dijo Rivas.

En junio de este año, y bajo amenaza de desalojos masivos, el MUCA y el MARCA firmaron acuerdos con el gobierno para la compra de unas 4.600 hectáreas de tierra a los terratenientes palmeros de la zona. Las 32 empresas campesinas que integran estas organizaciones deberán pagar un monto total que supera los 32 millones de dólares.

Tratan de revertir sentencia

El directivo del MUCA aseguró que existe una relación directa entre estos nuevos ataques y la histórica sentencia que el pasado 29 de junio restituyó al MARCA el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra, en cuanto sienta un importante precedente para todas las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.

Ahora, todo indica que los terratenientes palmeros han pasado a la contraofensiva. José Trejo Cabrera, abogado del MARCA, alertó sobre el uso del tráfico de influencias y de presiones sobre los jueces y magistrados para revertir ese importante resultado.

“En Honduras la justicia está al servicio de los terratenientes. Hemos demostrado con los hechos que los campesinos tienen la razón y se emitieron sentencias firmes que ya fueron ejecutadas. Sin embargo, estamos viendo como se está presionando a los jueces para que dejen sin valor ni efecto estas sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias del MARCA”, aseveró el abogado.

Trejo hizo un llamado a la solidaridad internacional, para que siga atenta a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.