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Bajo Aguán
y la violación sistemática
a los derechos humanos
Declaración final de la Audiencia Pública
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Las
organizaciones y redes internacionales convocantes de la Audiencia Pública sobre
la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo
Aguán, dieron a conocer la Declaración final del evento que se realizó el pasado
28 de mayo en la ciudad Tocoa, en la que presentaron los principales hallazgos,
sus conclusiones y formularon recomendaciones al Estado hondureño y a la
comunidad internacional
Durante la
conferencia de prensa que se realizó en la capital hondureña, los representantes
de las organizaciones internacionales dejaron sentada su profunda preocupación
ante la grave situación de violación de los derechos humanos en el Valle del
Aguán.
Una situación que
se ha venido profundizando a raíz del golpe de Estado de 2009 y de un conflicto
agrario que entierra sus raíces en el despojo de territorios, la concentración
de la tierra en pocas manos y la falta de acceso a ella para miles de familias
campesinas, así como en la expansión de monocultivos a gran escala, en
particular de Palma Africana.
Entre los
principales hallazgos y conclusiones, las organizaciones internacionales
señalaron la falta total de institucionalidad y justicia ante los homicidios
selectivos, las agresiones, secuestros, actos de intimidación y torturas contra
los campesinos organizados, cuya protesta está siendo criminalizada.
También
evidenciaron que la militarización de la región no sólo no garantiza la
seguridad a las comunidades campesinas, sino que “contribuye al hostigamiento
permanente, temor y violencia contra las mismas”.
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La militarización de la región no sólo no
garantiza la seguridad a las comunidades
campesinas, sino que “contribuye al
hostigamiento permanente, temor y violencia
contra las mismas” |
Entre otros
puntos señalaron que continúan los desalojos forzosos sin órdenes judiciales,
los impactos y traumas sobre la vida y cuerpos de las mujeres y la pérdida del
sustento por parte de las familias a causa del asesinato de familiares.
Además,
manifestaron que el conflicto agrario en el Bajo Aguán “es el más grave en
términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro
América, en los últimos 15 años”, y que se enmarca en una situación de
violencia estructural “que se expresa en la falta de acceso a las condiciones de
vida digna para la población”.
“Ha sido
impresionante ver como la gente en el Bajo Aguán se siente sola y desprotegida
ante la ausencia total de las instituciones. Consideramos que el Estado de
Honduras tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo
María Silvia Guillén, presidenta de la Audiencia y ex comisionada de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los
representantes se mostraron también muy preocupados ante los posibles desalojos
que ya fueron solicitados por delegados del Grupo Dinant, cuyo presidente es el
terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
“Ya hemos visto
demasiados desalojos forzosos y asesinatos, y no entendemos la lógica de querer
generar otra escalada al conflicto. Cuando hablamos de falta de
institucionalidad, queremos decir justamente que el Estado tiene que reaccionar
de manera coherente con los derechos humanos y no con los intereses de
particulares”, aseveró Martín Wolpold-Bosien, coordinador para
Centroamérica de FIAN Internacional.
Recomendaciones
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La grave situación de violaciones de derechos
humanos en Honduras no brinda “las condiciones
adecuadas para firmar un acuerdo de asociación
entre la Unión Europea y América Central” |
Ante esta
situación las organizaciones y redes internacionales pidieron al Estado de
Honduras, entre varios puntos, investigar y sancionar de forma expedita
todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los
desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de
una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
Igualmente,
solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño
investigue y sancione los crímenes, procurar que la cooperación internacional
bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no
contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la
cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la
situación de derechos humanos”.
Finalmente
consideraron que la grave situación de violaciones de derechos humanos en
Honduras no brinda “las condiciones adecuadas para firmar un acuerdo de
asociación entre la Unión Europea y América Central”.
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