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Empresarios palmeros pretenden quebrar paro general en Puerto Wilches con la fuerza pública

 

 

 

 

 

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional

 

Empresarios palmeros pretenden quebrar paro general en Puerto Wilches con la fuerza pública

 

En el periódico Vanguardia Liberal del pasado sábado 22 apareció una noticia referida al paro general en el sector palmicultor que dice: “Policía Nacional buscará normalidad en la industria palmera de Puerto Wilches”. La frase se le atribuía al director general de la Policía de Carreteras, Rodolfo Palomino, luego de un Consejo de Seguridad convocado por el gobernador del Departamento de Santander, Horacio Serpa Uribe.

 

Quiere decir que continúa la tendencia de penalizar y dar tratamiento de Orden Público a la protesta social y laboral, a tal extremo que el general Palomino pretende fungir como autoridad aliada de los empresarios palmeros, sustituyendo sin mandato constitucional alguno a la autoridad civil representada para estos casos en el Ministerio de la Protección Social o los jueces laborales de la República.

 

Lo expuesto en ese Consejo de Seguridad por el general Palomino no fue nada nuevo, pues ocho días antes la Policía bajo su mando intervino con piquetes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una de las carpas de la huelga, generando una confrontación entre trabajadores, familias y la Policía antimotines, con resultado de algunos heridos y contusos.

Los empresarios del sector agroindustrial de Colombia no renuncian a su concepción feudal sobre la explotación de la tierra que incluye el trabajo esclavo. Una condición que surge claramente si se tiene en cuenta la miseria social y económica en que viven los trabajadores y sus familias, que dependen de salarios miserables, sin posibilidad de acceso a la educación, la salud y menos aún a una vivienda digna.

 

No obstante, pudo más la reacción colectiva y el valor por la defensa de derechos fundamentales consagrados en la ley y en los Convenios Internacionales de la OIT, y los antimotines tuvieron que replegarse.

 

Esto no significa que empresarios, Policía y gobierno local no persistan en una nueva ofensiva de mayor contundencia. El propio alcalde de Puerto Wilches le informó al Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en presencia de la CUT y del gobernador Horacio Serpa, que está siendo presionado para que reciba a 800 antimotines más con el fin de enfrentar el paro laboral.

 

Quiere decir que está comprobado que el empresariado palmero se niega a acatar las disposiciones legales que le prohíben la intermediación laboral en sus empresas.

 

Asimismo, existen indicios de una connivencia entre el gobierno y ciertos empresarios para reducir a simple retórica su compromiso con el gobierno de Estados Unidos para el TLC, establecido en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2025 de 2011, que como lo dijo la doctora Beatriz Londoño Soto en la circular 055 dirigida a entidades públicas, privadas, Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y otros, las empresas quedan expresamente “prohibidas de realizar cualquier forma de intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores consagrados en las normas vigentes, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el orden normativo sobre la materia”.

 

Lo establecido en esa Ley y en el Decreto fue lo exigido por el presidente estadounidense Barack Obama al presidente colombiano Juan Manuel Santos para eliminar la intermediación laboral, modalidad de contratación que ha degradado al máximo las condiciones de trabajo, especialmente a través de las seudo Cooperativas de Trabajo Asociado, como lo han denunciado permanentemente los sindicatos colombianos, los estadounidenses, e incluso la Organización Internacional del Trabajo.

 

Queda claro entonces que en Puerto Wilches el paro general se desarrolla de forma exitosa y contundente, con tendencia a ampliarse a otras regiones del país, y que dicha movilización se enmarca dentro del derecho constitucional y legal.

 

Pero, como siempre, los empresarios del sector agroindustrial de Colombia no renuncian a su concepción feudal sobre la explotación de la tierra que incluye el trabajo esclavo. Una condición que surge claramente si se tiene en cuenta la miseria social y económica en que viven los trabajadores y sus familias, que dependen de salarios miserables, sin posibilidad de acceso a la educación, la salud y menos aún a una vivienda digna.

Cuando se iba a proceder a la firma del convenio, los empresarios de Oleaginosas Bucarelia solicitaron un receso de diez minutos para informar a su Junta Directiva, pero se retiraron y jamás regresaron a la Mesa

 

Ante las circunstancias que se viven en Puerto Wilches, los empresarios de la palma han denunciado que el paro ha provocado pérdidas económicas por 40 mil millones de pesos (ndr: 21,5 millones de dólares), que se han dejado de procesar 200 mil toneladas de palma, equivalentes a 20 mil toneladas de aceite, y la ironía de esta denuncia consiste en que la solución del conflicto, esto es, firmar la Convención Colectiva en Bucarelia y sustituir los contratos tercerizados por contratos directos, no supera una inversión de 2.500 millones de pesos (ndr: 1,35 millones de dólares).

 

En verdad, la reacción radical de los empresarios es absolutamente inconsecuente e irresponsable con las exigencias de ley, y solo se justifica por su inmutable voluntad de mantener su riqueza -que incluye la concentración de la tierra productiva- a costa de la miseria social.

 

Durante los pasados 25 y 26 de octubre, por convocatoria del Vicepresidente de la República y del gobernador de Santander, se reunieron los empresarios, delegados de la Dirección Nacional de la CUT, del Ejecutivo de la CUT Santander, de la Dirección Nacional de SINTRAINAGRO y de los voceros de los trabajadores tercerizados, para procurar un acuerdo que diera solución al paro que ya lleva varias semanas.

 

No obstante los esfuerzos de las partes, con la presencia del gobierno nacional y departamental como garantes, y habiendo logrado elaborar un documento consensuado que establecía los puntos de negociación, las garantías laborales y sindicales que excluían asuntos de represión y/o sancionatorios por el ejercicio de la huelga y el paro, y una metodología para alcanzar acuerdos definitivos concertados, al momento de proceder a la firma del convenio, los empresarios de Oleaginosas Bucarelia solicitaron un receso de diez minutos para informar a su Junta Directiva.

 

Se retiraron y jamás regresaron a la Mesa para honrar su palabra. Los demás empresarios se declararon impedidos de representar a los ausentes, y de esta forma fracasó el esfuerzo de negociación por una actitud hipócrita y cínica de los representantes empresariales que abandonaron la mesa.

 

Por lo anterior, se continúan escuchando en las Asambleas y en los mítines de las carpas de la huelga el coro del himno de Santander que los trabajadores cantan diciendo:

 

¡Santandereanos, siempre adelante!,

¡Santandereanos, ni un paso atrás!

¡Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad!

 

 

Rel-UITA

             31 de octubre de 2011

 

 

 

 

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