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Comunicado a la opinión pública nacional e internacional
Empresarios palmeros pretenden quebrar paro general en Puerto
Wilches con la fuerza pública
En el periódico Vanguardia Liberal del pasado sábado 22 apareció
una noticia referida al paro general en el sector palmicultor
que dice: “Policía Nacional buscará normalidad en la industria
palmera de Puerto Wilches”. La frase se le atribuía al director
general de la Policía de Carreteras, Rodolfo Palomino, luego de
un Consejo de Seguridad convocado por el gobernador del
Departamento de Santander, Horacio Serpa Uribe.
Quiere decir que continúa la tendencia de penalizar y dar
tratamiento de Orden Público a la protesta social y laboral, a
tal extremo que el general Palomino pretende fungir como
autoridad aliada de los empresarios palmeros, sustituyendo sin
mandato constitucional alguno a la autoridad civil representada
para estos casos en el Ministerio de la Protección Social o los
jueces laborales de la República.
Lo expuesto en ese Consejo de Seguridad por el general
Palomino no fue nada nuevo, pues ocho días antes la Policía
bajo su mando intervino con piquetes del
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en una de
las carpas de la huelga, generando una confrontación entre
trabajadores, familias y la Policía antimotines, con resultado
de algunos heridos y contusos.
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Los empresarios del sector agroindustrial de
Colombia
no renuncian a su concepción feudal sobre la
explotación de la tierra que incluye el trabajo
esclavo. Una condición que surge claramente si se
tiene en cuenta la miseria social y económica en que
viven los trabajadores y sus familias, que dependen
de salarios miserables, sin posibilidad de acceso a
la educación, la salud y menos aún a una vivienda
digna. |
No obstante, pudo más la reacción colectiva y el valor por la
defensa de derechos fundamentales consagrados en la ley y en los
Convenios Internacionales de la OIT, y los antimotines tuvieron
que replegarse.
Esto no significa que empresarios, Policía y gobierno local no
persistan en una nueva ofensiva de mayor contundencia. El propio
alcalde de Puerto Wilches le informó al Vicepresidente de la
República, Angelino Garzón, en presencia de la CUT
y del gobernador Horacio Serpa, que está siendo
presionado para que reciba a 800 antimotines más con el fin de
enfrentar el paro laboral.
Quiere decir que está comprobado que el empresariado palmero se
niega a acatar las disposiciones legales que le prohíben la
intermediación laboral en sus empresas.
Asimismo, existen indicios de una connivencia entre el gobierno
y ciertos empresarios para reducir a simple retórica su
compromiso con el gobierno de Estados Unidos para el
TLC, establecido en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y
el Decreto 2025 de 2011, que como lo dijo la doctora Beatriz
Londoño Soto en la circular 055 dirigida a entidades
públicas, privadas, Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado y otros, las empresas quedan expresamente
“prohibidas de realizar cualquier forma de intermediación
laboral que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales de los trabajadores consagrados en las normas
vigentes, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en
el orden normativo sobre la materia”.
Lo establecido en esa Ley y en el Decreto fue lo exigido por el
presidente estadounidense Barack Obama al presidente
colombiano Juan Manuel Santos para eliminar la
intermediación laboral, modalidad de contratación que ha
degradado al máximo las condiciones de trabajo, especialmente a
través de las seudo Cooperativas de Trabajo Asociado,
como lo han denunciado permanentemente los sindicatos
colombianos, los estadounidenses, e incluso la Organización
Internacional del Trabajo.
Queda claro entonces que en Puerto Wilches el paro general se
desarrolla de forma exitosa y contundente, con tendencia a
ampliarse a otras regiones del país, y que dicha movilización se
enmarca dentro del derecho constitucional y legal.
Pero, como siempre, los empresarios del sector agroindustrial de
Colombia no renuncian a su concepción feudal sobre la
explotación de la tierra que incluye el trabajo esclavo. Una
condición que surge claramente si se tiene en cuenta la miseria
social y económica en que viven los trabajadores y sus familias,
que dependen de salarios miserables, sin posibilidad de acceso a
la educación, la salud y menos aún a una vivienda digna.
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Cuando se iba a proceder a la firma del convenio,
los empresarios de Oleaginosas Bucarelia solicitaron
un receso de diez minutos para informar a su Junta
Directiva, pero se retiraron y jamás regresaron a la
Mesa |
Ante las circunstancias que se viven en Puerto Wilches, los
empresarios de la palma han denunciado que el paro ha provocado
pérdidas económicas por 40 mil millones de pesos (ndr:
21,5 millones de dólares), que se han dejado de procesar 200 mil
toneladas de palma, equivalentes a 20 mil toneladas de aceite, y
la ironía de esta denuncia consiste en que la solución del
conflicto, esto es, firmar la Convención Colectiva en
Bucarelia y sustituir los contratos tercerizados por contratos
directos, no supera una inversión de 2.500 millones de pesos (ndr:
1,35 millones de dólares).
En verdad, la reacción radical de los empresarios es
absolutamente inconsecuente e irresponsable con las exigencias
de ley, y solo se justifica por su inmutable voluntad de
mantener su riqueza -que incluye la concentración de la tierra
productiva- a costa de la miseria social.
Durante los pasados 25 y 26 de octubre, por convocatoria del
Vicepresidente de la República y del gobernador de Santander, se
reunieron los empresarios, delegados de la Dirección Nacional de
la CUT, del Ejecutivo de la CUT Santander, de la
Dirección Nacional de SINTRAINAGRO y de los voceros de
los trabajadores tercerizados, para procurar un acuerdo que
diera solución al paro que ya lleva varias semanas.
No obstante los esfuerzos de las partes, con la presencia del
gobierno nacional y departamental como garantes, y habiendo
logrado elaborar un documento consensuado que establecía los
puntos de negociación, las garantías laborales y sindicales que
excluían asuntos de represión y/o sancionatorios por el
ejercicio de la huelga y el paro, y una metodología para
alcanzar acuerdos definitivos concertados, al momento de
proceder a la firma del convenio, los empresarios de Oleaginosas
Bucarelia solicitaron un receso de diez minutos para informar a
su Junta Directiva.
Se retiraron y jamás regresaron a la Mesa para honrar su
palabra. Los demás empresarios se declararon impedidos de
representar a los ausentes, y de esta forma fracasó el esfuerzo
de negociación por una actitud hipócrita y cínica de los
representantes empresariales que abandonaron la mesa.
Por lo anterior, se continúan escuchando en las Asambleas y en
los mítines de las carpas de la huelga el coro del himno de
Santander que los trabajadores cantan diciendo:
¡Santandereanos, siempre adelante!,
¡Santandereanos, ni un paso atrás!
¡Con el coraje por estandarte y por escudo la libertad!
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