3.   Es responsabilidad de quienes gobiernan en nombre del Estado, hacer valer y respetar la normativa vigente que prohíbe a los empresarios hacer del trabajo una simple mercancía y la aplicación de la tercerización laboral.

4.   Se constata, de acuerdo a las denuncias en los medios de comunicación, que al parecer los empresarios priorizan la solución del conflicto social a través del permanente hostigamiento de la Policía que ya ha generado enfrentamientos directos entre trabajadoras y trabajadores con las fuerzas de represión SMAT. Esta situación se ha puesto en conocimiento de los gobiernos regional y nacional, de las comisiones de Derechos Humanos en Colombia y a nivel internacional. No obstante esas circunstancias, el director general de la Policía para la Convivencia Ciudadana, Rodolfo Palomino, continua anunciando que “La Policía Nacional buscará la normalidad en la Industria palmera de Puerto Wilches”, es decir, sugiere suplantar a las autoridades de gobierno civil y del Trabajo, en franca contradicción con las disposiciones constitucionales y legales que determinan el proceder del Estado en los conflictos laborales.

5.   Se acuerda por unanimidad el apoyo incondicional a la huelga y al paro general en Puerto Wilches, y se reitera el llamado al movimiento sindical, organizaciones sociales, campesinas, de cerechos humanos, como a la comunidad internacional para que se dirijan al gobierno nacional, reclamando seriedad y autoridad haciendo prevalecer la Ley frente a la política despótica y arrogante del gremio palmicultor, que de forma clara y contundente exige la claudicación de la Convención Colectiva firmada por SINTRAINAGRO en Puerto Wilches, y su absoluta negativa a renunciar a los sistemas de tercerización en la agroindustria de la palma.