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Después de
107 días de una huelga inédita en las plantaciones de Palma Africana en
Colombia, y de varios meses de lucha permanente, la acción iniciada por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO),
apoyada por la UNAC, la Rel-UITA y la CUT, se traduce en multas y sanciones del
Ministerio de Trabajo a las empresas palmeras, a las cooperativas de trabajo
asociado y a las agencias tercerizadoras. Un antecedente histórico para el
movimiento sindical del país.
En agosto de
2011 la seccional del SINTRAINAGRO en Puerto Wilches (Departamento de
Santander), inició una lucha histórica con la huelga de los trabajadores de
Palma Africana de la empresa Oleaginosas Bucarelia. El motivo fue la
negativa radical de la compañía de negociar la Convención Colectiva si no era
para desmejorar los aspectos económicos y las garantías sindicales, argumentando
una supuesta crisis económica.
De inmediato
SINTRAINAGRO, la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC),
la UITA y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), asumieron la
tarea de apoyo y defensa del derecho de asociación y negociación colectiva de
estos trabajadores.
Como
estrategia político-sindical la huelga que afectaba a 160 trabajadores de
Oleaginosas Bucarelia que posee 2.600 hectáreas, se decidió extenderla a
toda la zona palmera de la región del Magdalena Medio, donde hay 3.800
trabajadores y trabajadoras, y 78.000 hectáreas de cultivo logrando, además, la
paralización de siete plantas extractoras de aceite (procesamiento de fruta).
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Se amplió la huelga que afectaba a 160 trabajadores de
Oleaginosas Bucarelia con 2.600 hectáreas, hacia toda la zona
palmera de la región del Magdalena Medio, que registra 3.800
trabajadores y 78.000 hectáreas de cultivo, logrando la
participación de los trabajadores tercerizados -aproximadamente
3.600- y la paralización de siete plantas extractoras de aceite |
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La presión de
los gobiernos nacional y regional llegó a través del entonces Ministerio de la
Protección Social (ahora Ministerio del Trabajo), y de la Policía, que anunció
en su momento que desplazaría a los huelguistas con las brigadas antimotines
SMAD, intento que en efecto ocurrió.
No obstante,
pudo más la fortaleza y la unidad de los trabajadores y sus familias que
enfrentaron la agresión y sacaron en retirada al SMAD.
La huelga
general -a pesar de que la ley sólo autoriza 60 días- duró 107 días y se mantuvo
firme, aunque en permanente zozobra por las continuas amenazas de intervención
de la fuerza pública.
Finalmente se
acordó, entre otros asuntos, el inicio inmediato de la negociación en
Oleaginosas Bucarelia y el compromiso del gobierno nacional para desplazar
hacia la zona a funcionarios de control y del Ministerio de Trabajo, para
investigar las denuncias realizadas por los trabajadores “cooperativizados” y de
bolsas de empleo (tercerizados), sobre trabajo esclavo, usurpación de sus
salarios y prestaciones sociales mediante engaños en las liquidaciones de
nómina, ausencia de Seguridad Social y de programas de Riesgos Profesionales.
Se planteó en
ese acuerdo que de ser verificada la denuncia de SINTRAINAGRO, UNAC,
Rel-UITA y la CUT, se procedería a sancionar drásticamente
a las empresas y cooperativas que estuvieran incurriendo en las prácticas
laborales ilícitas, y a ordenar la modificación inmediata de los contratos de
trabajo tercerizados por contratos permanentes y directos, sin afectar el
derecho de libertad sindical y negociación.
El 27 de
enero último, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, informó a través de
los medios de comunicación sobre la sanción que el Ministerio del Trabajo impuso
a las empresas Oleaginosas Bucarelia, Las Brisas y las
Cooperativas de Trabajo Asociado La Hortensia, Cooraiz,
Cootracepal, Cootrasoc, junto a un importante número de cooperativas
y procesadoras de la fruta de la palma. Las multas ascendieron a 5,5 millones
de dólares.
Se trata de
un gran precedente en Colombia, pues hasta ahora no se había registrado
una sanción tan drástica por intermediación laboral.
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El 27 de enero de 2012, el ministro del Trabajo, Rafael Pardo,
informó a través de los medios de comunicación nacional que el
Ministerio a su cargo impuso sanciones y multas a las empresas por
valor de 5,5 millones de dólares |
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Asimismo, el
Ministerio de Trabajo solicitó a la Superintendencia de Economía Solidaria que
disuelva y liquide las cooperativas y otras formas de intermediación del empleo,
y al Ministerio de Salud que investigue las infracciones de estas empresas en
relación con sus obligaciones legales referidas al régimen de Salud.
El Ministerio
de Trabajo también denunció que se comprobaron las violaciones relativas a
riesgos profesionales, salud ocupacional, seguridad industrial y al sistema de
protección de salud, y que, en efecto, las cooperativas se quedaban con
dineros de las prestaciones sociales de los trabajadores al aportar por un valor
menor al salario real que ellos recibían.
SINTRAINAGRO,
junto a la UNAC, la Rel-UITA y la CUT, manifestó su
complacencia por estas decisiones, pero a la vez decidieron darle un seguimiento
permanente al proceso, para que la autoridad del Ministerio no salga burlada en
el camino jurídico que contempla la reposición y apelación por parte de los
empresarios sobre la sanción del Ministerio del Trabajo, ni vaya a quedar en la
impunidad semejante aberración en el mundo laboral de la palma.
Estas
organizaciones también llaman la atención sobre la realidad similar que existe
en los sectores de las flores y la caña de azúcar con respecto a la aplicación
de la tercerización. Para citar un ejemplo: Bavaria – SABMiller, destruyó
el Sindicato, acabó con la Convención Colectiva y ahora anuncia orgullosamente
incrementos del 200 o 300 por ciento en sus utilidades en Colombia, sobre
la base de un sistema laboral cooperativizado y tercerizado.
¡La lucha
continúa!
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