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Comunicado
Internacional
Organizaciones
Internacionales condenan el asesinato de abogado Defensor De Derechos Humanos de
Campesinos y Campesinas del Bajo Aguan y del Fiscal Especial para los Derechos
Humanos
Las organizaciones internacionales
firmantes condenamos el asesinato del abogado y defensor de derechos
humanos de campesinos y campesinas, Antonio Trejo; y del fiscal especial para
los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos.
En la noche del sábado 22 de
septiembre del 2012, el
representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán -MARCA,
Antonio Trejo (41 años) fue asesinado a balazos cuando se encontraba en
las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.
El abogado Trejo representó
legalmente a las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán integrantes
del MARCA, en su lucha por el acceso a la tierra para realizar su derecho
humano a la alimentación y vivienda, entre otros.
Tras 18 años de litigio, el abogado
Trejo logró que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y el
Juzgado de Letras Seccional de Trujillo dictaran sentencias confirmando que la
adquisición de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, con una
extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios Miguel Facussé
y René Morales era ilegal y restituyen el derecho a la tierra de los campesinos
y campesinas.
El pasado 29 de junio, fuerzas de
seguridad pública de Honduras entregaron las tres fincas a los campesinos
del MARCA, en ejecución de las sentencias firmes dictadas a su favor.
No obstante, abusando de los
recursos legales que el sistema hondureño ofrece para tornar ineficaz la
protección judicial de los campesinos y campesinas, los empresarios
interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras. Más
grave aún, dichos amparos fueron arbitrariamente concedidos, en contra de lo que
establece el ordenamiento legal hondureño, revirtiendo así la restitución de las
tierras y ordenando el desalojo contra los campesinos y campesinas del MARCA(1).
El Informe de la
Misión de Verificación Internacional dio cuenta de las amenazas que el abogado
Trejo recibió contra él y su familia(2).
Esto también fue denunciado por el mismo abogado Trejo ante autoridades
estatales como
la Dirección General de la
Investigación
Criminal; y ante la Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la
ONU, ante quien denunció la situación de los defensores de derechos humanos
en el Bajo Aguán.
Desde la emisión
de las sentencias favorables a los campesinos y campesinas del Bajo Aguán, las
amenazas contra el abogado Trejo y su familia se intensificaron.
El 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para
los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos,
fue asesinado a balazos por desconocidos, en las inmediaciones del Ministerio
Público en la ciudad de Choluteca, Honduras.
Las organizaciones internacionales
hemos realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán,
inter alia, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la
situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, realizada en marzo de 2011(3),
y la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de
derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán(4),
realizada el 28 de mayo del año en curso en Tocoa, Colón(5).
Según nuestra documentación, 54
personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más
un periodista y su pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 hasta la
fecha en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un
campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.
Observamos con preocupación que
según datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se
ha realizado ninguna investigación imparcial ni seria de estos crímenes.
Las organizaciones firmantes
hacemos un llamado urgente a las instituciones estatales para investigar de
manera imparcial y expedita el asesinato del abogado Antonio Trejo y del fiscal
Eduardo Díaz Mazariegos, sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de
estos crímenes, así como proporcionar las medidas de reparación integral para
sus familias.
Asimismo, reiteramos las
recomendaciones incluidas en la Declaración de la Audiencia Pública sobre la
situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán,
realizada el 28 de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras:
Al Estado
hondureño:
a.
Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás
violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la
condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
b.
Cesar de inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra los y las
integrantes de las comunidades campesinas.
c.
Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
d.
No emprender más desalojos forzosos.
e.
Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas
campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los
compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
f.
Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.
g.
Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una
visita in loco.
A la Comunidad
Internacional:
• Procurar que la cooperación
internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las
compañías privadas, no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté
condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
• Revisar por parte de la
cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de
cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas
privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y
violaciones de derechos humanos en la región.
• Promover, en el marco de la
cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos,
un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del pleno respeto
de los derechos humanos.
• Suspender la cooperación
internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de
derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de
Estados Unidos.
Las
organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la
situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del
Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las
y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.
1° de octubre
2012
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