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Comunicado
internacional
Organizaciones
internacionales advierten:
El Estado de
Honduras
debe garantizar la independencia
e imparcialidad de la justicia
Las
organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra profunda
indignación en cuanto a los tres últimos asesinatos de campesinos en el marco
del conflicto agrario en el Bajo Aguán:
El
productor Gregorio Chávez Aranda, de 69 años, Delegado de la Palabra y
miembro muy activo de Ia Iglesia Católica , desapareció de su terreno el 2 de
julio y fue encontrado enterrado el día 6 de julio sin vida en la finca Paso
Aguán, que se encuentra en poder del empresario y productor palmero Miguel
Facussé.
El día 7 de julio, Jacobo Erazo López, miembro del MUCA y ex directivo de
la empresa campesina Tranvío, del asentamiento La Confianza, fue interceptado y
asesinado de varios balazos por desconocidos, mientras se movilizaba para ir al
trabajo en la comunidad Quebrada de Arena. José Luis Dubón Diaz, tambien
miembro del MUCA, fue asesinado en la Ceibita cerca del asentamiento Lempira, el
domingo 8 de julio.
Con
estos nuevos asesinatos,
51 personas
afines y afiliadas a las organizaciones campesinas, más un periodista y su
pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 en el marco del conflicto
agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde
el 15 de mayo de 2011.
Durante los
últimos años, las organizaciones internacionales hemos realizado un monitoreo
constante de la situación en el Bajo Aguán, inter alia, mediante la
Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en
el Bajo Aguán, realizada en marzo de 2011(1) ,
y la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos de
las comunidades campesinas del Bajo Agán, realizada el 28 de mayo en Tocoá,
Colón(2).
Nuestras organizaciones también denuncian el abuso del poder judicial que
están realizando
personas particulares de mayor
influencia en la zona y el país con la finalidad de revertir la ejecución de
sentencias
dictadas conforme a derecho y que son favorables a los campesinos y campesinas
de la zona.
El pasado 29 de
junio, fuerzas de seguridad pública de Honduras entregaron las fincas San
Isidro, La Trinidad y El Despertar a los campesinos del Movimiento Auténtico
Reivindicador del Aguán (MARCA), en ejecución de las sentencias firmes dictadas
a su favor por el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y del Juzgado de
Letras Seccional de Trujillo.
Tras 18 años de
litigo, dichas sentencias, que son definitivas en la medida en que el empresario
involucrado no interpuso recurso alguno contra ellas en el plazo establecido por
la legislación hondureña, finalmente
restituyen el derecho a la
tierra de las campesinas y campesinos del
MARCA.
Mediante esta decisión,
el poder judicial confirmó que la adquisición de estas tres fincas, con una
extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios Miguel
Facussé y René Morales era ilegal.
No obstante,
abusando de los recursos legales que el sistema hondureño ofrece para tornar
ineficaz la protección judicial de los campesinos y campesinas, los empresarios
interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras. Más
grave aún, dichos amparos fueron arbitrariamente concedidos en clara
contravención de las disposiciones legales(3)
vigentes que indican que no se puede interponer acción de amparo contra una
sentencia que no fue apelada, como es el caso de las sentencias indicadas. Los
amparos concedidos revierten la restitución de las tierras ordenando el desalojo
contra los campesinos en estas tres fincas, a ejecutarse a partir del día 11 de
julio de 2012.
A la demora
injustificada de 18 años en la administración de justicia y el abuso del mismo
poder judicial para revertir esta decisión , se suman las amenazas al abogado
que representa a las tres cooperativas, mostrando la indefensión en la que se
encuentran los campesinos y campesinas en Honduras, donde se bloquean decisiones
del propio poder judicial.
Nuestras
organizaciones subrayan que todas las entidades del Estado de Honduras,
incluyendo el poder judicial, tienen la obligación, según el derecho
internacional de los derechos humanos, de garantizar el efectivo cumplimiento de
derechos humanos en cualquier momento y circunstancia. Dichas obligaciones
incluyen asegurar el acceso a la justica y la efectiva protección judicial de
los ciudadanos, así como la implementación de las sentencias judiciales firmes y
dictadas conforme a derecho.
En ese sentido,
nuestras organizaciones instan a las autoridades hondureñas a garantizar la
independencia e imparcialidad de la justicia, y reiteran las recomendaciones
incluidas en la Declaración de la Audiencia Pública sobre la situación de los
derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28
de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras.
Al Estado hondureño:
a.
Investigar y
sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones
graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena
castigo de los autores materiales e intelectuales de estos hechos
b. Cesar de
inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra el movimiento
campesino.
c. Adoptar
medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
d. No emprender
más desalojos forzosos.
e. Buscar una
solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas,
mediante el cumplimiento de
las disposiciones
legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones
campesinas.
f. Regular
debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.
h. Invitar a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in
loco.
A la Comunidad
Internacional:
·
Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda
al Estado hondureño y a las compañías privadas, no contribuya a violaciones de
derechos humanos, y esté condicionada al respecto irrestricto de los mismos.
·
Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos
sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y
las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia,
hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
·
Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de
Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del
pleno respeto de los derechos humanos.
·
Suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que
agrava la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la
asistencia militar de Estados Unidos.
Hacemos un
llamado urgente a todos los actores involucrados, en particular las
instituciones del Estado, para prevenir cualquier acto de violencia y garantizar
el pleno respeto de los derechos humanos.
Las
organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la
situación del Bajo Aguán, tomado en consideración que el conflicto agrario del
Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las
y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.
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