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El grave
conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un
cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad
de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar
la seguridad alimentaria de la población. Para analizar esta difícil situación,
Sirel dialogó con Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN
Internacional.*
-¿Qué pudieron
observar en el Bajo Aguán?
-Viajamos a la
zona con una delegación de casi 90 personas y pudimos constatar la grave
situación de pobreza, violencia y violaciones a los derechos humanos que padecen
las familias campesinas.
Según las organizaciones
campesinas hay once conflictos abiertos que han dejado un saldo de entre 30 y 40
campesinos asesinados.
Vimos la militarización de la zona, el miedo de la población y la miseria en que
vive la gente.
Escuchamos las
denuncias de violaciones en contra de las mujeres y los atropellos cometidos por
los terratenientes. Es una historia que se repite, década tras década. Es la
historia de Honduras.
-¿Qué pidieron
las organizaciones campesinas a la misión que llegó a la zona?
-Que se instale
un Observatorio de Derechos Humanos Permanente, porque hemos constatado
que cuando hay presencia de defensores de derechos humanos disminuye la
represión.
Estamos
analizando la posibilidad de responder a esa demanda, aunque eso implica
disponer de recursos importantes en términos económicos y humanos.
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Alrededor de las
plantaciones de palma africana en manos de los grandes
terratenientes se han creado grandes cordones de pobreza |
Además, vamos a
profundizar la comunicación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y
con otras instancias internacionales. Necesitamos ir a más con el trabajo de
denuncia e incidencia política en los gobiernos y los organismos de
financiamiento internacional.
Vamos a pedir,
por ejemplo, que se suspenda cualquier tipo de apoyo económico al Ejército y la
Policía locales. Nuestro trabajo debe ser constante, profundo, con mucha
presión. Si no lo logramos, la violación a los derechos humanos puede, incluso,
ser peor de la que hay ahora.
-El conflicto
agrario y las demandas de las organizaciones campesinas tienen raíces
profundas...
-Los campesinos
no salen a las calles por el miedo de ser golpeados o asesinados. Es evidente
que si el gobierno no implementa políticas públicas apropiadas, si no se
resuelve el problema del acceso a la tierra, de la pobreza extrema, del
desempleo, las tomas podrían expandirse al resto del país.
En el Bajo
Aguán hay una lucha por la supervivencia frente a la voracidad de los
terratenientes. Estos sectores se han consolidado después del golpe de Estado y
han impulsado en el Congreso un sinnúmero de leyes y medidas nefastas, que se
enmarcan en la estrategia plasmada en los documentos “Visión de País 2010-2038”
y “Plan de Nación 2010-2022”.
Privatizan los
recursos naturales y los servicios básicos, precarizan el trabajo, anulan las
conquistas laborales y sociales, criminalizan la protesta. Estamos presenciando
una acumulación acelerada de capital y poder de la oligarquía nacional.
-¿Qué
escenarios prevés para el futuro?
-Tenemos una nueva
generación que crece con miedo y desconfianza. Para estos niños, niñas y
jóvenes, los militares y policías no garantizan su seguridad, más bien los ven
como enemigos porque reprimen, torturan, violan y asesinan.
Todo eso da al
traste con el tan cacareado discurso de la reconciliación que pregona
Porfirio Lobo. En el Valle del Aguán no puede haber reconciliación mientras
no se resuelvan todas estas contradicciones, toda esta explotación y miseria.
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Necesitamos de
una nueva estrategia de desarrollo rural que reconozca que el
pequeño productor es una fuerza importante para el desarrollo del
país |
-¿Cómo se enmarca
el monocultivo de palma africana en este contexto?
-Alrededor de las
plantaciones en manos de los grandes terratenientes se han creado grandes
cordones de pobreza. Los
campesinos asalariados viven en condiciones de gran explotación, sin derechos
laborales ni sindicales, sin prestaciones sociales. Sin embargo, no tienen otra
alternativa y deben trabajar en las condiciones que impone el terrateniente.
No hay ningún interés en invertir en
la seguridad alimentaria de la población, y lo que se profundiza es el concepto
neoliberal de producir para la exportación e importar alimentos del exterior.
Una visión
diametralmente opuesta a la de FIAN, que apunta a que el país
tenga la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la
población.
-¿Cuál podría ser
la propuesta para comenzar a cambiar?
-El problema es
complejo. No es suficiente la redistribución de las tierras, porque en
Honduras no existe un modelo de desarrollo que acompañe este proceso de
convertir a los campesinos en empresarios por cuenta propia.
Necesitamos dar
vuelta totalmente al asunto, cambiando las políticas de ajustes estructurales
impuestas por el modelo neoliberal. Necesitamos de una nueva estrategia de
desarrollo rural que reconozca que el pequeño productor es una fuerza importante
para el desarrollo del país.
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