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La
decisión de la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte
del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- de
retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant,
propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha
sentado un importante precedente para el futuro de miles de familias campesinas
del Bajo Aguán que viven bajo una constante agresión a sus derechos. Para
analizar el contexto de esta decisión, Sirel dialogó con Martin Wolpold-Bosien,
coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
-¿Cómo se llegó
a esta importante decisión de la DEG de retirar el financiamiento a Corporación
Dinant?
-FIAN
Internacional inició un intenso proceso de diálogo con la DEG, basado
en el Informe de la
Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán.
Por su parte,
la organización Salva la Selva (Rettet den Regenwald), inició una campaña
de envío de cartas dirigidas al director ejecutivo de la DEG.
Estas dos
acciones hicieron que los directivos del banco analizaran a fondo la situación y
tomaran muy en serio las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos
contenidas en el Informe, y actuó en consecuencia.
No debemos olvidar que la DEG es
un banco público para el desarrollo y por definición solo debe apoyar proyectos
de desarrollo sostenible que, por supuesto, incluyen el respeto a los derechos
humanos.
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En Honduras, los
empresarios que presuntamente están involucrados en abusos a los
derechos humanos, deberán tomar en cuenta de que esa forma de
agresión contra las familias campesinas del Bajo Aguán va a tener un
costo financiero muy alto para ellos. |
El hecho que se
retire de la relación contractual con Corporación Dinant, es algo que
miramos como normal en Alemania.
-Sin embargo en
Honduras hay una percepción diferente de la “normalidad”...
-En Honduras
parece que el empresario
Miguel Facussé
tenga un estatus de intocable y esto explica en parte su actitud y la de sus
guardias de seguridad en el Bajo Aguán.
Sin embargo, Facussé debería
someterse, como cualquier hondureño, a las leyes nacionales y no puede seguir
violentando los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Esta decisión
de la DEG debería abrir una reflexión sobre qué es “normalidad” en
Honduras.
-¿Qué
perspectivas se abren ahora?
-Los
empresarios que presuntamente estén involucrados en abusos a los derechos
humanos, deberán tomar en cuenta de que esa forma de agresión contra las
familias campesinas del Bajo Aguán va a tener un costo financiero muy
alto para ellos.
Esperamos que
este primer resultado tenga un efecto preventivo para evitar la violencia contra
las comunidades campesinas.
Además, otros organismos
financieros internacionales que tienen relaciones contractuales con Corporación
Dinant, como el IFC/Banco Mundial y el BID, deberán tomar en cuenta la decisión
de la DEG, y esperamos revisen sus contratos.
-A través de
los medios hondureños, Corporación Dinant declaró que existe una campaña contra
la empresa y contra Honduras basada en hechos infundados. ¿Qué comentarios
merece esta declaración?
-Son
declaraciones equivocadas, porque la Misión Internacional ha desarrollado
en el Bajo Aguán una labor estrictamente de derechos humanos, tomando
como base las obligaciones que el Estado de Honduras tiene con el derecho
internacional.
El Informe
evidencia muy claramente que hay empresas privadas involucradas en abusos a los
derechos humanos. Además, enviamos copia del Informe preliminar a la
Corporación Dinant para incluir sus observaciones en la versión final. Nunca
recibimos una respuesta acerca de su contenido.
-La Misión
Internacional observó también una estrecha relación entre el modelo productivo,
violación a los derechos humanos y los altos índices de pobreza en el Bajo Aguán.
-Hay un
evidente conflicto entre modelos de desarrollo rural.
Los monocultivos, en este caso la
palma africana, no son un elemento que permite combatir el hambre y la miseria.
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En muchos países vemos
como la expansión de la palma africana ha aumentado la presión sobre
la tierra, y en el mundo las personas más afectadas por el hambre
son las familias campesinas que no tienen acceso a la tierra. |
En muchos
países vemos como la expansión de la palma africana ha aumentado la presión
sobre la tierra, y en el mundo las personas más afectadas por el hambre son las
familias campesinas que no tienen acceso a la misma.
El acceso seguro a la tierra y la
reforma agraria son elementos fundamentales para garantizar el derecho a la
alimentación y las familias campesinas tienen el derecho de luchar para su
seguridad alimentaria.
-¿Qué
importancia tiene para las familias campesinas del Bajo Aguán esta decisión de
la DEG?
-Ya hay una
visibilidad internacional de lo que ocurre en la zona, y la preocupación se está
convirtiendo en decisiones concretas de actores internacionales que pueden
ayudar a la solución del conflicto.
En este
sentido, la Misión Internacional va a seguir insistiendo con la
cooperación
bilateral y los bancos multilaterales, para que revisen sus acuerdos de
cooperación financiera.
Además, vamos a
seguir respaldando las organizaciones de derechos humanos hondureñas que
desarrollan un importante trabajo en defensa de esas poblaciones.
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