|
Después
de una larga y extenuante reunión entre la comisión negociadora del MUCA y el gobierno, las partes firmaron un Acta
de Compromiso que recoge parte de la contrapropuesta presentada por la
organización campesina. El texto será ahora consultado con las bases del MUCA
para su posible aprobación el próximo 17 de abril, en la ciudad de Trujillo.
Mientras tanto, sigue la militarización y la represión en el Bajo Aguán: 40
personas fueron detenidas durante el proceso negociador.
Han sido
necesarias más de 14 horas para que el gobierno y el
Movimiento Unificado Campesino del Aguán
(MUCA) lograran
acordar un Acta de Compromiso que, se espera, sea el inicio de un proceso que
conduzca a una solución definitiva del grave conflicto agrario que se ha
desatado en la zona del Bajo Aguán, en el atlántico hondureño.
Según el texto
firmado por las partes en la madrugada de ayer, 14 de abril, a todas las
familias campesinas del MUCA se les otorgarán de inmediato 3 mil
hectáreas ya cultivadas con palma africana y otras 3 mil sin cultivar en el
término de tres meses, y previo desalojo voluntario de las tierras actualmente
recuperadas. Cabe señalar que los campesinos no podrán vender ni dar como
garantía estas tierras una vez que les sean otorgadas.
Además,
recibirán otras mil hectáreas cultivadas y 4 mil hectáreas sin cultivar en un
plazo máximo de un año.
Se realizará
también un estudio para averiguar si las tierras, en manos de los tres
terratenientes productores de palma africana –Miguel Facussé Barjum,
René Morales y Reinaldo Canales– no exceden el límite registrado en
el Instituto Nacional Agrario (INA), si se comprueba que han cultivado más
tierras de las que tienen inscriptas, automáticamente las mismas pasarán a manos
del MUCA, pero deduciéndole las mil hectáreas ya cultivadas.
Se realizará un
análisis técnico y financiero para determinar las áreas a entregar a las
familias campesinas, su valor, la factibilidad productiva y la rentabilidad de
las mismas, y la forma en que esas tierras fueron adquiridas, y se conformará
una comisión técnica jurídica bipartita.
El Acta de
Compromiso rechaza también una propuesta gubernamental por la cual las familias
campesinas venderían obligatoriamente su producción a las plantas extractoras de
aceite de palma africana de propiedad de los mencionados terratenientes, a
través de contratos de co inversión*.
Según lo
acordado, será el MUCA el que decidirá qué tipo de contrato se
implementará.
Finalmente, las
partes acordaron desarrollar proyectos sociales de salud, educación y
construcción de viviendas en la zona, y plantear conjuntamente “la imperiosa
necesidad de generar un debate nacional sobre la legislación agraria”.
Sólo es un inicio
Según
Rudy
Hernández, miembro de la comisión negociadora del MUCA, “No podemos
decir que esa Acta de Compromiso, que vamos a consultar con nuestras bases que
son las que deciden, sea una solución definitiva al conflicto, sino un inicio y
algo que va a traer un poco de paz a la zona del Bajo Aguán.
En ese sentido,
consideramos muy importante la decisión del gobierno de garantizar el retiro del
ejército de la zona. Ahora esperamos que cumpla”.
También para
Yony Rivas, otro miembro de la comisión del MUCA, “Lo que hemos
logrado hoy es parte de un proceso.
Nuestra lucha
sigue, porque nuestra demanda es la recuperación de 20 mil hectáreas de tierra.
Y mientras no nos entreguen las áreas que hemos acordado en el Acta, no nos
vamos a mover de las tierras que hemos recuperado durante estos meses de lucha”,
declaró
Rivas a
Sirel.
Un elemento de
gran satisfacción es haber logrado detener el intento de atar las miles de
familias campesinas a la venta forzada de la producción a los terratenientes,
que en su momento usurparon esas mismas tierras.
“Fracasaron en
este intento –continuó
Rivas–, y ahora vamos a ser nosotros los que
decidamos de nuestro futuro. También logramos incluir en el Acta el tema de la
reforma de la legislación agraria de los años 90, que tanto daño trajo al sector
campesino”.
Acuerdos y garrote
Si la firma del
Acta de Compromiso trajo cierta esperanza entre las bases del MUCA, no
deja de generar temor la fuerte presencia militar en la zona del Bajo Aguán y,
sobre todo, los episodios de violencia y represión contra los campesinos
organizados.
Mientras en
Casa Presidencial se desarrollaba la negociación, 40 campesinos eran detenidos
por efectivos militares y policiales, entre ellos el jefe regional del INA,
Coronado Ávila Mendoza.
En caso de ser
condenados por el delito de usurpación, estas personas no podrán ser
beneficiadas con el acuerdo recién alcanzado, lo cual genera mucha preocupación
sobre las reales intenciones del gobierno de cumplir lo pactado.
“Es lamentable
lo que pasó, y justo mientras estábamos en el proceso de negociación. Esto no
puede ser. Vamos a exigir la inmediata liberación de todas estas personas y el
retiro de las fuerzas militares y policiales”, concluyó
Yony Rivas.
|
