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El pasado 24 de marzo,
el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) recibió una propuesta del
gobierno para solucionar el grave conflicto agrario en el Bajo Aguán, en el
departamento norteño del Atlántico hondureño. Un conflicto originado por la
usurpación de miles de hectáreas de tierra sembradas de Palma Africana,
situación que el golpe de Estado profundizó. El proceso de recuperación de las
tierras por parte del MUCA ha desencadenado la violencia de los cuerpos
represivos del Estado y una campaña mediática para desprestigiar al movimiento
campesino.
Después de los violentos
intentos de desalojo por parte del ejército y la policía en enero y febrero de
2010, que ha dejado un saldo de varios heridos y un sinnúmero de demandas y
órdenes de capturas contra los campesinos organizados, el
MUCA
ha aceptado sentarse con el gobierno para buscar una solución definitiva al
conflicto.
Sin embargo, las propuestas
del gobierno y del Instituto Nacional Agrario (INA) no parecen estar
encaminadas a reconocer los derechos de los campesinos sobre esas tierras, que
son para uso exclusivo de Reforma Agraria, ni a retomar el hilo de las
negociaciones iniciadas con el gobierno de Manuel Zelaya que fueron
brutalmente interrumpidas por el golpe de Estado.
Según Rudy Hernández,
miembro del MUCA,
“El gobierno pretende una respuesta inmediata a la propuesta, no obstante
nosotros necesitamos por lo menos 15 días para estudiarla y consultarla con
nuestras bases, ya que hemos detectado varios elementos que no son muy claros”.
El texto de la propuesta no
menciona, por ejemplo, el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días
antes del golpe de Estado, para conformar una comisión tripartida que revise el
procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los
terratenientes Miguel Facussé Barjum,
René Morales y
Reynaldo Canales.
Tampoco se explica la
ubicación exacta de las tierras –aproximadamente 2 hectáreas por cada familia
beneficiaria– que el Estado adquiriría para entregarselas a los miembros del
MUCA
y que son propiedad de la
Sociedad Agrícola Cressida del Aguán
SA,
empresa controlada por
Miguel Facussé,
una de las partes en conflicto.
Si eso fuera poco, en
la propuesta del gobierno se pretende que los beneficiarios del
MUCA
firmen un convenio de
co-inversión con las plantas procesadoras propiedad de Miguel Facussé y
René Morales -Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA y Empresa
Agropalma SA-, obligándolos a venderles la producción.
Además, los miembros
del MUCA
deberán asumir la
deuda con el Estado en la compra de la tierra. Paradojicamente, el gobierno de
Porfirio Lobo no solo estaría reconociendo el derecho de propiedad de
estos terratenientes sobre miles de hectáreas de tierra, echando al traste los
avances logrados antes del 28 de junio de 2009, sino que hasta los beneficiaría
con la compra de miles de hectáreas de tierra y les levantaría el negocio
obligando a los campesinos venderles la producción de semillas de Palma
Africana.
“A lo largo de la
negociación pedimos que se retomara el Acta Convenio firmada con el presidente
Zelaya, pero el gobierno hizo caso omiso a nuestra demanda y ahora nos
encontramos con esta propuesta que nos deja con muchas dudas”, dijo Hernández
a Sirel.
Diálogo bajo amenaza
no es diálogo
Pese al inicio del proceso
de diálogo, la violencia y la campaña mediática contra los miembros del
MUCA
no ha cesado.
El 1 de marzo, el diario
La Prensa,
de propiedad del empresario Jorge Canahuati, publicó un extenso
reportaje, supuestamente basado en un informe de la inteligencia militar, en el
que se acusa al MUCA
de estar organizando un frente guerrillero en las fincas recuperadas.
A partir de esa fecha y pese
a la tregua acordada con el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, la
policía y el ejército han desplegado decenas de efectivos en la zona del Bajo
Aguán, en un claro intento de mantener la presión y generar temor.
El 14 de marzo, fue brutalmente asesinado el
periodista de Canal 5 de Tocoa, Colón, Nahun Palacios quien había denunciado la
violencia desatada contra los miembros del MUCA.
Ante esta ola de violencia y
persecución, la Plataforma de Derechos Humanos
de Honduras denunció la constante amenaza de desalojo de la que son
víctimas centenares de familias que están en proceso de recuperación de tierra
en la zona del Bajo Aguán.
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Rechazamos
esta campaña mediática y esta estrategia del terror contra nuestro
movimiento. No les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en lo
correcto luchando por un derecho que todos los seres humanos tienen:
el acceso a la tierra |
Alertó también sobre “las
precarias condiciones en que viven miles de mujeres, niños, niñas, jóvenes,
personas discapacitadas y hombres que necesitan cuanto antes, la dotación de
agua, alimentos, medicinas, tiendas de campaña y otros insumos, ya que
actualmente pernoctan a la intemperie en las numerosas fincas de Palma Africana”.
Asimismo, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)
denunció que “continúa
el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de
facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente
con grupos paramilitares, amenazando constantemente la vida de las familias
campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra”.
“Las
amenazas no han parado y hasta el mismo presidente
Porfirio Lobo
nos ha dicho que si es necesario, no lo va a pensar dos veces en movilizar todos
los batallones de
Honduras
hacia el Bajo Aguán para disolvernos –dijo
Rudy Hernández
a Sirel–.
Nosotros rechazamos esta campaña mediática y esta estrategia del terror contra
nuestro movimiento. No les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en lo
correcto luchando por un derecho que todos los seres humanos tienen: el acceso a
la tierra.
Es por
eso –concluyó
Hernández–
que pedimos la solidaridad a nivel nacional e internacional con nuestra lucha,
para el mundo sepa qué es lo que está pasando de verdad en
Honduras”.
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