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Militares
y policías armados hasta los dientes desalojan con violencia a familias
campesinas indefensas. La presencia de organizaciones de derechos humanos y
periodistas nacionales e internacionales evita, esta vez, un nuevo baño de
sangre en el Bajo Aguán
El amanecer del
jueves 9 de diciembre fue de terror para decenas de familias campesinas del Bajo
Aguán. Varios contingentes de militares y policías, armados hasta los dientes,
desalojaron sin ninguna orden judicial, ni presencia de un juez interventor, el
asentamiento Paso Aguán, en la margen izquierda del río Aguán.
La delegación de
organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales
llegó al lugar justo cuando los cuerpos represivos del Estado estaban terminando
su “trabajo”.
Decenas de
efectivos, armados con fusiles M16 y hasta con una ametralladora M60, estaban
obligando a hombres, mujeres, niños y niñas a abandonar el lugar que habían
recuperado hace unos meses de las manos del terrateniente palmero Miguel
Facussé Barjum.
Un escenario de
guerra declarada contra la lucha campesina que pide, exige, tierra para trabajar
y sobrevivir.
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“Llegaron a las 5 de la mañana, encapuchados. Nos tiraron boca abajo
y nos amenazaron. Destruyeron y quemaron nuestras champas, se
llevaron nuestros machetes y ahora ni siquiera nos quieren dejar
salir con nuestras cosas” |
Una guerra absurda
que se libra bajo las ramas de miles de plantas de palma africana que trajeron
explotación, violencia y sangre derramada, acabando con la seguridad alimentaria
de la mayoría de la población que vive en esas tierras fértiles del Bajo Aguán
Ante nuestros ojos
se extiende un panorama dantesco: las humildes champas* están destruidas
y quemadas. Hay colchones, utensilios de cocina y ropa personal regadas por todo
el lugar, sobre el suelo mojado por el violento aguacero de la noche anterior.
Miradas perdidas
de mujeres abrazando a sus niños. Hombres enojados gritando desesperadamente sus
verdades, ante la mirada inmutable de uniformados que tratan de justificar lo
injustificable.
Marchan en fila
las familias desalojadas. Cada miembro carga algo en sus hombros, dirigiéndose
hacia la nada. No tienen un lugar adonde ir.
Al final del día,
es la solidaridad del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y de la
comunidad Guadalupe Carney, también asediada por los militares, la que viene a
paliar en parte esta dramática situación y a brindarles un lugar donde
refugiarse.
La
ley de la selva
“Estamos
cumpliendo las órdenes dictadas por el juez. Hacemos nuestro trabajo y ustedes
no deben tergiversar lo ocurrido. Aquí no hay un solo herido, ni presos, y
fueron los campesinos a darles fuego a sus champas”, trataba inútilmente
de justificarse el relacionista público de la Policía, Alex Madrid,
mientras tomaba fotos a los periodistas y activistas de derechos humanos.
“Llegaron a las 5
de la mañana, encapuchados. Nos tiraron boca abajo y nos amenazaron. Destruyeron
y quemaron nuestras champas como si fuéramos alimañas, se llevaron
nuestros machetes, y ahora ni siquiera nos quieren dejar salir con nuestras
cosas”, cuenta enardecido uno de los campesinos desalojados que prefirió
mantener el anonimato.
“Ya no se puede
vivir, y estamos resignados a que nos maten los militares. Estamos abandonados
en el Bajo Aguán. Nos quemaron las casas, quedamos sin nada y no tenemos la más
mínima duda de que todo esto es obra de Miguel Facussé.
No tenemos armas,
solo nuestros machetes y garrotes, sin embargo nos atacan, nos desalojan, nos
reprimen sin piedad”, agregó otro de los expulsados por la violencia militar.
Después de varias
horas de permanencia en el lugar, la delegación logró asegurar la salida a salvo
de todas las personas del asentamiento Paso Aguán, y se dirigió hacia la
comunidad Guadalupe Carney, donde parece ser inminente el desalojo violento de
la toma indefinida iniciada hace cuatro días por las organizaciones campesinas.
“En Honduras
ya no existe la ley. La única ley que se cumple es el capricho del poderoso y el
pueblo indefenso está bajo esta ley mortal. Hay que ir a las casas de la gente y
ver cómo está viviendo. Es la miseria total. Es la idea que está destruyendo al
mundo: el dinero por encima de la vida. No podemos seguir así”, aseveró el
sacerdote Fausto Milla, miembro de la Comisión de Verdad, mientras,
caminando, dejábamos atrás la vergüenza de este nuevo atentado contra un pueblo
en resistencia y en lucha por la vida.
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