agricultura

La grave situación de violencia y represión contra las comunidades campesinas en el valle del Aguán podría sufrir una peligrosa escalada a partir del 1 de junio próximo, cuando venza el plazo dado por el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum al Instituto Nacional Agrario (INA), para que se le paguen las más de 4,4 mil hectáreas de tierras que fueron negociadas con el Estado y algunas de las organizaciones campesinas.

El ultimátum fue hecho público por el presidente del Grupo Dinant -Corporación Dinant y Exportadora del Atlántico SA- Miguel Facussé, a través de un aviso publicitario en la prensa, en el que se establece de forma unilateral el 31 de mayo de 2012 como fecha tope para que se cancelen los más de 28,5 millones de dólares por la venta de 4.045 hectáreas -siete fincas- a las organizaciones campesinas.

De no hacerlo, el terrateniente aseguró que el próximo 1 de junio presentará órdenes de desalojo de las siete fincas, y que espera que esta vez sean ejecutadas por parte de las autoridades competentes. “En caso contrario, no tendré otra opción que proceder judicialmente contra ellas”, afirmó Facussé en su carta dirigida a las autoridades agrarias.

Las exigencias de Facussé se fundamentan en un acuerdo firmado en junio de 2011, cuyas condiciones financieras fueron y están siendo rechazadas por el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA-Margen Derecha), ya que parte de un supuesto plan para endeudarlos y estrangularlos económicamente, para finalmente devolver las tierras a los terratenientes.

Por su parte, la organización campesina exige también el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno en abril de 2010, que contemplaban la entrega de 11 mil hectáreas, algunas ya cultivadas con palma africana y otras aún sin cultivar.

Ahora, el ultimátum del Grupo Dinant amenaza con desencadenar una nueva escalada del conflicto agrario que ha enlutado a las familias campesinas dejando un saldo de 48 campesinos organizados asesinados en poco más de dos años y medio.

Solo en los últimos días fueron asesinados Juan José Peralta Escoto y José Efraín Del Cid, ambos miembros del MUCA, y han quedado heridos por lo menos cinco miembros de organizaciones campesinas de la zona.

Esta situación ha sido repetidamente denunciada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como el resultado de la falta de un plan integral de desarrollo agrario de parte de las autoridades hondureñas, el acaparamiento y concentración de tierras en pocas manos, la falta de acceso a la tierra para las familias campesinas, así como la inseguridad alimentaria y la profundización del modelo monocultivista.

La connivencia entre los cuerpos represivos del Estado y los guardias privados de los terratenientes continúa operando con total impunidad, al tiempo que se intenta criminalizar la lucha campesina.

Sin embargo, para el principal productor palmero del país los verdaderos problemas parecen ser otros.

“La solución del pago se ha dilatado ya por más de dos años, causando situaciones de muertes contra mis empleados y pérdidas cuantiosas para mis empresas”, y esto sucede “mientras el MUCA disfruta de ingresos millonarios provenientes de la fruta robada de mis propiedades”, alega el productor palmero.

También acusa a un supuesto “estado de anarquía que, adicionalmente, provoca el descrédito ante los organismos financieros y la comunidad internacional, sin respaldo de evidencias que documenten sus acusaciones”, se quejó Facussé.

Ante esta situación, el MUCA asegura estar listo para lo que venga. “Ya hemos aclarado nuestra posición, y ante las amenazas de desalojo advertimos al señor Facussé que ya hay más de 5 mil campesinos que están pidiendo sumarse al MUCA.

Si nos desaloja de nuestras tierras, sepa que vamos a retomar las más de 20 fincas que recuperamos en diciembre de 2009 y que cedimos a raíz de los acuerdos de 2010”, aseguró a Sirel Vitalino Álvarez, vocero del MUCA.