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Diez
comunidades en la península de Zacate Grande, en la costa sur de Honduras,
llevan más de once años luchando para que se les reconozca el derecho a vivir y
trabajar en la tierra donde han permanecido por más de ochenta años. Un derecho
que dicen está en peligro a causa de la insaciable voracidad del terrateniente
palmero Miguel Facussé Barjum.
“Bienvenidos a
la zona libre de terratenientes”, se lee en un rotulo puesto a la entrada del
recinto donde transmite la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
La radio, que
el próximo 14 de abril cumplirá un año de estar al aire, se ha transformado en
uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de Zacate Grande, contra las
pretensiones del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé de
apoderarse de sus tierras.
“Llevamos más
de 11 años luchando por nuestras tierras y sufriendo una constante represión por
parte de policías, militares y los guardias de seguridad de Facussé.
En varias
ocasiones nos han amenazado, golpeado y detenido. Tenemos orden de captura y nos
acusan de usurpación de tierra, desobediencia al Estado, evasión fiscal y daños
al medio ambiente”, dijo a Sirel, el Fiscal de la Asociación por el
Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Gerardo Aguilar.
Según los
miembros de esta combativa asociación, el conflicto remonta a los años 90,
cuando Miguel Facussé inició sus oscuras maniobras, ya ampliamente
experimentadas en el Bajo Aguán.
Pese a tener
una posesión natural sobre las tierras de la zona, los pobladores de Zacate
Grande tuvieron que enfrentarse a la voracidad del terrateniente, quien
argumentó ser propietario de la península.
“En el 2000
creamos el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande,
que hoy se ha estructurado en la ADEPZA.
En estos 11
años -continuó Aguilar- negociamos en varias ocasiones con Facussé,
sin embargo la represión no se detuvo y ha tratado de dividirnos, apoderándose
de más tierra y playas”, dijo Aguilar.
Los miembros de
ADEPZA denunciaron que el terrateniente ha levantado un muro que se
extiende por más de 20 kilómetros, obstaculizando el acceso a las playas. Cuando
los pobladores tratan de atracar con sus lanchas son atacados por los guardias
de seguridad de Facussé.
En 2008, los
integrantes de ADEPZA recurrieron al Instituto Nacional Agrario (INA)
para que se remidiera las tierras y se les reconocieran sus derechos de
propiedad.
“El golpe de
Estado paralizó el proceso. Facussé incrementó la vigilancia sobre las
tierras en conflicto y se multiplicó la presencia de guardias de seguridad,
policías y militares.
Se desató una
represión feroz con enfrentamientos que dejaron un saldo de decenas de
detenidos, golpeados y heridos.
La radio
comunitaria -continuó el directivo de ADEPZA- ha sido objeto de varios
intentos de desalojo. No quieren que los jóvenes sigan denunciando las
barbaridades que se cometen en Zacate Grande”.
Represión y más represión
Ante los comisionados de la Comisión de Verdad (CdV),
quienes viajaron hasta el lugar para recoger los testimonios de las víctimas de
la violencia, los pobladores de la comunidad de Puerto Grande, dijeron que en
junio de 2010, centenares de policías y militares rodearon e intentaron cerrar
la radio comunitaria.
En julio del mismo año, la zona fue nuevamente militarizada y
Facussé entregó títulos de propiedad a familias que no pertenecen a la
ADEPZA, con el objetivo de crear conflictos internos y desarticular la
lucha.
El pasado 15 de diciembre, pobladores de Coyolito fueron
brutalmente desalojados, golpeados y detenidos, mientras que el 13 de marzo de
2011, el director de la radio, Franklin Meléndez, fue baleado en una
pierna por personas hostiles a la radio.
Finalmente, el 1 de abril se emitió una orden de captura
contra Meléndez, el presidente de ADEPZA, Pedro Canales y
otros 6 pobladores más.
“Para Facussé y los órganos judiciales que lo
respaldan, sembrar granos básicos es usurpación, labrar la tierra ocasiona daños
al medio ambiente e informar y crear conciencia a través de la radio constituye
una evasión fiscal.
La situación es muy grave. Hay más de 90 personas acusadas de
varios delitos y 45 han recibido amenazas de muerte. Estamos en un estado de
desamparo y pedimos a la solidaridad internacional que no nos dejen solos”,
concluyó Canales .
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