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Este sábado 23 de
julio, desconocidos ajusticiaron sin piedad a Julián Alvarenga García, 45 años,
presidente de la empresa
campesina Isla Uno, situada en la margen izquierda del río Aguán y perteneciente
al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En el atentado resultó
gravemente herido el también directivo de la empresa, Santos Dubón, quien se
debate entre la vida y la muerte.
Las cifras de la
matanza en el Bajo Aguán son escalofriantes.
Un total de 35 campesinos
organizados han sido asesinados entre enero de 2010 y julio de 2011, 12 de los
cuales durante los últimos cuatro meses.
Atentados,
secuestros y desalojos violentos han dejado un saldo de 7 campesinos gravemente
heridos y uno desaparecido entre mayo y julio de 2011. Tampoco han cesado las
persecuciones, hostigamiento y amenazas de muerte, en medio de una total
impunidad.
Hasta la fecha no
hay una sola persona detenida por estos ataques criminales en contra de miembros
de las organizaciones campesinas. Mientras tanto, el régimen de Porfirio Lobo
parece conformarse con la creación de instancias y estructuras inútiles e
inoperantes, que más bien obstaculizan cualquier tipo de investigación y
esclarecimiento de los hechos.
“Todavía la gente
estaba llorando la muerte de los compañeros Luis Alonso Ortiz Borjas y
Constantino Morales Enamorado, asesinados el pasado 16 de julio, cuando se
dio este nuevo ataque contra dirigentes de las empresas campesinas del MUCA.
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Atentados, secuestros y
desalojos violentos han dejado un saldo de 7 campesinos gravemente
heridos y uno desaparecido entre mayo y julio de 2011. Tampoco han
cesado las persecuciones, hostigamiento y amenazas de muerte, en
medio de una total impunidad. |
Julián Alvarenga
y Santos Dubón fueron interceptados por un vehículo y brutalmente
baleados mientras se dirigían hacia el mercado municipal de Tocoa. No hay duda
de que se trata de un nuevo ataque contra las organizaciones que siguen luchando
por el acceso a la tierra”, dijo a Sirel, Wilfredo Paz, dirigente
del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Colón.
Los familiares de
Julián Alvarenga denunciaron que había recibido repetidas amenazas de
muerte por teléfono. “Le
decían que si no se retiraba de la organización campesina lo iban a matar. Lo
conocía bien. Era un compañero valiente y dispuesto a la lucha. Un compañero muy
comprometido no solamente con la causa campesina, sino también con la lucha de
resistencia del FNRP”,
recordó Paz.
Según el
dirigente de la Resistencia hondureña, todos los presidentes de las 14 empresas
campesinas del MUCA situadas en la margen izquierda del río Aguán,
habrían recibido amenazas de muerte y sus vidas estarían en peligro.
“Estos asesinatos
demuestran que existe un plan macabro para acabar con la resistencia de las
organizaciones campesinas que sigue exigiendo el respeto de los acuerdos
firmados con el gobierno en abril de 2010, y que no están cediendo ante las
presiones de los terratenientes”, explicó Paz.
Preocupación internacional
El pasado 11 de
julio, la grave situación del Bajo Aguán fue
denunciada ante la Subcomisión de Derechos Humanos y otras instancias del
Parlamento Europeo
por organizaciones internacionales, generando profunda preocupación, sobre todo
por el alto nivel de impunidad que existe en la zona.
Ante la creciente
preocupación de la comunidad internacional, el régimen de Porfirio Lobo
decidió conformar un Observatorio Estatal de Derecho Humanos, cuyo objetivo
sería “monitorear la situación de la problemática agraria que se vive en la
región del Bajo Aguán”.
“No va a
solucionar nada y es un mecanismo más del régimen para tratar de dividir y
detener la lucha del movimiento campesino. En una semana han asesinado a 3
dirigentes y otro está entre la vida y la muerte, y no ha habido ninguna
investigación, ni preocupación para tratar de llevar a los culpables ante la
justicia.
La que falta es
la voluntad política de encontrar una solución real al conflicto agrario”,
concluyó Paz.
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