agricultura

El gigantesco operativo militar Xatruch II, montado por el régimen hondureño a mediados del año pasado en el Valle del Aguán, no sólo no ha servido para detener la ola de violencia y represión desatada contra las organizaciones campesinas, sino que ha contribuido a aumentar los índices delictivos y las violaciones a los derechos humanos en la zona, y reforzó los intereses de los grandes terratenientes y productores de palma africana.

El ataque armado perpetrado el pasado 16 de mayo por desconocidos a un vehículo que se desplazaba por la zona del Aguán, costó la vida a Juan José Peralta Escoto, de 60 años, y dejó gravemente herido a su hijo Juan José Peralta Barerra, de 28, ambos pertenecientes al asentamiento Marañones y miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

En la emboscada quedó herido de gravedad el campesino José Antonio Vélez, miembro del asentamiento La Aurora, también perteneciente al MUCA.

Enseñando unos casquillos encontrados en el lugar del brutal ataque, Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, declaró a la agencia de noticias AFP que el vehículo en el que se movilizaban los campesinos fue atacado por individuos que dispararon con fusiles FAL.

Con esta nueva muerte suman 47 los campesinos organizados que han sido asesinados en los últimos dos años y medio en el marco del conflicto agrario en el Bajo Aguán.

Días antes de este nuevo atentado, los campesinos Darwin Maldonado y Darwin Cartagena, ambos pertenecientes al Movimiento Campesino de Rigores (MCR) fueron heridos por guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, quienes les dispararon mientras regresaban con otras personas desde sus labores y buscaban leña para llevar a su casa.

La grave situación que se vive en la zona a raíz de la concentración de territorios en manos de unos pocos productores palmeros, y la consecuente falta de acceso a la tierra y a la seguridad alimentaria para miles de familias campesinas, sigue generando violencia y terror.

En este sentido, de nada ha servido la decisión del gobierno de militarizar la zona para resolver un conflicto cuyas raíces están en el despojo perpetrado contra los campesinos.

Tampoco ha servido para eliminar la violencia y ponerle fin a la impunidad en la zona el absurdo llamado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general René Osorio Canales, a analizar la posibilidad de imponer un “estado de excepción” en el Bajo Aguán. Esta medida permitiría la suspensión de varios derechos constitucionales, abriendo paso a más incertidumbre, violencia y represión.

Ante esta situación, del 28 al 30 de mayo varias redes y organizaciones internacionales que han venido monitoreando la situación de derechos humanos en Honduras -entre ellas la Rel-UITA- organizarán, con el apoyo de contrapartes locales, una Audiencia Pública y un Seminario Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán*.