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COMUNICADO DE PRENSA
Misión internacional alerta sobre la crisis de derechos humanos en
el Bajo Aguán
Del 25
de febrero al 4 de marzo de 2011 una Misión internacional compuesta
por seis redes y organizaciones internacionales1,
apoyada por organizaciones nacionales2,
realizó una investigación in situ para evaluar la situación
de los derechos humanos en el Bajo Aguán. En este marco, mantuvo
reuniones con diversas organizaciones y comunidades campesinas, así
como con autoridades tales como la Fiscalía, jueces y el Instituto
Nacional Agrario (INA) a nivel regional. También se entrevistó con
representantes de la comunidad internacional, Fiscalía Especial de
Derechos Humanos y la Comisión de Verdad.
A
partir de la verificación realizada, la Misión internacional
constata una severa crisis de derechos humanos en el Bajo Aguán,
cuyos elementos principales son:
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De enero 2010 hasta
la fecha, 19 campesinos pertenecientes a organizaciones del Bajo
Aguán han sido asesinados y según la Fiscalía, en ninguno de
estos casos se han presentado órdenes de detención. En la
mayoría de los casos ni siquiera se ha hecho una investigación
inicial, por lo que existe un alto riesgo de que todos estos
casos queden en total impunidad.
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Múltiples
violaciones del derecho a la integridad de la persona,
incluyendo amenazas y hostigamientos permanentes a dirigentes e
integrantes de las organizaciones campesinas, provenientes tanto
de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de las
empresas de seguridad privada que resguardan las propiedades de
los terratenientes de la zona. Además, la Misión ha conocido de
casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y casos de
abusos sexuales.
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Continúan los
desalojos forzosos violatorios del derecho a la alimentación,
vivienda, salud, de los asentamientos campesinos, en flagrante
violación de los estándares establecidos en el derecho
internacional y del debido proceso.
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Incumplimiento de
las disposiciones legales y acuerdos políticos que obligan a las
instituciones del Estado a entregar la totalidad de las tierras
del anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a
las empresas campesinas aglutinadas en el Movimiento Campesino
del Aguán (MCA); a transferir antes del 13 de abril del 2011 un
total de 11,000 hectáreas a las cooperativas integrantes del
Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA); y a respetar y
garantizar los derechos sobre la tierra de las cooperativas del
Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán (MARCA).
-
Asimismo, los
compromisos adquiridos en el Acuerdo con MUCA para garantizar el
derecho a la educación, a la salud y a la vivienda hasta la
fecha han sido incumplidos.
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En vez de políticas
y medidas contundentes para resolver la problemática agraria en
la zona, se observa un proceso de estigmatización y
criminalización de la lucha campesina, lo que incluye
detenciones arbitrarias, 162 personas procesadas y una
persecución sistemática contra la dirigencia campesina.
EN CONCLUSIÓN:
La Misión
constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra
integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes
viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación
de las autoridades. Los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo
Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la
repetición de violaciones a los derechos humanos.
Ante
esta situación, la Misión hace un llamado a las autoridades
nacionales a cumplir con su deber de investigar y sancionar todos
los asesinatos y crímenes cometidos contra campesinas y campesinos
en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores
materiales como intelectuales. Igualmente, cesar de inmediato la
represión y la violencia contra el movimiento campesino, y adoptar
medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
Además, cumplir las disposiciones legales y los acuerdos políticos
firmados para facilitar el acceso a la tierra, a la salud, educación
y vivienda de las comunidades que permanecen en situaciones
precarias.
Es
necesario redefinir la orientación del desarrollo rural vigente
cambiando de un modelo basado en el agro-negocio y el acaparamiento
de tierras a políticas que fomenten la agricultura campesina
sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral que
en Honduras es un mandato constitucional.
En este
contexto, la comunidad internacional juega un papel fundamental en
la protección y promoción de los derechos humanos. Esto implica que
el cuerpo diplomático debe contribuir con medidas concretas y
contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en
particular en relación al Bajo Aguán asegurando que su cooperación
se condicione al respecto irrestricto de los derechos humanos.
Además,
la comunidad internacional debe procurar que la cooperación
financiera que brinda al Estado y a compañías privadas no contribuya
a violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, solicitamos que en
el caso particular del Bajo Aguán la cooperación bilateral y los
bancos multilaterales revisen todos sus acuerdos de cooperación
financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas
privadas presuntamente involucradas en actos de violencia,
hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
Las
organizaciones internacionales que han integrado esta Misión harán
visibles los hallazgos de esta investigación mediante de un informe
que será entregado a la Comisión de Verdad, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a la Corte Penal
Internacional, y seguirán monitoreando muy de cerca el desarrollo de
la situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y en
contra de la impunidad en el Bajo Aguán y en el país.
Tegucigalpa, 4 de marzo de 2011
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