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En
conferencia de prensa, las organizaciones nacionales e internacionales
integrantes de la Misión Internacional, entre ellas la Rel-UITA, dieron a
conocer los primeros resultados de la investigación realizada en el Bajo Aguán.
La
Misión Internacional
que del 24 de febrero al 5 de marzo de 2011 observó en situ la situación
de los Derechos Humanos en el
Bajo Aguán,
presentó los primeros resultados de esta investigación.
“La Misión
constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes
de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total
indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades.
Además, los
crímenes cometidos contra la vida en el
Bajo Aguán
están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a
los Derechos Humanos”, se lee en el comunicado que fue distribuido a los medios
presentes en la actividad.
Entre los principales
señalamientos se destaca la falta de investigación y órdenes de detención en los
19 casos de asesinato contra campesinos registrados en el último año.
También, las
múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, provenientes
tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de los guardias de
seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes y
productores palmeros de la zona.
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Desde la
Misión se señaló la urgencia de un cambio del actual modelo de desarrollo rural,
basado en el agronegocio y el acaparamiento de tierras, hacia políticas que
fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma
agraria integral. |
Además, el
comunicado pone en evidencia la existencia de casos de secuestro y tortura,
lesiones múltiples y de abusos sexuales.
“Hay un ambiente
de represión muy fuerte contra las familias campesinas y continúan los desalojos
forzosos. Una forma totalmente violatoria de los Derechos Humanos que nos
preocupa mucho”, dijo a Sirel, el coordinador para Centroamérica
de FIAN Internacional, Martín Wolpold-Bosien.
La
Misión Internacional
evidenció también la falta total de cumplimiento de los acuerdos firmados con
las organizaciones campesinas y de las disposiciones legales en materia agraria,
y un clima de preocupante estigmatización y criminalización de la lucha
campesina.
“Siguen
la represión, la violencia, la indefensión, la impunidad y la desprotección de
la población campesina. Todo eso lo vamos a denunciar a nivel internacional”, aseveró Wolpold-Bosien.
Ante esta
situación, la Misión
Internacional hizo un llamado a las autoridades nacionales a investigar y sancionar
todos los asesinatos y crímenes cometidos, así como cesar de inmediato la
represión y la violencia contra el movimiento campesino.
También, exigió el
cumplimiento de los acuerdos firmados y las disposiciones legales existentes,
facilitando el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda.
Finalmente, los
integrantes de la Misión
señalaron la urgencia de un cambio del actual modelo de desarrollo rural, basado
en el agro-negocio y el acaparamiento de las tierras, hacia “políticas que
fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma
agraria integral”.
A la comunidad
internacional se le exigió contribuir con medidas concretas y contundentes a una
mayor protección de las personas en riesgo, “asegurando que su cooperación se
condicione al respecto irrestricto de los Derechos Humanos”.
Asimismo, deberá
procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías
privadas “no contribuya a violaciones de Derechos Humanos” y pidió que se
revisen todos los acuerdos de cooperación financiera “con las fuerzas de
seguridad pública y las empresas privadas que podrían estar involucradas en
actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la
región”.
“Ha sido una
experiencia muy enriquecedora e importante, fruto del esfuerzo de todas las
organizaciones que han integrado esta
Misión. Compartir esta tragedia y sufrimiento con la población afectada ha
generado un compromiso más fuerte con esta lucha.
Vamos a seguir muy
de cerca esta situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y contra
la impunidad”, concluyó Wolpold-Bosien.
El informe final
será presentado a la Comisión de la Verdad (CdV), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas (CDH), a la Unión Europea y a la Corte Penal
Internacional (CPI).
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