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El pasado
14 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) derogó el Decreto
18-2008. Con esa conquista, las organizaciones campesinas habían logrado echar a
andar una posible solución para el delicado tema de la “mora agraria”1.
Su derogación, fuertemente impulsada por los latifundistas, podría agravar el
conflicto agrario en el país.
De acuerdo con
el informe “Reforma
Agraria y Conflicto Agrario en el Bajo Aguán”,
elaborado por el director ejecutivo de FIAN Internacional en Honduras,
Gilberto Ríos,
casi la mitad de la población rural hondureña vive con ingresos inferiores a 0,5
dólares diarios, y cerca del 25 por ciento con menos de 25 centavos de dólar.
En este
sentido, si utilizamos como línea de pobreza el costo de la canasta básica, en
el área rural se obtiene que
"2,8 millones de hondureños del
sector viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza. Este grupo
representa más del 75 por ciento de la población rural”,
expresa el informe de Ríos.
La lucha
reivindicativa campesina para el derecho al acceso a la tierra y a una vida
digna logró un primer avance con la aprobación del Decreto 18-2008, con el que
se comenzó a resolver los conflictos generados por la “Mora Agraria”.
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Más del 75 por ciento
de la población rural vive bajo la línea de pobreza, y la mitad
cuenta apenas con medio dólar diario para sobrevivir |
La decisión de
la CSJ evidencia la falta de interés en encontrar una salida a la grave
problemática que se vive en la zona rural de Honduras, y que está
provocando una profundización de los conflictos.
Como ha podido
constatar la Misión Internacional
-que en estos días está evaluando la situación de los derechos humanos en el
Bajo Aguán- los conflictos agrarios han dejado un preocupante saldo de muertos,
heridos y perseguidos.
“La
derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución de la
problemática agraria hondureña al impedir la distribución equitativa de los
recursos y con ello, de la superación de la pobreza.
Además
-continúa Ríos en su informe-, incentiva las tomas de tierra como única
salida a la inexistencia de políticas públicas que cumplan con el mandato
constitucional y los convenios internacionales, especialmente cuando se trata de
los derechos económicos, sociales y culturales, que hablan de aspectos tan
básicos para la dignidad humana”.
Acción y
reacción
“Ante esta
injusta decisión de la CSJ, las organizaciones campesinas reaccionamos
con movilizaciones y tomas de carreteras. Estamos avisándole al régimen de facto
de Porfirio Lobo que no estamos de acuerdo con esta decisión y que la
protesta se va a intensificar”, dijo a la
Misión Internacional el directivo de la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC),
Santos Cruz.
Según Cruz,
esta decisión ya ha provocado varios desalojos violentos y hay miles de personas
que están quedando sin respaldo legal, sobre tierras que están en su posesión
desde hace décadas.
“La
gente está hastiada y no está dispuesta a dejar que la desalojen de sus tierras.
Habrá tomas de carreteras en el Bajo Aguán y en todo el país, y la situación
puede volverse muy difícil.
Si la ley ya no
nos ampara, vamos a defender lo que es nuestro, cueste lo que cueste. Aquí no se
trata solamente del Decreto -continuó Cruz-, sino de una situación
insostenible que vivimos los campesinos y de nuestro derecho a la tierra.
Los terratenientes y
productores palmeros están encendiendo el fuego. Es muy probable que en los
próximos meses haya movilizaciones y tomas de tierras en todo el país”,
concluyó el directivo de la CNTC.
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