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Un
escenario de preocupante ausencia de los más elementales derechos se abrió ante
los miembros de la Misión Internacional, que integra la Rel-UITA. El Bajo Aguán,
al noreste del país, es tierra de palma africana, tierra de nadie.
Impunidad ante la
violencia y los asesinatos sistemáticos y selectivos; acoso judicial,
hacinamiento, falta de acceso a los servicios básicos, y un total incumplimiento
de los acuerdos firmados con el gobierno, ha sido el común denominador en las
diferentes denuncias presentadas por las cientos de familias campesinas que en
el Bajo Aguán luchan por el acceso a la tierra y una vida digna.
La Misión
integrada por varias organizaciones nacionales e internacionales1
recorrió en estos primeros días los asentamientos del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), y se reunió con abogados de las víctimas y
miembros del Movimiento
Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA).
La percepción de
una violencia e impunidad generalizada y, al mismo tiempo, el espíritu
reivindicativo de las personas que se acercaron para brindar sus testimonios,
acompañó constantemente el trabajo realizado por los miembros de la Misión.
“Nos estamos
enfrentando a situaciones muy difíciles. Firmamos acuerdos con el gobierno y no
nos ha cumplido. No tenemos la propiedad de la tierra, estamos viviendo en
champas de plástico y hay una gran cantidad de niñas y niños enfermos,
muchos de ellos sin acceso a la educación”, dijo a Sirel, Ricardo
Morales, miembro del asentamiento La Lempira.
“Somos más de 300
familias y estamos sembrando alimentos y cosechando la fruta de la palma
africana para medio sobrevivir. Sufrimos una constante represión por parte de
los guardias privados de Miguel Facussé.
Ya después de las
6 de la tarde no podemos movilizarnos porque estamos cercados. Nos amenazan, nos
apuntan con sus armas y hacen disparos para atemorizarnos.
No es posible que
una sola persona sea propietaria de toda esta tierra y a nosotros se nos quiera
negar el derecho de trabajar y vivir dignamente”, aseveró Morales.
En las palabras de
las personas es recurrente el recuerdo de las amenazas, la persecución y los
asesinatos. Margarita Méndez Ramírez narra con lágrimas el momento donde
un sicario asesinó a su marido, José Leonel Guerra, miembro del MUCA,
ante la mirada atónita de sus hijas.
“Se levantó para
ir donde su mamá y al salir a la calle pasó un hombre con una moto y le disparó.
Lo mataron delante de nuestras hijas. Miraron todo. Yo corrí pero no pude hacer
nada. Nuestra cuarta hija tenía pocos días de haber nacido.
Presentamos la
denuncia a la Fiscalía, pero nadie le dio seguimiento al caso para que el
culpable pagara por ese crimen. En este país no se puede confiar en la
justicia”, dijo Méndez Ramírez.
Impunidad y acoso
judicial
Según el abogado
que está dando seguimiento a los innumerables casos judiciales contra los
miembros del movimiento campesino, en el Bajo Aguán existe una clara situación
de impunidad y acoso judicial, y un permanente estado de indefensión.
“Se ha
criminalizado la lucha campesina. Nosotros hemos logrado excarcelar a 80
compañeros, sin embargo hay personas que tienen hasta siete juicios y
actualmente son 162 los campesinos procesados en la zona a partir de enero de
2010”.
El abogado, quien
prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad personal, consideró
también que la Fiscalía ha jugado un papel de “punta de lanza” de los
terratenientes, convirtiéndose en el apoderado de los productores palmeros.
“Sobre todo en la
ciudad de Trujillo son fiscales extremadamente agresivos, inquisidores, que
quieren violentar, a como dé lugar, la defensa de los campesinos. Aquí el poder
judicial y la fiscalía están jugando un papel de criminalización de la protesta
social, son instrumentos en manos de los agroindustriales”, concluyó el abogado.
Al finalizar esta
nota, se nos informó que Matias Valle, directivo del MUCA, había
sido
encarcelado en la Penitenciaria Central de Támara por posesión ilegal de arma.
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