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La Misión
Internacional se reunió con el G16 para compartir las primeras conclusiones
surgidas en la visita de campo efectuada recientemente. También se propuso
conocer cómo valora este Grupo la situación de los derechos humanos en el Bajo
Aguán y en el país, qué está haciendo sobre ese tema y cómo la Unión Europea
(UE) aplica las directrices comunitarias destinadas a proteger a los defensores
de los derechos humanos.
Las organizaciones que integran la
Misión Internacional de derechos
humanos actualmente presente en Honduras se declaran “atónitas” ante el
silencio sepulcral de los países y organismos multilaterales que conforman el
G16.
Pese a las
documentadas denuncias presentadas acerca de las graves violaciones a los
derechos humanos en el
Bajo Aguán,
la reacción del cuerpo diplomático y de los organismos multilaterales en
Honduras no solamente fue nula, sino que dejó entrever una preocupante
indiferencia.
“En el
Bajo Aguán
pudimos constatar una sistemática violación de los derechos más elementales, con
consecuencias sobre las personas que son preocupantes e indignantes”, señaló el
coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional,
Martín Wopold Bosien.
Según Wopold,
la Misión detectó un proceso acentuado de “criminalización de la lucha
campesina”, el total incumplimiento de los acuerdos firmados por Porfirio
Lobo con las organizaciones de la zona y “ningún
tipo de esclarecimiento de los 18 asesinatos ocurridos en 2010”.
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La Misión pidió
también conocer los criterios por los cuales se mantiene el
financiamiento de la Unión Europea a instituciones del Estado
vinculadas con la represión y el golpe de Estado. |
Como contracara,
señaló la paradójica rapidez judicial para actuar contra los campesinos, donde
se reportan más de 200 juicios en su contra.
“Hemos constatado
la falta de seriedad de la Fiscalía y un descontento generalizado en la zona, lo
cual podría desembocar en un peligroso aumento de la conflictividad.
Además -explicó el
directivo de FIAN Internacional-, no se están aplicando los estándares
internacionales en materia de desalojos. Son acciones violentas ejecutadas
premeditadamente, sin respaldo legal, y representan clarísimas violaciones a los
derechos humanos”, dijo.
Estas graves
denuncias fueron complementadas con datos presentados por el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) según la cual
se han producido 274 casos de amenazas a defensores de derechos humanos y 96
asesinatos durante el mandato de Porfirio Lobo, 34 de los cuales están
relacionados con conflictos agrarios.
El capítulo
Honduras de FIAN Internacional pidió también a la representación
diplomática de la Unión Europea tener acceso al informe elaborado a raíz
de una visita de campo realizada por esta delegación en el
Bajo Aguán,
así como qué tipo de acciones se piensa emprender al respecto.
Sí, pero no
La respuesta del
G16 ha sido insatisfactoria y contradictoria. “No tenemos una posición,
pero sí una preocupación generalizada por lo que ocurre en el país, y se lo
estamos expresando al gobierno de Honduras”, contestó Peter Versteeg,
presidente pro-tempore del G-16.
La
Misión
pidió
también conocer los criterios por los cuales se mantiene el financiamiento de la
Unión Europea a instituciones del Estado vinculadas con la represión y el
golpe de Estado, y el fundamento para la aprobación de programas del Banco
Mundial que benefician a la Corporación
Dinant, empresa controlada por el terrateniente y productor palmero
Miguel Facussé,
principal responsable de la salvaje represión en el
Bajo Aguán.
“¿Cuál es el mecanismo de control
que utilizan para estar seguros de que ese dinero, desembolsado durante el
golpe, no se use para la represión?”,
preguntó Wopold Bosien.
Las respuestas
evasivas de algunos de los miembros del G16 fueron interpretadas como una
clara señal de la falta de compromiso de este organismo ante la grave situación
que viven miles de familias campesinas del
Bajo Aguán
y de toda
Honduras.
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