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La
delegación de la Misión Internacional que integra la Rel-UITA, se reunió en
Washington, Estados Unidos, con representantes de la Compliance Advisor
Ombudsman (CAO), para pedir que investigue las graves y sistemáticas violaciones
a los derechos humanos en el Bajo Aguán, y detenga la ejecución del proyecto
sobre palma africana que la IFC aprobó en 2009 a la Corporación Dinant,
propiedad de Miguel Facussé.
Gracias al apoyo
del Bank Information Center (BIC), miembros de la delegación de la
Misión Internacional se reunieron el jueves 24 de marzo, con representantes
de la CAO. Este es el mecanismo de recurso independiente para proyectos
financiados por organismos del Grupo del Banco Mundial que se ocupan del
sector privado, tal como la Corporación Financiera Internacional (IFC) y
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).
En enero de 2009,
la IFC aprobó a la Corporación Dinant un proyecto de
financiamiento (número 27.250) por 30 millones de dólares que beneficia
directamente al terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
Facussé
es señalado
por las organizaciones campesinas del Bajo Aguán como el principal responsables
de las graves violaciones a los derechos humanos en la zona.
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Facussé es señalado
por las organizaciones campesinas del Bajo Aguán como el principal
responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en la
zona. |
El proyecto prevé
aumentar la capacidad de producción y la red de distribución de aceite de palma,
desarrollar nuevas plantaciones de palma africana y la construcción de una
planta de biogás para generar electricidad.
Durante el
encuentro, la delegación de la Misión Internacional presentó los
dramáticos resultados de la investigación realizada en el Bajo Aguán, donde se
evidencia una severa crisis de los derechos humanos que ya ha dejado un saldo de
23 campesinos asesinados.
Además, expresó su
total desacuerdo con la aprobación y continuación de un proyecto millonario que
no solamente beneficia a una empresa señalada como la presunta responsable de la
represión contra miles de familias campesinas,
sino también como la impulsora de
un monocultivo que está afectando gravemente la seguridad alimentaria en la
región.
Finalmente, los
delegados de la Misión Internacional recogieron todas las informaciones
necesarias para presentar una reclamación formal ante la CAO,
respaldándola con la documentación pertinente del caso.
“Para
nosotros es prioritario que se detengan de inmediato los asesinatos y la
represión. Para lograrlo es imprescindible que se fortalezca la presión sobre
los principales impulsores de la violencia.
Afectar sus negocios, ganancias e
imagen es un instrumento importante, y vamos a hacer lo posible para que no se
sigan financiando estos proyectos”,
dijo a Sirel la representante de FIAN Honduras, Ana María
Pineda.
En los próximos
días, las organizaciones que integran la Misión Internacional estudiarán
la forma más efectiva para llevar adelante esta acción.
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