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En el marco del 143º período de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones
internacionales* denunciaron
la grave situación de violación a los derechos humanos de miles de familias
campesinas organizadas del Bajo Aguán. Ante la contundencia de la denuncia, la
delegación del Estado de Honduras no supo hacer nada más que pintar un escenario
irreal que desconcertó a la audiencia.
La grave
situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán volvió a trascender a nivel
internacional. Durante la audiencia concedida este 24 de octubre por la CIDH
en Washington, las organizaciones que integraron la
Misión Internacional, entre ellas la Rel-UITA, presentaron y
actualizaron las conclusiones y recomendaciones incluidas en su Informe Final,
sobre la situación de los Derechos Humanos en esta zona.
Cuarenta
y dos campesinos organizados asesinados en los últimos dos años,
varios heridos, desaparecidos, torturados, así como un sinnúmero de desalojos
forzosos, amenazas, hostigamiento en medio de una total impunidad, fueron parte
del dramático escenario presentado ante los comisionados de la CIDH.
La
creciente militarización del Bajo Aguán y el poder absoluto del que gozan los
terratenientes y productores palmeros de la zona, fueron otros de los factores
señalados como generadores de violencia en contra de las organizaciones y
familias campesinas que lucha por el acceso a la tierra y una vida digna.
“Logramos
visibilizar a nivel internacional la gravedad de lo que está aconteciendo en el
Bajo Aguán. Sin lugar a dudas se trata de la agresión y represión más fuerte
contra comunidades campesinas durante los últimos 15 años en
Centroamérica”, dijo a Sirel, Martín Wolpold-Bosien,
coordinador para
Centroamérica de FIAN Internacional.
Una
situación que fue sorprendentemente desconocida por los representantes del
Estado. Según el defensor de derechos humanos radicado en el Bajo Aguán, Rudy
Hernández, prefirieron pintar un escenario irreal de respeto y cumplimiento
de los derechos fundamentales de las familias campesinas, así como de
investigación y persecución de los delitos.
“Una
vez más quedó claramente demostrado que los representantes del Estado desconocen
o quieren desconocer la grave situación de los Derechos Humanos en el Bajo Aguán.
Todo eso favorece la impunidad”, subrayó Wolpold-Bosien.
Finalizando la
audiencia fueron presentadas las principales peticiones, entre las cuales
destacan que la CIDH recomiende al Estado investigar y sancionar todos los
crímenes, cesar
la represión y la
violencia y respetar los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas,
entre otros.
También
se solicitó una visita in situ de la CIDH, un monitoreo constante de la
situación de los Derechos Humanos, atender las solicitudes de medidas
cautelares, así como expresar su preocupación por la situación en el Bajo Aguán
en su Informe Anual y en el comunicado de prensa que la CIDH emitirá al
concluir el periodo de sesiones.
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