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STIBYS
Sindicato de Trabajadores
de
la Industria de la Bebida
y
Similares
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Comunicado a la opinión
pública nacional e internacional
El capitalista Miguel Facussé, famoso por
participar de la quiebra de CONADI (Corporación Nacional
de Inversiones) por préstamos que nunca pagó al Estado
que era su aval, sino que nos tocó pagarlos a los
hondureños en vista de sus poder para manipular
diputados, jueces y ministros, vuelve a estar en las
primeras noticias como responsable de crímenes contra
campesinos en el Bajo Aguán.
No bastándole con haberse quedado con muchas empresas
financiadas por CONADI, procedió, aprovechándose de la
Ley de Modernización Agrícola que sustituyó a la ley de
Reforma Agraria y de la devaluación del Lempira en la
década de los 90s, a adueñarse de miles de hectáreas
de tierra en el Aguán, despojando a los campesinos de la
zona.
Además, se apoderó de parte de las tierras donde estaba
el CREM (Centro Regional de Adiestramiento Militar). En
todas estas zonas para mantener su hegemonía feudal,
mantiene un aparato militar de aproximadamente 200
hombres fuertemente armados y que como no han podido
expulsar a los campesinos, a quienes pertenecen esas
tierras por aplicación de la Ley de Reforma Agraria,
proceden a asesinarlos.
Las tierras que detenta Facussé son de las
mejores del país, que deberían estarse dedicando a
producir granos de primera necesidad, que se han
encarecido porque a estos capitalistas lo único que les
interesa son sus ganancias. Esas tierras por el
contrario están sembradas de palma africana con
préstamos dados a Facussé por el Banco Mundial,
sin duda de nuevo con el aval del Estado.
En la última masacre cometida el 15 de noviembre en
“Tumbador” Departamento de Colón, se contabilizan cinco
campesinos asesinados.
El STIBYS condena este tipo de prácticas
criminales, realizadas por golpistas, racistas y
genocidas que pretenden ser dueños no solo de las
tierras que detenta, sino de la vida de los campesinos
hondureños.
El STIBYS exige a la Comunidad Internacional que
intervenga urgentemente a fin de detener tanto el
crimen, como la violación sistemática de los derechos
humanos cometida por los golpistas, acciones que quedan
impunes ante la indiferencia cómplice de organismos como
la ONU y OEA.
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