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Bajo Aguán:
“Terratenientes y régimen son responsables de la represión”
FNRP y organizaciones campesinas
reaccionan
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La grave crisis de derechos humanos
que ha traído muerte y destrucción entre las familias campesinas del Bajo Aguán,
ha sido objeto de un atento análisis y de condena de parte del Frente Nacional
de Resistencia Nacional (FNRP) y de las organizaciones campesinas que luchan por
el derecho al acceso a la tierra.
Durante una muy participada
conferencia de prensa el pasado lunes, el FNRP y las organizaciones
campesinas del Bajo Aguán responsabilizaron al régimen de Porfirio Lobo y
de Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso y precandidato
presidencial por el conservador Partido Nacional, “de los permanentes
asesinatos, atentados, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos
contra campesinos organizados del Bajo Aguán”.
Asimismo, condenaron la política de
militarización del territorio, el asedio permanente a las comunidades campesinas
de parte de los cuerpos de seguridad privada de los terratenientes y productores
palmeros de la zona, al tiempo que plantearon la urgente necesidad de instalar
una mesa de diálogo integrada por los diferentes poderes del Estado y los
movimientos campesinos.
Solamente en las últimas tres
semanas fueron 4 los campesinos asesinados por desconocidos y 5 los heridos,
elevando a 52 los trabajadores rurales que han perdido la vida en menos de tres
años a raíz de un conflicto agrario que parece no tener fin.
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En las últimas
tres semanas fueron 4 los campesinos asesinados por desconocidos y 5
los heridos, elevando a 52 los trabajadores rurales que han perdido
la vida en menos de tres años a raíz de un conflicto agrario que
parece no tener fin. |
Además, la protesta de las familias
campesinas ha sido criminalizada y el territorio militarizado. Sobre sus vidas
pende ahora la amenaza del régimen de declarar el Bajo Aguán como "zona de
seguridad nacional", lo cual implicaría un grave empeoramiento de las
condiciones de vida.
Está previsto que el Congreso
Nacional apruebe una reforma a la Ley de Control de Armas de Fuego, Explosivos y
otro Similares, para realizar un desarme general en el Valle del Aguán, así como
para suspender la emisión de permisos para portar armas en el departamento de
Colón.
Para Carlos H. Reyes,
miembro del FNRP y del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, la aprobación en
1992 de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, fue parte del
modelo neoliberal implementado en Honduras, lo cual facilitó "la
concentración de la tierra en pocas manos, la agudización del conflicto social y
agrario, así como la profundización de la pobreza, la exclusión, la violencia y
la represión”.
También consideró las instituciones
del régimen como unos “instrumentos útiles y cómplices de los terratenientes”, y
abogó por una movilización masiva del FNRP contra todos aquellos procesos
“antipopulares y antinacionales que se están dando en Honduras”, dijo.
Ante esta situación, Yoni Rivas,
secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA),
se opuso tajantemente a la posibilidad de que el gobierno decrete un estado de
sitio. Recordó que el régimen nunca ha cumplido con los acuerdos firmados, al
tiempo que condenó los asesinatos y desapariciones cometidas contra los
campesinos, así como los más de 400 juicios por usurpación de tierra.
“No es militarizando la zona, ni
ejecutando a campesinos o reprimiendo la protesta social que vamos a solucionar
el conflicto. Necesitamos sentarnos todos y dialogar para buscar una solución a
un problema de país, como es la tenencia de la tierra”, concluyó Rivas.
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